Cruces entre Corrientes y Chaco por un decreto que prohíbe a médicos de una provincia trabajar en la otra

La batalla contra el coronavirus ​se libra en todos los frentes, incluso el judicial. En Corrientes, el juez federal de esa ciudad convalidó una resolución del gobernador que prohíbe a los médicos de esa provincia prestar servicios en la ciudad de Resistencia, Chaco, donde se registra uno de los principales brotes del virus, con 96 casos y 5 muertos.

Todo comenzó cuando el gobernador Gustavo Valdés dispuso que los casi 150 médicos y enfermeros que trabajan en Chaco pero residen en la ciudad de Corrientes debían aislarse durante dos semanas al retornar de sus puestos laborales, ya que provenían de un lugar donde se daba la circulación viral comunitaria. En definitiva, equiparaba la situación de los médicos y enfermeros a la de los turistas argentinos que retornaban del extranjero.

“Lamentablemente Chaco no tomó las medidas con los trabajadores de Corrientes que prestan servicio en esa provincia. Nosotros establecimos una cuarentena para aquellos que trabajan allí como si vinieran del exterior. Es una cuestión de salud pública”, argumentó Valdés. Y agregó que la decisión se tomó con la finalidad de proteger la salud de los correntinos.

“Estamos tomando medidas para evitar la pandemia. Si vienen del Chaco tienen que estar aislados obligatoriamente y hasta que sepamos quiénes tienen el virus y quiénes no, van a estar en cuarentena”, sostuvo tajante Valdés.

Un llamado telefónico de su colega chaqueño, Jorge Capitanich​, no alcanzó para que el mandatario correntino modificara su decisión. La judicialización se volvió inevitable y la punta de lanza fue la Asociación de Clínicas y Sanatorios y la Federación Médica de Chaco, que presentaron un recurso de amparo ante la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger.

La magistrada les dio la razón y ordenó que cesara la prohibición que pesaba sobre los profesionales para desempeñar sus funciones en hospitales y clínicas de Chaco por considerar que se afectaba la prestación del servicio de salud en medio de una pandemia. Lejos de acatar el amparo judicial, el Gobierno de Corrientes también acudió a la Justicia Federal con la finalidad de hacer cesar lo que llamaron “estado de incertidumbre” que generó el fallo de Niremperger, ya que se contraponía a lo dispuesto por el comité provincial de crisis Covid 19.

El propio Valdés se encargó de aclarar que no tenían previsto acatar el fallo de la jueza. En ese sentido, dijo que “vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar para evitar el contagio en Corrientes. Tenemos la obligación de preservar la salud de los correntinos y no voy a dar el brazo a torcer”. Y dio instrucciones para que se avanzara con una presentación que anulara el fallo de Niremperger.

En un fallo dado a conocer este miércoles, el juez federal de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, hizo lugar al pedido del Gobierno de Corrientes, que había argumentado que de no hacerse lugar a su requerimiento “importaría hacer prevalecer indebidamente el interés particular de los amparistas sobre el interés general de la comunidad, tanto de la provincia de Corrientes como de Chaco de evitar la propagación del virus Covid 19”.

Otro de los argumentos esgrimidos por el Estado provincial fue la circulación viral comunitaria existente en Chaco y principalmente en su capital. “El virus se encuentra transitando libremente”, sostuvieron en su escrito.

Pero quizás lo que más pesó fue el resultado de los estudios realizados sobre 15 profesionales de la salud que trabajan en Chaco. Según el Gobierno correntino, ocho de ellos dieron positivo para coronavirus. “Esto demuestra, según el demandante el grado de contagio y peligrosidad que representan estos profesionales para la salud pública ya que se ha demostrado que un infectado contagia a 2,5 personas”, escribió Vallejos en su resolución.