Aviones de guerra que no volaron ni volarán: el Gobierno de Macri investigado por fraude al país

Durante la semana que empieza este lunes, el Ministerio de Defensa tendrá lista una auditoría sobre la insólita operación en la que se compraron cinco aviones de guerra franceses Super Etendard por 12,5 millones de euros. Eran aparatos en desuso que se sabía que no iban a volar y que se compraban para ponerles después los repuestos necesarios y poder usarlos, entonces sí, en el aire.

La adquisición se hizo en el marco de supuestas necesidades defensivas para el G20, cuya cumbre fue el 30 de noviembre de 2018. Los aviones, sin embargo, llegaron en mayo de 2019 y, lo que es más grave, en la Armada había informes que indicaban que los repuestos eran muy difíciles o imposibles de conseguir. Por ejemplo, los asientos eyectables -que son la vida o la muerte del piloto- son de fabricación británica y, por lo tanto, su venta a la Argentina está vetada.

La Sindicatura General de la Nación (Sigen) hizo observaciones el año pasado y ya está participando la Oficina Anticorrupción. Una vez que esté la auditoría, se tomará la decisión de hacer o no una denuncia penal. Las alternativas son desde el incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos por irresponsabilidad, pasando por la defraudación al estado o la sospecha de que alguien cobró una coima por la operación.

La compra de los Super Etendard era rara por donde se la mire. Esta semana, el programa ADN, que conduce el periodista Tomás Méndez, publicó los chats entre funcionarios del macrismo, en 2017, en el que se reflejaron los aprietes franceses para que la compra se hiciera. La decisión administrativa la terminaron firmando el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Los fondos los dispuso Nicolás Dujovne, titular de Economía, después de recibir los whatsapp en los que le notificaban la urgencia.

Lo insólito es que el paraguas para la compra eran las necesidades planteadas por la cumbre del G-20, por la que estarían en Buenos Aires los mandatarios de los países más poderosos del mundo. De manera que harían falta aviones que vuelen, no aparatos que, por contrato, se establecía claramente que “no están en condiciones de vuelo”.

La compra se concretó a fines de 2017 de manera que era imposible que los aviones estuvieran disponibles para noviembre de 2018. Sucede que no sólo se trataba de conseguir repuestos que no se conseguían, sino que una vez lograda la totalidad del material, tras el armado, un avión requiere de no menos de seis meses de pruebas.

Pero todo fue aún más grotesco: los aparatos llegaron a la Argentina en mayo de 2019, o sea medio año después del G-20, y obviamente siguen sin despegar porque -como era previsible- la Armada consiguió sólo unos pocos repuestos y por supuesto no aparecieron hasta ahora alternativas para el asiento eyectable en ninguna de las dos variantes que existen, más y menos sofisticados.

El gobierno de Mauricio Macri también compró misiles suecos para el G-20 pero fue demorando los pagos, de manera que esos misiles recién están llegando ahora, casi cuatro años después del G20. El grotesco no tiene límites.

Suena un poco extraño que se requiera de aviones para una cumbre del G-20, pero los memoriosos recuerdan que eso fue una exigencia también cuando se hizo la cumbre de 2005, en Mar del Plata. En ese entonces -durante el gobierno de Néstor Kirchner- se dispusieron aviones Mirage y A4 en Tandil y se le negó el permiso a Estados Unidos para que ubicara un portaaviones dentro de la plataforma marina argentina. Aún así, el gobierno norteamericano trajo nomás el portaaviones y lo dejó junto a la plataforma, además de utilizar el aeropuerto de Santiago de Chile como base.

En 2018 casi toda la seguridad estuvo a cargo de Estados Unidos, con aviones en Ezeiza, El Palomar, Mendoza y Uruguay. Se dijo que también pusieron un portaaviones en aguas territoriales argentinas, pero nunca se comprobó.

Los especialistas afirman que cualquier avión como los Super Etendard modernizados cuesta entre 30 y 40 millones de dólares, de manera que estaba claro que los cinco comprados a Francia por 12 millones de euros eran de rezago. Así figura en el contrato.

Estaba claro que sería difícil, casi imposible, obtener los repuestos para que fueran aptos para volar. La Armada consiguió algunos, pero otros no están disponibles, por el veto británico y también porque los Super Etendard no se fabrican más.

Otro dato asombroso que incide en la cuestión de los repuestos es que Estados Unidos también los retacea. Y es por un contencioso insólito. Sucede que en ocasión del G-20, el gobierno de Macri emitió un decreto que permitía el derribo de aviones por los dos días que duraba la cumbre.

Sin embargo, Washington dice que no está clara la fecha de cese y, por una ley del congreso norteamericano, no se permite vender elementos bélicos a países con ley de derribo después de que Perú derribara un avión en el que viajaba una misionera norteamericana junto a su hija recién nacida. El tema está en litigio y el Ministerio de Defensa argentino lo está tratando de aclarar con el Pentágono.

Pero esa no era la única cuestión. Los aviones tienen obligación de mantenimiento, no sólo por millas recorridas -en este caso ninguna-, sino también por el tiempo, es decir los años que van pasando. Cada mantenimiento cuesta unos cinco millones de dólares, aunque la Armada utilizó un proceso especial para preservar a dos de los cinco aparatos y congelar el conteo del tiempo. De todas maneras, poner los aviones a volar costará una cifra sideral, muy superior a la que se pagó por la misma compra de los Super Etendard.

El delito en juego

El primer paso, esta semana, será conocer los resultados de la Auditoría que está haciendo el Ministerio de Defensa, hoy a cargo de Jorge Taiana. La Armada dio sus explicaciones y habrá que ver si convencen a la auditora que encabeza el trabajo.

Después vendrá el pronunciamiento de la Oficina Anticorrupción, cuyo titular es Félix Crous. La OA viene pidiendo explicaciones y también tiene en marcha una investigación. Del conjunto saldrá la decisión casi segura de presentar una denuncia penal con distintas alternativas:

-Incumplimiento de los deberes de funcionario público, para el caso que consideren que hubo ineptitud, ineficiencia. O sea que se perjudicó al estado, pero sin evidencias de dolo, de intencionalidad.
-Fraude en perjuicio del estado, cuando lo que se concretaron fueron maniobras que son tan evidentes que exhiben una intencionalidad que derivó en gigantescas pérdidas para el erario público.
-Cohecho, si es que aparecen evidencias de que la operación sólo se entiende por la existencia de una coima o un beneficio para los funcionarios que intervinieron a costa del estado nacional.
-Todo indica que la denuncia apuntará a Peña, Aguad, Dujovne y los integrantes de la línea de la Armada que intervinieron en la compra.

Quienes vieron la documentación sostienen que las torpezas son descomunales: material que de ninguna manera estaría para el G-20, repuestos imposibles, operaciones que sólo tienen lógica por la existencia de dinero debajo de la mesa o una grosera subordinación política a las grandes potencias occidentales, lo que derivó en favores de esta naturaleza.