El IAPV finaliza la cancelación anticipada de cuotas de viviendas sociales
Un total de 415 familias de diferentes localidades entrerrianas se adhirieron al sistema de cancelación anticipada de cuotas de las viviendas sociales que implementa el gobierno provincial, a través del IAPV. Se llevan recaudados más de 18,2 millones de pesos.
El plan del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) tiene vigencia hasta el 31 de marzo para los adjudicatarios de unidades habitacionales que abonen un monto menor o igual a 6.000 pesos por mes.
El titular del organismo, Marcelo Bisogni, valoró el hecho de que “unas 415 familias pudieron saldar el total de las cuotas de sus casas”.
El funcionario hizo hincapié en que “la implementación del sistema tuvo como objeto proceder a la entrega definitiva de viviendas con sus respectivas escrituras traslativas de dominio, la reducción en el precio de escrituración y en los costos operativos de administración y cobranza, sumado a una mayor eficiencia en el manejo de la base de datos”.
Bisogni resaltó que “en ese contexto, ingresaron al organismo más de 18,2 millones de pesos” y agregó que “cuando un entrerriano accede a una vivienda del IAPV, consigue más que una casa, también un espacio propio de realización familiar y, al hacerlo, asume un compromiso solidario para con otro vecino que está esperando una solución al problema habitacional que tiene”.
“La adhesión se efectúa de manera online, a través de la página web del IAPV, a efectos de una implementación más ágil y dinámica”, finalizó.
Características
La cancelación anticipada de deuda involucra a los titulares de viviendas sociales cuya cuota mensual es inferior o igual a 6.000 pesos. Se aplica un 20 por ciento de descuento para los adherentes que estén al día con el pago al 30 de septiembre de 2022 y un 12 por ciento para los adjudicatarios con deuda vencida. Los saldos adeudados podrán cancelarse hasta en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas sin interés.
Quedan exceptuados quienes tengan menos de 60 facturas emitidas, tengan alguna irregularidad ocupacional o se encuentren en proceso judicial por o contra el instituto.