Define el Senado: Media sanción de Diputados a la legalización del aborto
Fue un debate extenuante e intenso, vehemente y emotivo por momentos. Tras casi 20 horas ininterrumpidas de discursos, la Cámara de Diputados dio por segunda vez su veredicto y aprobó, como lo hizo en 2018, el proyecto de legalización del aborto: 131 votos fueron positivos, 117 negativos y 6 legisladores se abstuvieron.
La diferencia fue aún más amplia que en 2018, cuando la iniciativa se aprobó por apenas cuatro votos, 129 a 125, con una abstención. En esta oportunidad el margen fue de 14 votos, aunque también hubo más abstenciones. Ahora todas las miradas recaen sobre el Senado, que hace dos años rechazó la legalización del aborto; la semana próxima arrancará el debate en las comisiones y se estima que antes de fin de año se dará la discusión en el recinto.
Ni bien el tablero reveló el resultado de la votación, una ovación inundó el recinto: oficialistas y opositores dejaron de lado sus diferencias políticas y, hermanados por el color verde, se abrazaban y aplaudían emocionados, mientras puertas afuera del Congreso los simpatizantes del proyecto, concentrados durante horas a la expectativa del resultado, estallaron en festejos. Todo un contraste con el ánimo resignado de los diputados “celestes”, detractores de la legalización del aborto; silenciosamente se retiraron del recinto con la esperanza de que el Senado, una vez más, frene el avance del proyecto.
Más de 160 oradores desgranaron, a lo largo de casi 20 horas ininterrumpidas de discursos, sus posiciones a favor y en contra. Al igual que en 2018, la discusión cruzó transversalmente todas las bancadas, sin distinciones partidarias. En el recinto, coloreado de “verde” y de “celeste”, los discursos se sucedieron enfáticos, por momentos vibrantes, aunque en un clima sereno y respetuoso.
Al momento del cierre del debate, la diputada Silvia Lospennato (Juntos por el Cambio), una de las abanderadas más fervorosas de la legalización del aborto, agradeció al presidente Alberto Fernández por haber cumplido su palabra y enviado el proyecto al Congreso, pero de inmediato reivindicó al expresidente Mauricio Macri por haber propiciado el debate cuando antes, durante el gobierno de Cristina Kirchner, había sido silenciado.
“Esta ley no es de ningún presidente ni de ningún gobierno, es una conquista más del movimiento de mujeres”, exclamó Lospennato, quien, fiel a su vehemencia, cuestionó a quienes cuestionan por inconstitucional la legalización del aborto. “Si así fuese, no estarían habilitados los abortos por causales; si fuera inconstitucional, la Corte no se hubiese pronunciado como lo hizo”, enfatizó y criticó que quienes están en contra de la legalización del aborto “no cambiaron nada” desde 2018 hasta ahora. “Dicen que no quieren a las mujeres presas pero se oponen a la despenalización y tienen frenado en el Senado la ley sobre prácticas obstétricas que frenan el reparto de anticonceptivos”, asestó.
En contra de la iniciativa, Graciela Camaño, de Consenso Federal, insistió que el proyecto es “inconstitucional desde su origen” pues la Constitución Nacional defiende la vida desde la concepción. “El aborto podrá ser ley, pero jamás podrá ser justo”, sentenció. ¿En serio creemos que con esta ley estamos ampliados derechos? El aborto es el emergente claro de la falta de educación, oportunidades y violencias contra la mujer. El aborto es aborto, sea legal o ilegal. La solución para la decadencia argentina no puede ser nunca el aborto”, sostuvo.
Los argumentos a favor y en contra de la iniciativa fueron idénticos a los que se escucharon hace dos años, cuando el tema se instaló por primera vez en la Cámara baja. Sus promotores insistieron en que la legalización del aborto significa una ampliación de los derechos de las mujeres y que, en definitiva, se trata de un asunto de salud pública: al ser legales y no clandestinos, serán prácticas seguras que evitarán miles de muertes de mujeres que buscan interrumpir de manera voluntaria sus embarazos.
Justamente, al diseñar el proyecto, el Gobierno se propuso enfocarlo en el marco de la salud pública para detraerlo de la discusión religiosa. A manera de gesto con los legisladores aún indecisos, presentó en paralelo una iniciativa para la protección integral de la mujer y del niño recién nacido, que denominó “Programa de los Mil Días”. Este proyecto se discutirá -y se aprobará por unanimidad- al terminar el maratónico debate sobre el aborto.
Sin embargo, el Programa de los Mil Días no significa placebo alguno para quienes, desde la vereda “celeste”, anticiparon su rechazo a la legalización del aborto. Insistieron en que la vida se produce desde la concepción y, como tal, está protegida por la Constitución. Fustigaron al ministro de Salud, Ginés González García -quien, durante su participación en las comisiones, había considerado al embrión un “fenómeno”-, y enfatizaron que, lejos de ello, se trata de un nuevo ser humano sujeto de derechos.
Más allá de los argumentos humanos y jurídicos, los detractores de la legalización cuestionaron por inoportuna la decisión política del Gobierno de promover la iniciativa en tiempos de pandemia. Advirtieron que, en definitiva, el proyecto es una cortina de humo para disimular la gravedad de la crisis económica y social en el primer año de gestión de Alberto Fernández.
El proyecto autoriza la interrupción del embarazo hasta la semana catorce (inclusive) de gestación. Una vez solicitado deberá ser efectuado en el plazo máximo de diez días corridos. Asimismo, se establece que la práctica deberá ser incluida en el Programa Médico Obligatorio (PMO) para garantizar la cobertura integral y gratuita tanto del sector público como de las obras sociales y prepagas.
Antes de solicitar la práctica de un aborto, la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento informado. A partir de los 16 años podrá hacerlo por sí sola, sin la autorización de un mayor. Para las menores de 13 años, se exige la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.
Respecto de las menores de 16 años, el proyecto original establecía que “se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento”. Ante algunas críticas que recibió la redacción de este artículo, se acordó incluir un párrafo que indica que “en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada”.
La segunda y más importante modificación que se introdujo en el texto tiene que ver con las obligaciones que tendrán los establecimientos de salud donde todos los profesionales sean objetores de conciencia.
En efecto, en el texto se incluyó un nuevo artículo que establece que “aquellos efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó”.
Se aclara que “en todos los casos se debe garantizar la realización de la práctica” y que “las gestiones y costos asociados a la derivación y el traslado quedarán a cargo del efector que realice la derivación”.
Con estas modificaciones, los impulsores del proyecto confían en achicar la diferencia en el Senado, que en 2018 lo rechazó. Los senadores comenzarán el debate de la iniciativa el lunes y se espera su tratamiento en el recinto antes de fin de año.