La Unión Ferroviaria denunció el despido de más de 100 trabajadores y se declaró en “estado de alerta”
En medio de los recortes y despidos en empresas estatales impulsado por el Gobierno como forma de ahorro, durante la mañana de este lunes los trabajadores de la Unión Ferroviaria y de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) denunciaron que hubo empleados que fueron “impedidos de ingresar a realizar sus tareas normales y habituales en la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE)”, encargada de dirigir las obras de infraestructura ferroviaria de Trenes Argentinos.
Se trata de aproximadamente 100 trabajadores que habrían sido desvinculados de la empresa. ”Es personal administrativo, de obras y de mantenimiento de Infraestructura, que no impacta sobre los servicios ferroviarios”, aclararon desde la organización.
En un comunicado conjunto, los gremios repudiaron esta situación y se declararon en “estado de alerta” frente a los posibles despidos. Además, establecieron una “sesión permanente en todo el ámbito ferroviario”, a la espera de una reunión con las autoridades para el tratamiento de este conflicto.
“ADIFSE es una empresa que tiene como finalidad la planificación, ejecución y control de todas las obras de mantenimiento, mejoras y renovación de la Infraestructura ferroviaria, que se encuentran prácticamente inactivas desde hace unos meses”, explicaron en el comunicado difundido por redes sociales. Y alertaron: “Son indispensables para el óptimo estado y desarrollo de la red ferroviaria. Si se pretende que la Argentina se desarrolle y produzca, el ferrocarril es una herramienta fundamental para lograrlo”.
El documento lleva la firma de los secretarios generales Adrián Silva, de APDFA, y Sergio Sasia, de Unión Ferroviaria.
Mientras tanto, en la red social X comenzaron a circular imágenes de los trabajadores parados frente a las puertas del edificio de Infraestructura y de Desarrollo del Capital Humano Ferroviario (DECAHF), ubicado en la Avenida Dr. Ramos Mejía al 1302 en el barrio porteño de Retiro, en donde el personal de seguridad apostado no les permitía ingresar por los molinetes.
“No hay ñoquis acá, eso es una mentira. Están reduciendo para abaratar costos laborales de la empresa como parte del recorte fiscal que el FMI le exige al Gobierno, y para establecer las condiciones para una posterior rentabilidad de la compañía”, expresaron a este medio fuentes del sindicato, que alertaron sobre el peligro que representaría la posibilidad de “perder el transporte que lleva a más de un millón de personas por día”.
Por su parte, las fuentes consultadas de la Secretaría de Transporte -dependiente del Ministerio de Infraestructura- confirmaron que habían sido previamente “notificados” sobre esta situación, pero que el “plan de recorte del Gobierno no depende ni es accionado” desde esa cartera, responsabilidad que le atribuyeron a la Jefatura.