Denuncian ante la ONU corrupción política, torturas y asesinatos en comisarías de Santiago del Estero
En las próximas horas, referentes de la oposición y organizaciones no gubernamentales de Santiago del Estero presentarán un duro documento ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el cual se denuncian presuntas “torturas y muertes producidas en dependencias policiales, amedrentamiento policial y detención arbitraria de manifestantes, amenazas a los familiares de las víctimas y apartamiento selectivo de jueces y fiscales”. A su vez, el paper habla de “débil institucionalidad” en aquella provincia.
El documento, publicado por diario Clarín, arranca mencionando: “Por medio de la presente nos dirigimos a usted para poner en su conocimiento una serie de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en el territorio de la provincia argentina de Santiago del Estero”. Y expone “violaciones a Derechos Humanos que han sido ocasionadas, por un lado, a través de un sistema operado desde el Estado provincial que incluye a los sectores policial, judicial y político”.
De acuerdo al documento que se presentará ante la ONU, el objetivo de las acciones referidas es el de “silenciar voces disidentes, proteger allegados al poder, amenazar víctimas y encubrir redes delictivas vinculadas a funcionarios públicos y sus familiares y, por el otro, a través de una serie de actos que configuran típicos casos de violencia institucional”.
Se trata de hechos que habrían ocurrido “durante y después de los años 2020 y 2021” y habrían sido compilados por el Comité de Lucha contra la Injusticia y la Impunidad Santiago del Estero, una organización creada por las madres y familiares de las víctimas “que han agotado las instancias políticas e institucionales a nivel provincial y nacional sin obtener respuestas a sus reclamos”.
A su vez, como se dijo, el informe puntualiza que hay una “fragilidad democrática donde, además, toda voz opositora se encuentra con la estructura oficialista de la persecución o la intervención, son los/as familiares de las víctimas y sus organizaciones quienes reclaman justicia”.
En tanto, advierte que el funcionamiento incorrecto de las instituciones “debilita la democracia y el Estado de derecho” a través del “avasallamiento a la justicia federal en Santiago del Estero” donde los dos jueces federales “fueron denunciados en reiteradas ocasiones” por “favorecer al poder político”. Uno de ellos, Sebastián Argibay, declaró inconstitucional la cláusula que impedía a Zamora seguir postulándose indeterminadamente para el cargo.
El documento incluye supuestos encubrimiento de hechos de corrupción y “casos testigo” por tortura y homicidio en comisaría policial. Por caso, la situación de un joven detenido en una comisaría que su madre denunció haber escuchado en la sede policial los gritos de tortura. “Cuatro días después de la detención, Mauro falleció́.