L-Gante podría tener buenas noticias en las próximas horas
Elián Valenzuela (23) lleva tres semanas detenido. En la celda 4 de la DDI de Quilmes espera cambios en su situación. Alejandro Cipolla renunció porque consideró que su “ciclo estaba cumplido”. Su nuevo abogado, que había representado a Tamara Báez, la ex del cantante de “cumbia 420”, durante la negociación por la manutención de la hija que tienen en común, asumió en el cargo. Y ya logró algunos cambios.
Se trata de Juan Pablo Merlo que ahora lo defiende en las cuatro causas penales que agobian a Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante. “Asumimos el viernes y ya presentamos un recurso de excarcelación extraordinario para pedir la liberación de Elián. Como medida subsidiaria le pedimos al juez que le dé domiciliaria o una caución (algo parecido a una fianza) para que pueda continuar el proceso en libertad”, explicó.
La decisión está en manos del juez Gabriel Castro, del Juzgado de Garantías N° 2 de Moreno, que deberá, además, tener en cuenta “nuevo material” presentado por esta defensa. El juez ya dio algunas definiciones sobre los planteos que podrían jugar a favor de Valenzuela a la hora de acceder a la excarcelación.
Este lunes el juez cambió parcialmente las calificaciones de los delitos que se le imputan a L-Gante. El cantante está ahora imputado por “privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas” contra Gastón Torres y “privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples” contra Rosa Passi. De esta manera sacó los agravantes de “uso de armas de fuego” y el de “perpetrarse contra un miembro de un poder público” en el caso de Torres, empleado municipal de Moreno.
Si bien el juez rechazó el pedido de excarcelación ordinaria de Valenzuela, dejó abierta la cuestión sobre el recurso extraordinario. Le pidió al nuevo abogado del cantante que se pronuncie sobre los argumentos formulados en su momento por Cipolla y aporte una dirección constatable en el que L-Gante quedaría alojado en el caso de que le den la prisión domiciliaria.
Según Merlo, desde su estudio presentaron videos de cámaras de seguridad en las que se observa a los dos denunciantes despidiéndose de L-Gante luego del presunto episodio de “privación ilegal de la libertad” y “amenazas” que lo llevó a estar detenido. “Uno no saluda a su secuestrador antes de irse”, argumenta Merlo, confiado en que el juez tendrá en cuenta las imágenes para resolver el recurso.
La defensa, más técnica que la de Cipolla, también recorrió el barrio Bicentenario, de General Rodríguez, en el que viven los vecinos y testigos del episodio que derivó en la denuncia.
Rosa Passi, la mamá de un amigo de la infancia de Valenzuela y una de las denunciantes, se habría presentado espontáneamente a declarar en la fiscalía N° 9 de Moreno para ampliar su declaración, según confió Merlo. “Gastón Torres es su jefe”, aclara Merlo, un dato que podría implicar algún tipo de condicionamiento en su primera denuncia, algo que el juez también debería tener en cuenta.
Torres es empleado municipal en Moreno y quien impulsó la denuncia que dejó a Valenzuela detenido. Lo acusa de haber pasado 23 minutos “retenido contra su voluntad” en el BMW blanco de L-Gante, al que -siempre según su denuncia- habría subido amenazado. A los pocos metros a ese mismo vehículo habría subido Passi que ahora negaría haber sido secuestrada por el cantante.
Para Merlo resolver cada una de las causas en contra de L-Gante es la prioridad. Tiene al menos tres en el departamento judicial de Moreno y General Rodríguez, dos elevadas a juicio. En todos los casos lo acusan por amenazas.
“Elián está tranquilo, sabe que se va a resolver su situación”, confió Merlo.
Curiosamente en las tres denuncias contra L-Gante un abogado representa a las víctimas, se trata de Leonardo Sigal, que acompaña a Torres y a Rosa en la denuncia que derivó en la detención.
También en la causa contra Tamara Báez y Luis Martín Ibáñez por amenazar a una joven y dañar su auto el 8 de diciembre de 2021 en Ruta 5, entre la estación Malvinas Argentinas y el barrio Fonavi, de General Rodríguez. El fiscal Leandro Ventricelli, de la UFI N° 1 pidió –horas después de la detención de L-Gante– que la causa sea elevada a juicio por “daños en concurso real con amenazas”.
La segunda causa, que también fue ya fue solicitada su elevación a juicio, está en manos de la fiscal Alejandra Rodríguez por un hecho cometido el 4 de febrero de 2022 y tiene como imputados a Valenzuela, Báez y Lourdes del Valle Medina Manaure -amiga de la pareja- por los delitos de “amenazas agravadas” para el cantante, y de “lesiones leves”, para las jóvenes.
La detención de L-Gante
La denuncia fue realizada el 27 de mayo por Gastón Torres, vecino de la familia de Valenzuela y padre de amigos de L-Gante, que vive en el barrio Bicentenario de General Rodríguez.
Ese día, a la salida del boliche “Río” de Moreno, hubo una pelea con varios “integrantes de la denominada Mafilia”, el grupo de amigos de L-Gante, que se mueve en bloque para acompañarlo.
Luego del conflicto, llegó la policía. Uno de los amigos de L-Gante lo llamó para pedirle ayuda y por temor a que lo llevaran detenido. Fue así que Torres empezó a ser amenazado por Elián Valenzuela. “Te metiste con ‘La Mafilia’, te metiste con ‘la 420’, ya vas a ver lo que te va a pasar”, le habría dicho.
Siempre según la denuncia, integrantes de ese mismo grupo fueron hasta su casa y lo agredieron “físicamente tanto a él como a su familia” y después “pasó un BMW blanco conducido por Valenzuela, que bajó el vidrio, le apuntó con un arma y forzó a Torres a subir al auto”.
A los pocos metros, también fue interceptada y obligada a subir al mismo vehículo una vecina del cantante, que había participado de la primera discusión con los amigos de L-Gante, según quedó constatado en la denuncia.
Torres permaneció “23 minutos cautivo, hasta que L-Gante recibió una llamada en la que le aseguraban que sus amigos habían sido liberados por la policía y liberó a las víctimas”, dijo Leonardo Sigal, el abogado que representa a los denunciantes.
La denuncia según la acusación fiscal- quedó constada por las cámaras de seguridad, por la geolocalización de los teléfonos celulares y por la “declaración de los policías, testigos y familiares de las víctimas”.
Con esa evidencia, la fiscalía solicitó la detención de Valenzuela, el juez convalidó el pedido y dispuso tres allanamientos.