Amnistía Internacional Argentina conmina a Alberto Fernández: “Argentina está históricamente en deuda con las comunidades originarias”
En el marco del conflicto mapuche tras los desalojos en Villa Mascardi, Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos en Amnistía Internacional Argentina, analizó la situación que pone en aprietos la gestión presidencial de Alberto Fernández.
La abogada argumentó que “el problema se podría resolver si el Gobierno nacional garantizara el cumplimento de la Ley de Emergencia Territorial Indígena Nº 26.160, que lleva más de 16 años prorrogada por las autoridades”.
“Solo el 50% del territorio indígena está relevado por esta ley y su función principal es la de aportar información acerca de las comunidades indígenas que habitan en nuestro territorio para determinar qué actividades llevan a cabo y que usos les darían a esas tierras. Esos datos nos ayudarían a limitar los territorios en disputa a raíz del despojo territorial que han sufrido estas comunidades”, subrayó la representante de Amnistía Internacional Argentina.
Según Amnistía Internacional, el Estado argentino solamente reconoce al menos a 955 mil personas que pertenecen a más de 30 pueblos originarios, aunque admite que se trata de un sub registro de la población. “Esas cifras pertenecen al Censo realizado en 2010, creemos que ese número habrá aumentado con el correr del tiempo y estamos esperando los datos del último relevamiento”, dijo la representante.
Por otra parte, Noelia Garone sostiene que Argentina está históricamente en deuda con las comunidades originarias y recalcó nuevamente en la necesidad de realizar un buen diagnóstico para terminar con los conflictos territoriales y racistas. “Más allá de los conflictos por las hectáreas en disputa se deben realizar esos estudios para saber que están reclamando y que necesidades están demando cumplir de se deben relevar. Se necesita de un buen diagnostico para entender que políticas públicas debe llevar el Estado para brindar soluciones”, enfatizó.
“No hacer nada como seguir estigmatizando y criminalizando a estas personas sería la peor respuesta por parte del Gobierno porque no estaría garantizando sus facultades de brindar derechos. Por ello, lo primero es responder por medio del relevamiento que lo indica la ley 26.160”, concluyó.