Juristas repudiaron “la persecución con fines políticos” a Cristina Fernández de Kirchner
La Asociación Argentina de Juristas (AAJ) repudió “la persecución judicial con fines políticos” hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el contexto del juicio que se sigue por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, y manifestaron su “profunda preocupación” por “la violación de las garantías en ese proceso.
En un comunicado, la Asociación advirtió sobre la negativa del Tribunal Oral Federal Número (TOF) 2, a cargo de ese juicio, al pedido de ampliación indagatoria por parte de la vicepresidenta.
La AAJ es la rama nacional de la Asociación Americana de Juristas, una organización no gubernamental con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y representación permanente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los juristas nucleados en esta entidad cuestionaron también la inclusión de la figura de asociación ilícita en la causa y alertaron por “los vínculos de amistad entre un juez y una de las partes” en el proceso.
Además, en el documento se consideró que “las violaciones a las garantías constitucionales y reglas del debido proceso” se encuentran enmarcadas en “una nueva escalada del denominada ‘lawfare’, que venimos denunciando desde el año 2018”.
“La arbitrariedad judicial manifestada en los procedimientos seguidos contra la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kircher), observa los mismos patrones persecutorios que las proscripciones políticas de los demás líderes latinoamericanos”, se denunció.
Luego se agregó que “esta guerra judicial se implementa en Chile, Perú, Paraguay, Ecuador, Bolivia y Brasil, y en la Argentina, mediante la judicialización selectiva contra líderes y movimientos progresistas, combinada con desestabilización política”.
Lawfare y la persecución
Allí, se recordó la utilización del “lawfare” contra los expresidentes de Brasil Dilma Rousseff e Inácio “Lula” Da Silva en Brasil; Jorge Glas y Rafael Correa, en Ecuador; Evo Morales en Bolivia, y Fernando Lugo en Paraguay.
“Cuando los operadores de justicia tienen como objetivo la verdad material, no precisan recurrir a la violación de las reglas del debido proceso, tal como se ha verificado en todos los casos citados”, se completó.
En el texto, también se manifestó una “profunda preocupación” en cuanto “al mantenimiento del Estado de Derecho y el normal funcionamiento de las instituciones”, en referencia al proceso oral y público en el que se encuentra imputada Fernández de Kirchner.
En ese sentido, se resaltó “la negativa” por parte de la Justicia “respecto del pedido de ampliación de declaración indagatoria”, formulada por la vicepresidenta luego del alegato del fiscal Diego Luciani, quien solicitó doce años de prisión para la exmandataria.
Además, se recordó que el artículo 380 del Código Código Procesal Penal de la Nación de (ley 23984), señala que “en el curso del debate el imputado podrá efectuar todas las declaraciones que considere oportunas, siempre que se refieran a su defensa”.
“Ese derecho básico puede, pues, ser ejercido hasta el cierre del debate”, se explicó y se recordó que en la causa Vialidad el juicio “se halla en pleno curso”.
Además, se alertó sobre “la inclusión de la figura de asociación ilícita” y se consideró que “el precepto en cuestión (y su forma agravada) no resisten un análisis a la luz del principio delimitador del poder punitivo”.