Aníbal Fernández revocó contrataciones de 417 agentes designados por Macri en Río Turbio
El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, revocó “por ilegítimas” las contrataciones de 417 agentes en la planta permanente de la empresa pública que habían sido incorporados en los últimos días de la administración anterior, y denunció a su antecesor en el cargo por “desviación de poder y delitos de acción pública en perjuicio” de la compañía.
En su cuenta de Facebook, Fernández explicó que el 29 de noviembre de 2019, “días antes del cambio de gobierno, el entonces interventor de YCRT, Omar Zeidán, efectuó la contratación de 417 agentes en planta permanente” y explicó que esas designaciones se fundamentaban “en supuestas ‘inversiones programadas’, las ‘inmejorables condiciones creadas por el gobierno’ de Macri y la necesidad de contar con mayor personal”.
Para Fernández, esos argumentos eran “todas falacias”, ya que “las actividades del complejo se encontraban virtualmente paralizadas por medidas de fuerza del personal y por el estado de crisis de la empresa”.
El funcionario sostuvo que no se tratan de despidos sino de revocar una resolución que es nula “de nulidad absoluta” firmada por la anterior gestión. Aníbal Fernández detalló que estas más de 400 designaciones “no responden a personal técnico ni a operarios sino que se tratan de personas vinculadas a la Políticas del espacio de Cambiemos”.
Para la Justicia, alrededor de YCRT existió una “maniobra defraudatoria” concretamente desde el “ex Ministerio de Planificación Federal, de YCRT y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de la Provincia de Santa Cruz, y su manejo a través de la Facultad Regional Santa Cruz (en adelante FRSC) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la “Fundación Facultad Regional Santa Cruz” (FRSC)”.
En la causa se estableció que se firmaron distintos convenios por 4.866.400.000 pesos, de los que se facturaron 1.379.923.949 pesos, de acuerdo a lo establecido por la Sindicatura General de la Nación. En consecuencia, el perjuicio a las arcas del Estado Nacional ascendió, “en principio y cuanto menos, a la suma de 176.074.373,92 pesos”. Por ese desvío De Vido fue preso, procesado y enviado a juicio.
A través de la mina de carbón que según el macrismo incrementó su planta de personal por encima de su capacidad: entre 2011-2015 se “sobredimensionó la planta llegando a poco más de 3.000 agentes”, señaló un informe de la gestión macrista. En números más finos señalaron que creció un 233% la planta mientras que “la producción de carbón fue de un 85% menos”.
Entre otras cosas, el interventor de YCRT explicó que al analizar legajo por legajo se detectó que muchos de los nombramientos “se habrían firmado en el Concejo Deliberante”. La mina de carbón santacruceña se encuentra improductiva desde agosto del año pasado por medidas de fuerza por reclamos gremiales.
En función de estos números, el ex interventor Omar Zeidán ordenó el despido de más de 245 operarios. Es Aníbal Fernández quien lo acusa ahora de nombramientos irregulares días previos a dejar la gestión. Hubo más alrededor de YCRT que será administrada por Fernández. La Justicia investigó diversos proyectos que se financiaron desde la empresa intervenida. Entre los cuales se encuentra la construcción de la Usina Térmica que la mina de carbón debe abastecer. Dicha obra, según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), llegó a incrementar su valor original en un 90,28%: fue adjudicada por U$S 857.341.128 y costó U$S 1.700 millones.
Hay un decisión ya tomada y que anticipó Alicia Kirchner: reactivar la obra de la Usina de Carbón de Río Turbio. La Justicia investiga la obra por sobreprecios; la causa la tiene el juez Luis Rodríguez. El gobierno anterior suspendió la obra porque el proyecto está además investigado por sobreprecios y la empresa constructora fue una de las que integró el caso Cuadernos. La obra no se concluyó aunque tenía un importante avance. Finalizarla demandará más de 240 millones de dólares. Debe ser abastecida para que funcione, por el carbón de YCRT que no logró repuntar su producción los últimos años, lo que dificultaba el funcionamiento de termoeléctrica.
La lista de proyectos bajo la lupa de la Justicia continúan. La causa central que puso sobre el tapete a YCRT inició con la denuncia del interventor de Cambiemos, Zeidán, que cuestionó el manejo de $ 26.000 millones, el presupuesto que el extinto Ministerio de Planificación Federal destinó a YCRT desde 2005 a 2015 para su modernización. La construcción del tren turístico por casi 443 millones de pesos, obra que nunca se terminó y se pagó parcialmente, también es parte de la investigación sobre el manejo de los fondos. Para su ejecución, en julio de 2014 se firmaron 453 convenios financiados por el Ministerio de Planificación.
Aníbal Fernández aseguró conocer estos frentes judiciales, pero asegura que no le preocupan. “Las cosas irán por el curso que corresponde, nosotros vamos a trabajar para darle orden institucional a la empresa, conseguir el financiamiento que necesita, lograr una mayor venta del carbón que produce. La empresa no tiene la culpa de lo que se esté investigando”, dijo a Clarín en su momento Aníbal Fernández. La propuesta de estar al frente de YCRT tiene un desafío aparejado respecto a la administración de sus fondos y recursos. Según la gestión de Cambiemos, la planta de personal durante el gobierno kirchnerista creció un 233% pero su producción cayó un 85%. Todo debe ser analizado y revisado por el flamante interventor.
Sobre la última partida presupuestaria proveniente de fondos por 26.000 millones de pesos. Fernandez dijo a este diario que con ese dinero solo llegan al mes de abril y que la mayor parte del presupuesto se destina al pago de salarios.