Carolina Gaillard: “No estamos en contra de la Corte, defendemos al máximo tribunal como institución”
Gaillard confirmó que el oficialismo tiene previsto convocar para el jueves 26 de enero a la mañana a la comisión de Juicio Político, que ella preside, para comenzar a analizar si abre o no el proceso contra los integrantes del máximo tribunal impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores.
– El tema del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema fue incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias dispuestas por el Poder Ejecutivo. ¿Ya hay fecha confirmada para la reunión de la comisión de Juicio Político?
– En principio estaríamos convocando para el jueves 26. La intención es comenzar el estudio de los expedientes que tienen estado parlamentario de pedido de juicio político, ya sea de diputados, particulares y de la sociedad civil que están en la Comisión.
– Entre ellos hay un pedido de juicio político al juez Ricardo Lorenzetti, impulsado por la Coalición Cívica (CC). Este expediente también va a ser incluido en el debate?
– Si, cuando se comienza el tratamiento en comisión se consideran todos los proyectos con estado parlamentario. Entre esos proyectos está el presentado por diputada Paula Olivetto, que es una reproducción del elevado por Elisa Carrió.
– La oposición anticipó que no dará quórum, pero que participará de los debates en Comisión. Considera que es una estrategia de Juntos por el Cambio (JxC) de cara al año electoral?
– Me parece que es importante que ellos participen de esta reunión de Comisión y de este proceso de juicio político porque tiene que ver con darle la seriedad que requiere esta situación de gravedad institucional que se generó luego de las conversaciones que tomaron estado publico entre un funcionario (Silvio Robles) de mucha cercanía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, con un ministro del gobierno porteño (Marcelo D’Alessandro). Me parece que eso terminó de decantar una situación sobre la que venía habiendo cierto manto de sospecha sobre la Corte y su falta de independencia. Eso se constató cuando se arrogó facultades que le correspondían a otros poder3w como el Legislativo o el Ejecutivo. Eso lo vimos en el fallo de los fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo un exceso en el uso de facultades que no le son propias. Eso viola la Constitución y la división de poderes. El juicio político viene a ser una herramienta para garantizar la independencia del Poder Judicial.– ¿Cuáles van a ser los principales argumentos o causales del mal desempeño que el oficialismo va analizar en la comisión?
– El proceso de juicio político, es un proceso político, no penal. No podemos determinar si se cometió o no un delito, eso lo hace la justicia. Nosotros vamos a determinar el mal desempeño que tiene que ver con la falta de probidad ética, con haber incumplido los deberes de funcionarios que le corresponden. No estamos en contra de la Corte, nosotros defendemos a la Corte como institución pero consideramos que hubo una violación de los deberes que tienen que cumplir sus integrantes. Hubo fallos que fueron contrarios a derecho y el uso de facultades que no le corresponden. Se gestó una especie de Gobierno de jueces y eso es lo que se investigará. Vamos a analizar si hubo mal desempeño por exceso de uso de facultades de otros poderes. Se sumarán además otros hechos denunciados que tienen estado en la Comisión y serán sometidos a proceso de prueba. Entendemos que se trata de producir la mayor cantidad de pruebas para fundar los hechos denunciados. Una vez que terminemos esa etapa se notificará a los jueces de la Corte para que efectúen el descargo correspondiente. Si no es presentado, eso no obstaculizará la continuidad del proceso.
– ¿Considera que a lo largo del proceso y a medida de que se avance en la investigación se podrían lograr mayores respaldos en favor del juicio político?
– Nosotros estamos obligados a recibir las denuncias. Son hechos de gravedad institucional. No podemos mirar para el costado después de dos fallos arbitrarios y sumado a las conversaciones de conocimiento público que trascendieron. Los chats (atribuidos a D’Alessandro) fundaron las sospechas de que había una relación entre el contenido de esas conversaciones y el fallo de los fondos coparticipables. Eso es causal suficiente para que nosotros debamos investigar. Es una situación que es causal de mal desempeño. Estamos hablando de la connivencia del Poder Judicial con el poder político. Ahí se entiende, después de los chats, que detrás de un fallo arbitrario había algo armado.
– ¿Cree que esta estrategia de JxC de no dar quórum para tratar otros proyectos si se avanza en el juicio político es una excusa para no votar otras cuestiones en el temario de extraordinarias?
– Me da la sensación de que ellos van a oficiar de defensores de los jueces. Hace mucho tiempo que la oposición ha tomado el lugar de preservar privilegios. Existe una especie de acuerdo entre la oposición y la justicia. Tenemos que bregar por una justicia independiente, por una Corte Suprema prestigiosa, como la que tuvimos después de que (el expresidente) Néstor Kirchner impulsara un procedimiento de selección de los jueces del máximo tribunal que contó con participación de la ciudadanía y audiencias públicas. Así se gestó una Corte prestigiosa, con juristas como (Carmen) Argibay, (Raúl) Zaffaroni, (Elena) Highton de Nolasco, que a veces dictaba fallos que eran de nuestro agrado y a veces no. Pero era un tribunal prestigioso.– En el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias se incluyeron además otros proyectos que tienen que ver con la administración de justicia como la ampliación de los miembros de la Corte. ¿Cree que ese proyecto puede llegar a avanzar en este contexto?
– Creo que hay que tener un diálogo con la oposición serio y decir claramente qué tipo de justicia queremos para tener instituciones prestigiosas, que sean respetables. La Corte que tenemos hoy deja mucho que desear y la Justicia también. La sociedad tiene muchos reclamos y la Justicia que es uno de los poderes del Estado con más privilegios. Los funcionarios judiciales son los únicos que no presentan declaraciones juradas y no pagan el impuesto a las ganancias. Quiénes administran justicia no pueden estar por encima del resto de la sociedad. Hay que aprovechar este juicio político a la Corte para dar un debate profundo, en el cual se produzcan pruebas y con una oposición que contrarrestre las acusaciones. Nosotros queremos un proceso donde realmente se dilucide que ocurrió detrás de algunos fallos. No puede el Poder Judicial legislar ni llevar adelante la política de Gobierno.