ARA San Juan: procesan a exdirectores de la AFI
El juez de Dolores Martín Bava procesó a ex directores de la Dirección Operacional de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI ) Martín Coste y Diego Dalmau Pereyra por el espionaje a los familiares de los tripulantes del Ara San Juan.
Se trata de la causa en la que fue indagado el expresidente Mauricio Macri, sobre quien aún no resolvió a la espera de completar algunas medidas probatorias solicitadas por su defensa tras la indagatoria.
En la causa ya están procesados los extitulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre 11 acusados que recibieron la misma medida.
Coste y Dalmau Pereyra fueron convocados a indagatoria tras la referencia efectuada por Arribas quien indicó que los nombrados, “atento a su rol en la orgánica de la Agencia Federal de Inteligencia al momento de los hechos, y por las especiales funciones que tenían a cargo debieron controlar las acciones ilegales llevadas adelante desde la Delegación Mar del Plata dependiente de la Dirección de Reunión Interior, a su cargo”, según surge de la resolución del juez.
Para el magistrado, las tareas ilegales que se encuentran acreditadas “han consistido en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos. Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se imputó haber dirigido numerosas de ellas dirigidas a obtener datos personales e información de familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan como así también del buque “El Repunte” y del buque “Rigel””.
Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del referido submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes y los reclamos que realizarían.
Todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en la opinión de esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno que el imputado encabezaba. Toda la imputación surge del expediente.
Ese espionaje prohibido por la ley fue llevado adelante con la participación de la Delegación Provincial de Mar del Plata, dependiente de la Dirección de Reunión Interior la que en el período detallado dependió de los imputados Dalmau Pereyra primero, y luego de Coste.
En este contexto, los imputados “permitieron la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, al menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018, cada uno respecto del período en el que estuvieron a cargo de la Dirección Operacional de Contrainteligencia”.
“No solo omitieron efectuar los controles que su tarea le encomendaba sino que permitieron la realización de las acciones ilegales en cumplimiento de las órdenes dispuestas por la superioridad”, sostuvo el juez Bava.
Al prestar declaración, Coste efectuó un descargo oral en el que sostuvo su ajenidad a los hechos investigados. Refirió no haber tenido conocimiento de la existencia de los informes de inteligencia que componen la prueba. Indicó, al igual que Dalmau Pereyra que otras dependencias de la Agencia también efectuaban requerimientos a la delegaciones provinciales y que tanto esos requerimientos como sus respuestas, no pasaban por su oficina.
Según las declaraciones, mientras que para Dalmau Pereyra , los documentos son eminentemente producidos para “avanzada presidencial”, según Coste, “no guardaban relación ni con la seguridad interior, ni con la defensa nacional”.
Sobre este punto, el juez reiteró lo que había sostenido en una anterior resolución. “Los documentos de inteligencia ilegal analizados en esta causa no guardan relación con la seguridad presidencial. De modo alguno conocer la opinión que tenían las víctimas sobre la gestión de gobierno del entonces Presidente Mauricio Macri, ni fotografiarlos, ni ingresar a sus perfiles de redes sociales, guardó relación con medidas tendientes a garantizar la seguridad del mandatario”.
Ambos quedaron procesados por los delitos de “realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de participes secundarios, el que concurre de manera ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de autores”. Fueron embargados en la suma de $20.000.000.
Fuente: Vanesa Petrillo -Ámbito.-