El Senado dio media sanción a la ley que regula la producción industrial del Cannabis y sus derivados
Exactamente un mes después de que el Poder Ejecutivo ingresara el anteproyecto en la Cámara, el Senado votó y dio media sanción este jueves a la ley que regulará la producción industrial de la planta de cannabis, sus semillas y derivados a partir de la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
Con la presencia de 62 senadores y senadoras (diez ausentes), la media sanción salió con el voto afirmativo de 56 legisladores, 5 negativos y una abstención. “Estoy muy feliz de votar esta ley. Este marco regulatorio nos va a permitir aprovechar la gran potencialidad que tiene el cannabis en todas sus variantes y en todos los rincones de nuestro querido y amado país”, celebró Anabel Fernández Sagasti (Frente de todos) al cerrar la larga etapa (más de dos horas) de los discursos antes de la votación, cuando ya se intuía el “triunfo” de la media sanción.
La senadora mendocina fue la última en hablar, porque tuvo un rol esencial en la Cámara Alta a la hora de acordar con la oposición los pocos aspectos que generaban controversia entre sus pares y porque participó junto al Ejecutivo de la redacción del anteproyecto.
La celeridad del tratamiento en comisiones y el consenso entre oficialismo y oposición -salvo mínimas excepciones- en el debate en el recinto se explican por urgencia y conveniencia: el negocio detrás del desarrollo productivo de esta planta milenaria -prohibida y demonizada durante los últimos 90 años- es prometedor para todas las provincias, y en el Gobierno nacional auguran que podrá ayudar a combatir la crisis económica y social de la pospandemia, como actualmente ocurre en Estados Unidos, Canadá, Israel o Colombia.
Una estimación “conservadora” del Ministerio de Desarrollo Productivo prevé para 2025 la generación de 10.000 puestos de trabajo, el movimiento de 500 millones de dólares en consumo del mercado interno y USD 50 millones en exportaciones.
El gobierno de Alberto Fernández aspira a que Argentina se convierta en un líder regional en el negocio del cannabis industrial, confiado en las capacidades agropecuarias y científico-tecnológicas del país. Con el cannabis y sus semillas se elaboran infinidad de productos desde hace cientos de años. Incluso se producían en Argentina, hasta que en 1977 la última dictadura militar prohibió el uso.
Se espera que con esta regulación el mercado local disponga de ropas, calzados, cosméticos, materiales de construcción, autopartes o “súper alimentos” fabricados a base de esta planta y sus semillas. Y que también se desarrolle la exportación de estos mismos elementos y tecnología aplicada a esta nueva matriz productiva.
Según dice la ley votada en el Senado, la ARICCAME tendrá como función regular -entre otras- la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición de semillas, de la planta de cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales.
El Instituto Nacional de Semillas (INASE) regulará las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de esta especie y dictará las normas complementarias que permitan la trazabilidad de los productos vegetales. Además, este organismo autárquico bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, creará un plan especial de registración “excepcional y extraordinario” para que los poseedores de simientes puedan proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas de su autoría siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas.
La Agencia, por ley, será comandada por un directorio de cinco integrantes con rango de secretarios de Estado, designados o removidos por el Poder Ejecutivo. El presidente o presidenta de la Agencia saldrá de una propuesta del Ministerio de Desarrollo Productivo. El resto de los representantes serán sugeridos por las carteras de Salud, Agricultura, Ganadería y Pesca; Ciencia, Tecnología e Innovación; y Seguridad. El tiempo de duración de los mandatos será de cuatro años, con posibilidad de reelección por una sola vez.
Las normas de procedimiento, las autorizaciones para importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición de plantas, semillas y derivados estarán a cargo de la Agencia. Además de las normas regulatorias para mejores prácticas de cultivo, requisitos y condiciones para autorizar procesos de producción y la tasa de fiscalización.
Un aspecto importante, que ya había adelantado el ministro Kulfas en la entrevista con Infobae el mes pasado, es que la ARICCAME tendrá por ley especial consideración hacia las solicitudes “orientadas a contribuir al desarrollo de las economías regionales y promover la actividad de cooperativas y de pequeñas y medianas empresas productoras agrícolas” con inclusión de la perspectiva de género y diversidad y proyección federal. Esta particularidad apunta a que las licencias y los trámites, en estos casos, sean simplificados.
