El Gobierno nacional presentó a la ONU el informe sobre el “lawfare” en la Argentina
El Gobierno nacional presentó este lunes en un foro de la ONU sobre Derechos Humanos el informe en el que denuncia el “lawfare” en Argentina. El organismo internacional analizará el escrito oficial sobre la situación de los derechos humanos en el país.
La presentación estuvo a cargo de Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, en el marco de una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos en la que Argentina presentó su Examen Periódico Universal (EPU), en Ginebra. El informe fue redactado por la Secretaría de Derechos Humanos con el apoyo técnico de la Cancillería y tiene treinta fojas.
“Un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que 40 años atrás recurrían a los golpes de Estado militares, hoy utilizan el derecho penal para condicionar procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública”, afirmó Pietragalla. El secretario de Derechos Humanos afirmó que “el lawfare es una práctica violatoria de derechos humanos”.
“El único fin que impulsan esas prácticas es eliminar al adversario. Por eso siempre las víctimas resultan ser dirigentes sociales o políticos que se enfrentan a los poderes fácticos, sean políticos, económicos o mediáticos”, definió y se refirió a los ataques hacia la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien fue víctima de un intento de magnicidio el año pasado y luego recibió una condena que la inhabilitada para ejercer cargos públicos de por vida.
“Es claro que bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos delictivos se han violado y se siguen violando garantías fundamentales del Estado de derecho. Porque estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, con la única finalidad de su proscripción política”, afirmó el Secretario de Derechos Humanos. Y agregó: “Mientras se garantiza la impunidad para personas vinculadas al poder económico, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal y la fuga de capitales que ha condicionado al país y generado pobreza e indigencia en la población”.
En otro orden, se refirió a la situación de Milagro Sala y consideró que está detenida de forma “arbitraria”. “El Estado federal también debe responder internacionalmente por la detención arbitraria sufrida por la dirigente social e indígena Milagro Sala, amparada por una medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo.
En esta línea, el titular de Derechos Humanos aseguró que los organismos de derechos humanos de Argentina “apoyen el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de la Justicia” tras que “la pérdida de credibilidad del máximo tribunal implica una inadmisible degradación del sistema institucional que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes”. Por lo que pidió al Consejo de Derechos Humanos que acompañe las distintas medidas para reformar la justicia, ya que está “en jaque el sistema republicano de división de poderes”.
“Por eso, solicitamos el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos en el impulso de las iniciativas y reformas normativa que procuren fortalecer la independencia judicial y el estado de derecho del país”, completó.
A través de un comunicado, el Consejo de la ONU explicó que Argentina debe presentar su Examen Periódico Universal (EPU), que reporta la situación de los derechos humanos en el país. La delegación estuvo presidida por Horacio Pietragalla Corti, Secretario de Derechos Humanos y desde el Grupo de Trabajo del EPU tienen previsto aprobar las recomendaciones de Argentina el próximo 27 de enero. “La situación de derechos humanos en Argentina será considerada por cuarta vez por el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, afirmaron desde Naciones Unidas sobre la presentación.
Qué dice el informe
En el informe se destaca que desde el gobierno de Alberto Fernández “desde sus primeras manifestaciones públicas, reivindicó la defensa de los derechos humanos como “columna vertebral” de las políticas que se adoptarían en nuestro país” y, al definir los desafíos pendientes, llamaron la atención por la existencia de “los denominados discursos de odio, y sus implicancias para la convivencia democrática”.
“Los discursos de odio han tomado mayor visibilidad en los últimos tiempos debido a los graves sucesos acaecidos recientemente, que culminaron con el intento de magnicidio de la actual Vicepresidenta de la Nación, y dos veces Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner”, se lee en la presentación. Asimismo, el Gobierno marca que “estos postulados se advierten de modo creciente en diversos espacios políticos, en medios masivos de comunicación y en redes sociales”.
Otro de los desafíos pendientes es el fenómeno del “lawfare o “guerra jurídica”. “Desde el actual Gobierno Nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare – impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático – constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública”, se plantea.
Sobre este punto, se destacó que en las causas judiciales, como las que enfrenta Cristina Kirchner, “bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal”.
“Estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, mientras se mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población”, aseguran en el informe al que accedió este medio.