Vicentin: el juez ordenó la intervención en la conducción de la cerealera por 90 días
El juez Fabián Lorenzini, que tiene el concurso de acreedores de la cerealera Vicentin, resolvió hoy la intervención por 90 días hábiles judiciales del órgano de administración de la firma, sin desplazar a su actual directorio.
En una resolución, el juez designó como “interventor-coadministrador” en el órgano de administración de la firma a Andrés Shocron, que actualmente se estaba desempeñando como uno de los veedores en la compañía. Según el magistrado, este interventor tendrá facultades “similar rango al de Presidente del Directorio”. Precisa que “en lo sucesivo todo acto de administración o que demande la previa autorización judicial, deberá contar con su expresa conformidad”.
En tanto, según lo resuelto por el juez, la subintervención quedará para una persona “que deberá ser nominada por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe”. El Juzgado nombrará a otra persona si Santa Fe no ocupa ese lugar, pero decidió que hasta tanto se produzca la designación ese puesto sea ocupado por María Victoria Stratta, directora general de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe.
Vale recordar que, en su momento, el gobierno provincial de Omar Perotti pidió intervenir en Vicentin y que fuera desplazado todo el anterior directorio. El juez abrió una ronda de audiencias entre ambas partes, pero las negociaciones no prosperaron. Vicentin reclamó la nulidad de una resolución de la Inspección General de Personas Jurídicas provincial que buscaba dar el marco para poner un pie en la firma.
El magistrado, en su resolución, rechazó el planteo de nulidad formulado por la cerealera y, pese a que Santa Fe declinó “la pretensión original de una intervención plena del órgano de administración con desplazamiento de sus directivos”, lo que hizo fue en este acto proceder también con esta designación.
Para Lorenzini, “indudablemente será un elemento central” el aporte de Santa Fe para la solución o resolución del conflicto.
Entre otras medidas, el magistrado también adoptó “como medida de no innovar la prohibición de modificar la composición y tenencia del capital accionario de la concursada, al momento de la última Asamblea Ordinaria”.
En un escrito de más de 50 páginas, Lorenzini explicó por qué decidió la medida elevando el rango de importancia de los veedores. Vicentin se concursó en febrero pasado. Sobre unos US$1300 millones debe unos US$300 millones al Banco Nación, más de US$500 millones a un consorcio de bancos internacionales y el resto a productores agropecuarios y cooperativas, entre otros proveedores.
“La principal motivación para incrementar la intervención actual es la omisión, recurrente y sistemática, de brindar informaciones que fueron requeridas por este Juzgado. Cabe destacar aquí que, el retaceo de información, la obtención parcial y tardía de la misma o su acceso merced a intimaciones y emplazamientos, se ponderan como una conducta equiparable a la omisión en la medida que implican desconocer el deber de colaboración asumido voluntaria y libremente con la petición de apertura del proceso concursal”, señaló.
En este sentido, mencionó “las inconsistencias demostradas en orden a la presentación del balance del ejercicio 2018-2019, lo que motivó una intimación judicial y emplazamiento a los Sres. directores en tal sentido”. En octubre pasado Vicentin presentó un balance donde anunció una pérdida de más de $52.000 millones en 2019 luego de haber tenido un resultado positivo superior a los 2800 millones de pesos durante 2018.
La empresa presentó ese balance luego de que Lorenzini la intimara con un plazo de no más de 40 días judiciales.
Por otra parte, el magistrado objetó “el actual silencio con respecto a la presentación del balance correspondiente al ejercicio económico concluido el 31-10-2020 (hace ya mas de 2 meses atrás) y la correspondiente memoria, como así también la elaboración de un plan de negocios que haya sido diseñado y expuesto a los acreedores o al tribunal”. También cuestionó “La falta de respuestas frente a los requerimientos del tribunal con relación a las anteriores auditorias externas llevadas adelante por KPMG”.
“El concursado tiene el deber de colaboración agravado a los fines permitir que, tanto el tribunal como los acreedores y demás órganos y funcionarios del proceso, puedan tener acceso directo e irrestricto a la información relevante, a los fines de brindar seguridad jurídica y garantizar el pleno conocimiento del estado del activo y pasivo, la proyección estimativa de sus negocios y el curso de acción de la empresa”, escribió el magistrado.
En un comunicado, la empresa expresó su malestar por la medida y anunció que la apelará. “Hemos recibido con profunda sorpresa y preocupación un nuevo intento de intervenir la empresa a partir de la reciente resolución del Juez Lorenzini, a cargo del Juzgado de 1ra instancia, Civil y Comercial de la Ciudad de Reconquista. La Sociedad entiende que no existen razones de hecho ni fundamentos jurídicos acertados que la justifiquen y por ello la recurrirá por las vías que prevé la ley”, dijo la firma.
Pese a expresar su postura en contra, dijo que “seguirá prestando la más amplia colaboración a las autoridades judiciales, veedores, sindicaturas, al actual interventor designado y a todos los organismos de control impuestos en el trámite concursal”.