Las prepagas no ocultan el fastidio tras la suspensión del aumento
Luego de que el presidente Alberto Fernández suspendiera la suba de 7% en las cuotas de las empresas de medicina prepaga a partir de febrero de 2021 que había autorizado el Gobierno, desde el sector salieron a manifestar su malestar con la decisión asegurando que ya tenían todo listo para enviar las cartas con el anuncio de la suba a sus usuarios.
Las empresas atribuyen el cambio imprevisto a una interna entre los funcionarios del ministerio de Salud y el Instituto Patria. “La salud privada es mal vista por un prejuicio ideológico. Pero al mismo tiempo a los laboratorios se les permite aumentar medicamentos por encima de la inflación”, se quejó una fuente del sector, y recordó que la medicina privada representa al 75% del sistema de salud.
A lo largo de 2020, las compañías de medicina prepaga tuvieron un solo aumento autorizado, del 10%, que se aplicó a partir de diciembre. El año anterior, 2019, las subas autorizadas alcanzaron el 60,7% con ocho incrementos que fueron habilitados a lo largo del año, el último en diciembre.
El aumento de la medicina prepaga era uno de los incrementos que se preveían para el primer tramo de este año, donde también se esperan subas en combustibles, tarifas de servicios públicos, transporte y el descongelamiento de los alquileres. Con la suspensión de la suba, el Gobierno intentaría evitar una aceleración mayor de la inflación.
Luego de un único aumento del 10% en 2020, los precios de los planes para un grupo familiar de un matrimonio con dos hijos oscilan entre $11.400 mensuales para un plan económico y $23.000 para un plan más premium, de acuerdo a la plataforma Elegimejor, que compara los precios de más de 50 planes de medicina prepaga. Para una persona soltera y joven, el plan económico sería de unos $3.200 y de $7.500 para el plan premium.
“Cualquier bien o servicio tiene un costo de producción y un margen de explotación. Cuando el Estado fija un precio por debajo del costo de producción porque tiene una política de subsidios, se supone que debe compensar con un subsidio a ese sector que, de otra forma, se muere. Más en el caso de las empresas de salud, donde los contratos con los usuarios son de por vida y no se pueden rescindir. Es razonable que el Estado regule, pero no es razonable que no le permita a las empresas mantener su ecuación económica”, se lamentó Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Empresas de Medicina Privada (Cempra).
Desde el Gobierno argumentan que este año, las empresas de medicina privada recibieron ayudas por unos $100.000 millones por asistencias fiscales y el programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción). Sin embargo, muchas de esas ayudas no estarán vigentes durante 2021.
La Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), que nuclea a las empresas privadas, habían advertido a mediados de diciembre sobre la “crítica situación” del sector prestador de salud privada que no contará con los “recursos necesarios” para poder atender normalmente a la población a partir de enero de 2021.
“Estas empresas atraviesan una crisis fuertemente agravada por los efectos de la pandemia, por el abrupto aumento de costos, ingresos congelados y la decisión de finalizar el plan de ayuda a través del ATP a partir del 31 de diciembre de 2020”, señalaron en una carta que reproducen los colegas de Infobae.