Causa piqueteros: dos cooperativas investigadas por extorsión y fraude al Estado manejaron cerca de dos millones de dólares en planes sociales
Las entidades que funcionaron como Unidades de Gestión del Plan Potenciar Trabajo, entre ellas la Cooperativa de Trabajo Agustín Tosco y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor, recibieron fondos del bobierno de Alberto Fernández. Según información oficial entre 2020 y 2023 esas dos organizaciones recibieron poco más de dos millones de dólares.
En una causa penal se sostiene que ese dinero fue utilizado como parte del “plan extorsivo” sobre los beneficiarios de ayudas sociales, como para un presunto desvío de fondos.Hoy cuentan con una veeduría y están siendo auditadas por órdenes del juez Sebastián Casanello.
Las cooperativas manejaron cifras millonarias que provenían del Estado nacional. Según fue determinando la justicia federal en el marco del expediente sobre los dirigentes sociales que aplicaban mecanismos extorsivos sobre beneficiarios de planes sociales, recibían “sumas de dinero en efectivo bajo diversos conceptos -“cápitas”, “alquiler de comedor”, “mercadería”, “alimentos”, “flete”-”.
Todo el dinero que provenía de exigencias coactivas “a través de otras cooperativas”, es una ruta que el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, buscan desentrañar.
En este entramado que cuenta con 27 dirigentes piqueteros imputados por los delitos de extorsión, coacción y administración fraudulenta, las cooperativas se posicionaron como una pieza clave.
Hay un extenso listado de convenios suscriptos entre la por entonces Secretaría de Economía Social y las respectivas asociaciones y cooperativas que dan cuenta de los subsidios o créditos que les eran otorgados a aquéllas por el Estado para poner en marcha las unidades y los proyectos vinculados a cada una de las actividades que desde las Unidades de Gestión eran establecidas, como así también alimentos y mercadería para repartir a los beneficiarios.
A partir de allí, en diversos conceptos, se destinaron fondos de las arcas públicas que las cooperativas manejan en un rol de intermediarios: el destino final debían ser los beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo, como otras ayudas de asistencia que brindaba el extinto Ministerio de Desarrollo Social.
La fiscalía de Gerardo Pollicita sostuvo que los dirigentes sociales imputados “invocaban como consigna precisamente la ‘lucha’ en defensa de los más necesitados; pero en los hechos obtuvieron un lucro indebido a costa de dichas necesidades”.
El juzgado federal obtuvo una serie de documentos, como contó Clarín, que fortalecen la tesis inicial: había un sistema que funcionaba hace tiempo, no eran acciones aisladas o excesos. Los investigadores hablan de un modus operandi en el delito, para el que se utilizaron cooperativas.
En el caso de la Cooperativa de Trabajo Agustín Tosco Limitada” –Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)–, consta en las cifras oficiales que se les giró 1.297.872 dólares.
Esta organización estaba inscripta como Unidad de Gestión ante el Ministerio de Desarrollo Social, conforme surge de los expedientes administrativos incorporados a la causa. Esa figura les posibilitó la firma de convenios y por ende, el depósito de fondos públicos.
“Recibían por parte del Estado Nacional una importante cantidad de fondos públicos en concepto de subsidio para garantizar el cumplimiento de los proyectos” sin embargo, remarcó el fiscal Pollicita, lo que demuestra que “bajo ningún justificativo podían exigir a las víctimas —en situación de alta vulnerabilidad social— la entrega de dinero bajo conceptos como ‘cápitas’; ‘alquiler de comedor’, ‘flete’ o ‘alimentos’”.
Esta cooperativa que recibió más 1,2 millones de dólares, recibía subsidios para poner en funcionamiento los proyectos de los que participarían los beneficiarios y “varios de los imputados cobraban planes sociales, entre ellos, el Plan Potenciar Trabajo y un incentivo adicional que, en algunos casos, se equiparaba al salario percibido”.
Los integrantes de la Cooperativa de Trabajo Agustín Tosco fueron acusados de extorsión, coacción y fraude. La fiscalía entendió que tenían una relación de administración sobre bienes que provenían del Estado: los alimentos, la mercadería y los fondos públicos que recibían en los comedores donde ocurrieron los hechos investigados.
La Cooperativa de Trabajo El Resplandor, por su parte, recibió 777,425 dólares entre 2020 a 2023. Sobre esta cooperativa pesa la sospecha de haber sido utilizada para direccionar dinero que no se volcó adonde correspondía: que era a los beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo.
Una de las conversaciones telefónicas que figura en el expediente da cuenta de cómo una de las autoridades de El Resplandor comenta las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional en relación a cooperativas constituidas durante los últimos cuatro años con funcionamiento, al parecer, irregular. “Mencionan en la charla que existen tres cooperativas —una de ellas denominada “El Resplandor”— en donde el “Polo Obrero” recibe fondos de las ‘cápitas’ sin registrar contablemente y se muestran preocupados por la posibilidad de ser investigados ‘por lavado’ a raíz de ello”.
Este punto está siendo profundizado por el juez Casanello. Busca determinar si, efectivamente, el lavado de dinero es un delito a incluir en las imputaciones. Por el momento, se encuentran en la tarea de rastrear el origen de los fondos que percibía esa cooperativa y avanzar en la trazabilidad del dinero.
Tanto a El Resplandor como a la Cooperativa Agustín Tosco se las incluyó en la resolución del magistrado a través de la cual ordenó la designación de interventores informantes. La medida durará tres meses y tiene como finalidad, realizar un “monitoreo permanente sobre el estado de los bienes, las operaciones y actividades de dichas personas jurídicas, informando a este juzgado su situación de modo periódico, cada quince días”.