¿Activará la motosierra de Milei?: el Poder Judicial pide 652.000 millones de pesos para 2024
A pocos días de que asuma el gobierno que presidirá Javier Milei, la discusión sobre las partidas presupuestarias del Estado ocupa gran parte de la agenda. El electo Presidente de la Nación ya anticipó que hay organismos que serán privatizados, que el recorte del gasto público está bajo absoluta revisión. Este debate se trasladará al Congreso que modificará su conformación el 10 de diciembre y en donde hace meses se encuentra el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2024.
Con una inflación interanual superior al 130%, el Poder Judicial proyectó una partida de más de 652 mil millones de pesos “para garantizar el funcionamiento de la justicia”: el 94,7% se destina al pago de salarios.
El pedido económico de los jueces se cruza con la promesa de Javier Milei de otorgarle autonomía económica total al Poder Judicial, que desde luego no podrá cumplirse en el próximo ejercicio presupuestario, pero que quedaría deslucida si se intentara cualquier recorte unilateral en la pretensión de los magistrados.
El Poder Judicial dio prioridad a los bienes y servicios, para “alcanzar una real evaluación de las necesidades acorde a las funciones esenciales de este Poder del Estado”, indica el proyecto firmado por Horacio Rosatti en su carácter de presidente de la Corte Suprema.
Con una inflación interanual que superará el 150%, la Justicia solicita un presupuesto para el año próximo de 652.264.898.345 pesos. Contra 441.648.406.370 pesos que se requirieron para el ciclo en curso, se trata de un “aumento” de apenas el 68%.
¿Cuánto de esa masa presupuestaria se destina al pago de salarios? El 94,7%. El documento remitido al Poder Ejecutivo y que fue incluido en el proyecto de Ley que ya se encuentra en el Congreso, detalla una partida de 618.541.797.850 pesos para el ítem “gastos de personal”.
El mismo se compone de la planta total de la estructura judicial, que demanda 575 mil millones de pesos. La total independencia de los jueces que proclamó Milei y esta semana ratificó ante la Corte su nominado ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, impidiría que la motosierra ajustadora pase por las plantillas del Poder Judicial
Sillones vacíos
Con un 25% de cargos vacantes en todo el país, el Poder Judicial destina 26.595.558.675 pesos en subrogancias y suplencias.
Cúneo Libarona tiene entre sus primeras objetivos, la cobertura de los puestos que carecen de un jueces nacionales y federales titulares.
Frente a la tardanza de los concursos en el Consejo de la Magistratura, responsable de tomas los exámenes, evaluarlos, realizar las entrevistas correspondientes y finalmente remitir las ternas al Poder Ejecutivo, el elegido ministro de Justicia pedirá que se revise la reglamentación interna para imprimir mayor celeridad al proceso.
Hay que recordar que una vez que el Poder Ejecutivo cuenta con las ternas enviadas por el Consejo, debe remitirlas al Congreso para que pasen por la Comisión de Evaluación y finalmente, sean aprobadas en el recinto.
Cúneo Libarona también busca que se concursen cargos que aún no se encuentran vacantes, para que cuando ese lugar quede vacío ya haya un juez concursado y pueda designarse inmediatamente.
Estas medidas responden a mejorar lo que se conoce como “administración de justicia”. Cuando un juzgado, o un cargo en un Tribunal, como en una Cámara de revisión está vacante, el mismo se cubre con la Ley de Subrogación. El juez que acepta percibe un 30% más de salario, pero ocurre igual como es el caso de Comodoro Py, donde un magistrado cubre hasta tres juzgados, lo que imposibilita cualquier avance de las investigaciones en tiempo y forma. Algo que se replica en los Tribunales de juicio, retrasando así esta instancia que es la que pone punto final a un proceso judicial.
Horas extras y nuevos cargos
Otra de las prioridades del nuevo gobierno es la aceleración de los juicios, que depende de dos factores clave reflejados en el presupuesto: cantidad de personal adecuada en juzgados y tribunales para poder resolver los expedientes con la mayor velocidad posible, y una infraestructura compatible con esos empleados y sus necesidades de espacio y tecnología.
El presupuesto también calcula para el año que viene una partida de 3.144 millones de pesos destinados al pago de horas extras.
Otro dato: para Tribunales a “habilitar creados por Ley”, como se consigna en la planilla del presupuesto, hay estimados 2.864 millones de pesos. En tanto que para los “Tribunales en proceso de ocupación”, se calcularon 1.124 millones de pesos.
En el Poder Judicial de la Nación trabajan un total de 24.477 personas, de las cuales 23.414 son personal permanente. Los 1.063 son temporario.
“En materia de recursos humanos, se ha procedido a cuantificar la dotación de personal en la planta de estructura, así como el personal de los tribunales creados y aún no habilitados. Adicionalmente, se ha contemplado la dotación de la planta de aquellos tribunales habilitados con número inferior al indicado en las correspondientes leyes de creación”, explica el proyecto.
Una cifra que no es menor, es la de más de 3.100 millones de pesos para la creación de cargos “que conforman los Tribunales creados por ley en proceso de ocupación, la Escuela Judicial, la Dirección de Auditoría Informática, el Cuerpo Interdisciplinario Forense, como también, el incremento de la planta de personal de diversos”.
Déficit en infraestructura
El Poder Judicial afronta, hace años, un gran déficit de infraestructura y el proyecto del Presupuesto 2024 vuelve a exponerlo. Se necesitarán 2.369 millones de pesos únicamente para destinar al alquiler de instalaciones en las que funcionan diversos fueros de la justicia.
Son escasos los edificios propios del Poder Judicial: gran parte de ellos son alquilados y en ocasiones no responden a las necesidades del fuero destinado. El mantenimiento de edificios y locales por los que se paga mensualmente, demanda 1.763 millones de pesos. Esto responde, en parte, a la antigüedad de muchas de las instalaciones.