Por afuera de esta ley quedan los permisos de autocultivo para uso medicinal, algo ya contemplado en la ley 27.350 y que se efectiviza a través del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN). Lo que sí garantiza esa ley que ya tiene media sanción del Senado, es que se puedan fabricar aceites, cremas y tinturas para uso medicinal que actualmente son muy difíciles de conseguir en el mercado legal. Normalmente los usuarios dependen de los cultivadores solidarios.
En el país hay proyectos legislativos e iniciativas en 22 provincias y 80 municipios. El caso más conocido -porque fue el primero en arrancar- es el de Cannava, la empresa estatal jujeña creada por el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, y comandada por su hijo Gastón. “Este proyecto genera grandes oportunidades”, advirtió el senador radical de esa provincia, Mario Fiad, que también votó a favor.
También existen otros emprendimientos 100% públicos, como los que llevan adelante las provincias de Misiones y San Juan; empresas mixtas, como la del gobierno de La Rioja o la Municipalidad de San Pedro (provincia de Buenos Aires), iniciativas como las de la agrupación cannábica Ciencia Sativa en conjunto con el INTA Río Negro; o totalmente privadas, como las de la Droguería ABP o Pampa Hemp.
Entre los votos negativos a la ley estuvo el de la cordobesa del Frente PRO Laura Rodríguez Machado, quien, a pesar de que se crearía el Consejo Federal, manifestó que la ley no incluye a las provincias. Pero puntualmente, la legisladora anunció su voto negativo luego de admitir que, aunque cree que hay que regular el mercado del cannabis, no confía en el Poder Ejecutivo. “Creo que hay que sacar a la industria de la clandestinidad. Desconfío del Ejecutivo que va a regular la fabricación y distribución de marihuana en el país”, dijo.
En el mismo sentido opinó la mendocina de la UCR Pamela Verasay, que votó en contra, como su coprovinciano del mismo partido, Julio Cobos: “Las provincias tienen que ser la autoridad de aplicación de esta ley. Kulfas hizo diversos llamados para lograr consenso pero no alcanzó. No se contemplan las normativas provinciales”.
Distintas fueron las razones del senador Alfredo Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, para oponerse a un proyecto de ley que incluso apoya, discretamente, la gobernadora de su provincia, Arabela Carreras, de su mismo partido, ya que hay varios emprendimientos esperando la legislación en su territorio. Distintas y extravagantes a las de sus colegas. Por un lado, el rionegrino aseguró que es se trata de la ley “más capitalista que va a votar este Congreso y la más relacionada a las multinacionales”.
Pero además, basó su discurso por la negativa en información sobre el supuesto daño que causa el consumo de cannabis en jóvenes, cuando el proyecto de ley no tiene absolutamente nada que ver con el uso “recreativo”. “No es lo mismo el debate en torno a las propiedades terapéuticas de lo que está pasando con la marihuana en el mundo. No estoy de acuerdo en sumarme a este mensaje de que la marihuana no tiene impacto negativo en las personas. Cuando les decimos a los jóvenes que la marihuana es buena no quiero formar parte de ese coro. Sabemos lo que significa el impacto de la marihuana en las personas”, argumentó Weretilneck, extrañamente. Además de Rodríguez Machado, Verasay, Cobos y Weretilneck, el otro senador que votó en contra fue el entrerriano del PRO Alfredo De Angeli.
El único senador que se llevó aplausos del recinto fue el chubutense Alfredo Luenzo, quien amplió el discurso más allá de esta ley e, igual que su colega Dalmacio Mera -y los gobernadores Gerardo Morales y Alberto Rodríguez Saá durante la presentación del anteproyecto en junio pasado-, pidió que a esta iniciativa le siga la despenalización de la tenencia y el cultivo para uso adulto y privado.
“Hay que poner en valor la transformación cultural que significa este tipo de proyectos. Lo que estamos generando es cadena de valor para una mejor calidad de vida de la sociedad. Celebro que la palabra ‘cannabis’ resuene en este ámbito porque hasta hace poco era una palabra demonizada”, comentó. Y amplió: “Dejemos de lado esa visión que tenemos de la planta de marihuana y pongámosla en valor. El prohibicionismo no ha dado resultados, trae horror. Los pibes comienzan en el menudeo. Y esa es la puerta de ingreso a otras drogas. Un Estado coherente, presente, amplía derechos. Hay que discutir la despenalización, la cárcel está llena de inocentes”.