Corrupción con los seguros: allanan nuevamente al broker amigo de Alberto Fernández
Se reactivó la investigación sobre los contratos que el Estado firmó con Nación Seguros con la intermediación de brokers, tras un decreto firmado por Alberto Fernández. En el marco de la causa, y después de ser confirmado por la Cámara de Apelaciones, el juez federal Julián Ercolini ordenó una serie de medidas que incluyó un nuevo allanamiento a Héctor Martínez Sosa, el amigo del ex presidente.
Sin éxito Alberto Fernández buscó suspender la investigación que pesa sobre él por presuntos hechos de corrupción y apartar al juez Ercolini. Sus argumentos fueron rechazados la semana pasada por el camarista Roberto Boico, quien confirmó al magistrado frente a la causa que analiza los 45 contratos que diversos organismos estatales firmaron con Nación Seguros, utilizando la intermediación de brokers.
Una serie de números están en estudio: El 80,56% del dinero que se pagó en concepto de comisiones fue absorbido sólo por cinco compañías. Una de las principales pertenece a Héctor Martínez Sosa, amigo del ex presidente. Su firma logró quedarse con uno de los contratos más importantes por siete millones de dólares anuales, bajo una maniobra que estudia la justicia, como ya contó Clarín.
El entramado sobre los contratos de seguros que organismos del Estado tuvieron que firmar, de forma exclusiva, con Nación Seguros por imposición del Decreto 823/2021 de Alberto Fernández, continúa sumando documentación con la que el juez busca determinar si hubo un millonario perjuicio contra el Estado, como así también un entramado de contrataciones que benefició a unos pocos en detrimento de concursos “transparentes” que garanticen “una verdadera compulsa de precios”.
Héctor Martínez Sosa fue uno de los más beneficiados, según determinó una auditoría de la actual gestión de Nación Seguros, con el cobro de comisiones por el rol de los intermediarios en los contratos firmados.
Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, surgieron una serie de nuevos domicilios atribuidos al broker amigo de Alberto Fernández, y por ese motivo el juez Ercolini ordenó una serie de allanamientos.
El objetivo de los operativos ordenados por el juzgado, es dar con más documentación y secuestrar dispositivos electrónicos para ver si hay en ellos “información que contribuya a la investigación”, indicaron a Clarín fuentes allegadas al caso.
La justicia determinó que el rol de Martínez Sosa fue clave por la cantidad de contratos asignados. El desglose realizado por Nación Seguros muestra una sustancial diferencia entre las cifras de dinero que percibieron un grupo de intermediarios. El listado está conformado por 25 empresas.
Teniendo en cuenta el monto cobrado, se explicitó el siguiente orden: Bachellier SA vinculada al broker amigo de Alberto Fernández, encabeza el extenso listado con un total de 1.665.741.081 pesos. Le sigue Héctor Martínez Sosa con 366.635.744 pesos, Castello Mercuri SA con 285.956.773 pesos se ubica tercero.
En el puesto número cuatro, figura San Ignacio Sociedad de Productores con 231.918.674 pesos y finalmente, cerrando el “Top Five” está TG Broker llamativamente, con la misma cifra: 231.918.674 pesos.
Estas cinco compañías cobraron un total 2.782.170.946 sobre los 3.453.302.777 pesos erogados por el Estado en cuatro años. Es decir, representan el 80,56% de las comisiones abonadas.
Sin embargo, el broker amigo de Alberto Fernández logró ser adjudicatario de los principales contratos.
Martínez Sosa fue contratado por 19 organismos del Estado Nacional, ministerios y entes descentralizados. Por ejemplo, Vialidad Nacional ($ 10.450.624), Gendarmería Nacional ($ 254.091.184), Policía Federal ($ 23.610.992), Corredores Viales SA ($ 30.260.148), también recibió comisiones del Ministerio de Turismo ($ 7.200.451), Ministerio de Ambientes y Desarrollo Sostenible ($ 2.535.387), Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ($ 2.437.703), Ministerio de Seguridad ($ 5.895.230), entre otros.
Además, su patrimonio como el de Alberto Fernández están bajo investigación en un legajo que se ocupa de determinar si hubo alguna suerte de “economía cruzada”, si Martínez Sosa pudo haber sido una suerte de prestanombre del ex presidente.
Para avanzar en esta línea de investigación, se solicitaron las declaraciones juradas del ex Jefe de Estado desde 2009 hasta que terminó su mandato el 10 de diciembre de 2023. Sobre esa misma ventana de tiempo se pidió a la AFIP los datos financieros de Fernández como de Martínez Sosa.