Escándalo por los sobreprecios: renunciaron otros 14 funcionarios y podría seguir la purga
El ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo pidió la renuncia este martes a Gonzalo Calvo, el secretario de Articulación de Política Social, que había quedado en el ojo de la tormenta después de que trascendiera la compra de arroz y de aceite por encima de los precios testigos que recomienda la SIGEN. Otros 14 funcionarios del área tanbién deberán presentara y podrían irse más.
El pedido de renuncia a Calvo es el primer resultado que arrojó el sumario interno que se inició el lunes en Desarrollo Social. En el ministerio no descartaron que otros funcionarios sean apartados. “Vamos a avanzar con el circuito administrativo de las compras para el ministerio y no se descartan más cambios”, expresaron fuentes oficiales.
Calvo había asumido en diciembre y en el pasado se había desempeñado como secretario de Seguridad de Almirante Brown, cargo al que renunció en medio de una denuncia por coimas. Respondía políticamente al intendente Mariano Cascallares.
El flamante ex funcionario era el encargado de mediar en los conflictos con las organizaciones sociales. De hecho la compra era para comedores, que son administrados por los movimientos en cuestión.
Allegados a Calvo precisaron que fue él mismo quien ofreció su renuncia a Arroyo para descomprimir la situación. “Se puso a disposición de cualquier investigación. La compra fue en el marco de la emergencia”, señalaron. Catorce de sus colaboradores presentaron su renuncia indeclinable, según dijeron fuentes de la secretaría de Articulación de Política Social.
Se trata del subsecretario de Asistencia Crítica, Carlos Montaña; el coordinador de abordaje territorial, Fabio Frega; el coordinador de Depósito Metropolitano, Pedro Procopio; la directora de Emergencia, Ana Barchetta; la coordinadora de asistencia técnica directa, Carolina D`Ambrossio; la directora de Asistencia Crítica, Florencia Plano; la directora de Asistencia Institucional, Agustina Brea; el director de Gestión y Asistencia Urgente, Gastón Lasalle; el director de Ayudas emergentes, Christian Escudero; el coordinador de Asistencias a Instituciones No gubernamentales, Victor Oviedo; el coordinador de Gestión de ayudas urgentes, Ignacio Sabaini; el director de Talleres familiares, Gabriel Giurliddo; el director nacional de Articulación Social, Federico Ludueña; y el director de Asistencia para Situaciones especiales Gustavo Cassieri.
El escándalo comenzó este lunes cuando se comprobó que en seis resoluciones publicadas en el Boletín Oficial que autorizaban la compra de 5 toneladas de alimentos por un total de $534 millones que incluía aceite, arroz y fideos, entre otras mercaderías.
En algunos casos el gasto estaba muy por encima de los precios máximos que se encuentran en las góndolas, pero más importante -como insistieron en el Gobierno- de los “precios testigo” que fija la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En Desarrollo Social reconocieron que los problemas específicos eran con el arroz y con el aceite, que figuraban puntualmente en las resoluciones 152 y 159 /2020.