Se dio inicio al juicio por la Causa Mutual Modelo

Arrancaron las audiencias de otro juicio contra el exintendente de Paraná, Sergio Varisco. Se trata de una investigación que lo llevó a juicio acusado de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude al Estado. El hecho investigado es un adelanto compensatorio de 1,5 millones de pesos a la Mutual Modelo, que quedó trunco por decisión del propio intendente.

 

En la causa también comparecen además Walter Rolandelli (exsecretario de Legal y Técnica del Municipio de Paraná y actual concejal) y Miguel Picazzo (titular de la mutual).

En sus alegatos de apertura, las fiscales Cecilia Goyeneche y Patricia Yedro aseguraron que acreditarán durante el debate el ilícito aunque aseguraron que es probable que la acusación cambie el delito a peculado.

 

Por su parte, la defensa adelantó que pedirán las absoluciones salvo en el caso de Rolandelli, sobre quien los abogados pidieron que ni siquiera se lo acuse. “Rolandelli sólo emitió un dictamen que no es más que una opinión y no se puede criminalizar la opinión”, destacó Rubén Pagliotto, abogado co-defensor del actual concejal.

 

Pagliotto es defensor de Rolandelli junto a Damian Petenatti. Ambos defienden también al exintendente Varisco. Por su parte, a Picazzo lo defienden Emilio Fouces y Miguel Cullen.

 

“Estamos ante un no hecho”, expresó Cullen basándose en lo concreto: el adelanto compensatorio nunca se efectivizó y el dinero nunca salió del Municipio.

 

Eduardo Campdesuñe y Cristina Ruberto fueron los dos primeros testigos del juicio. El primero es contador general del Municipio, mientras que Ruberto fue la secretaria de Hacienda de la gestión Varisco. Básicamente, suena extraño que sean considerados testigos y no parte visto cómo se involucra a Rolandelli, quien elementalmente cumplió su rol de asesor del área competente pero no emitió dictamen alguno al respecto y de tal modo, solo plasmó una gestión concomitante a lo peticionado por el propio Campdesuñe según lo que versa en la documental hoy debatida.

 

Ambos intervinieron en los dos trámites que se iniciaron en el Municipio y que forman parte de la investigación. La mutual pidió un adelanto mediante una primera nota que logró avanzar en el expediente administrativo, pero que debió ser suspendido por el ingreso de un nuevo pedido que dejó nulo el anterior.

 

En el segundo pedido, la mutual incluyó una serie de inquietudes que tenían los funcionarios a la hora de asegurarse el cobro del dinero adelantado. Todo ocurrió en los primeros días de la gestión Varisco: entre diciembre del 2015 y febrero del 2016.

 

El Municipio funcionaba como un nexo entre la mutual y los empleados que accedían a financiamiento por parte de la mutual. El gobierno municipal le retenía las cuotas a los empleados y le giraba el dinero a la mutual.

 

En base a eso fue que solicitaron el adelanto para paliar la presunta situación crítica de la mutual en cuanto a lo financiero. Esto lo reconocieron ambos testigos, el dinero que la municipalidad le debía pagar a la mutual excedía el monto del adelanto y eso brindaría cierta garantía a la hora del recobro.

 

Pero para Campdesuñe esto no era suficiente y solicitó un seguro de caución. Se consultó a distintas aseguradoras que brindaron una respuesta negativa porque la ley les impide asegurar transacciones financieras.

 

Fue allí que Campdesuñe solicitó la intervención de Legal y Técnica requiriéndose asesoramiento jurídico a la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Rolandelli, quien opinó, -sin conferir por ello autorización o aval jurídico decisorio al ser una mera consideración en su función al frente del área precitada-, que en virtud de que el municipio “opera como agente de retención de la asociación mutual, y siendo que se cuenta con el fondo de ayudas económicas aprobado por el CUAD, cuyo monto resulta suficiente para garantizar el anticipo otorgado, cabría retener el proporcional del adelanto convenido en concepto de garantía”. Por ende… Rolandelli no adoptó posicionamiento decisorio alguno y solo se limitó a proporcionar un informe acorde a su investidura. Una lisa y llana opinión que no debería ser tomada como elemento condenatorio.

 

El trámite siguió adelante, pero la orden de pago, terminó siendo anulada, en tanto, la propia mutual inició otro expediente, esta vez adjuntando informes contables, los montos que preveía recaudar por retenciones que haría el municipio a sus empleados y un detalle de cuánto le debía cada trabajador y cómo se lo pagaría. Más allá de los detalles, la fiscal concebiría que esa maniobra tuvo por objeto “evitar la objeción” del contador.

 

De ese segundo expediente surgió la firma de un nuevo convenio, por el cual se dispuso el anticipo de 1.500.000 pesos; pero la Secretaría de Hacienda, a cargo de Cristina Ruberto, volvió a requerir consideraciones de Rolandelli, surgiendo como detalle irrefutable que se registraban antecedentes de haberse otorgado adelantos durante la gestión de José Carlos Halle y de Blanca Osuna, ambos oportunamente al frente del municipio.

 

Más allá de haber rubricado el acuerdo el propio intendente tampoco se concretó el pago porque el 7 de julio de 2017, luego de que el diputado provincial Gustavo Guzmán (Frente para la Victoria-Paraná) denunciara la maniobra, se emitió un decreto disponiendo la desafectación de la partida de dinero, aunque, el trámite no habría tenido la anulación preliminar y solo terminó “cajoneado”, en un diligenciamiento trunco inapropiado cuyo/a responsable debería hacerse cargo en lo concerniente a responsabilidades intrínsecas.

 

La fiscal Yedro sostuvo en su escrito de remisión de la causa a juicio que el anticipo financiero para la Mutual Modelo “encubría una simple detracción de fondos públicos para favorecer a un particular (la mentada mutual)” y advirtió que en los convenios celebrados entre el municipio y la mutual no se consignaban “las fechas de pago de la devolución del dinero prestado (ni) intereses –en el primer contrato y decreto suscriptos– o estableciendo una tasa sumamente preferencial en la segunda fase de la ejecución”.

 

La defensa esgrime una estrategia común y plantea que no se cometió ningún delito. En eso coinciden los abogados Rubén Pagliotto, que representa a Varisco y Rolandelli, y Emilio Fouces, defensor de Picazzo.

 

Del mismo modo, confirman que los anteriores intendentes hicieron operatorias similares, tanto José Carlos Halle como Blanca Osuna; y plantean que en el presupuesto municipal estaba contemplado un ítem que se denomina “adelanto a mutuales”, es decir, se trata de un adelanto de dinero que ya estaba previsto, explican.