Rechazo de ADEPA a la creación de un “tribunal de ética” contra el lawfare
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó este viernes la iniciativa internacional, que cuenta con el impulso de sectores kirchneristas, para crear un tribunal ético contra el lawfare porque “parte de la hipótesis de una supuesta estrategia orquestada entre sectores del Poder Judicial y la prensa, con objetivos ajenos a los de sus respectivas funciones en la sociedad”.
“ADEPA manifiesta su preocupación, y adelanta su absoluto rechazo, ante el anuncio de la creación, por parte de sectores vinculados a la defensa de políticos y funcionarios, de un tribunal de ética para el juzgamiento del lawfare, con sede en Madrid pero con implicancias locales, y que incluye el cuestionamiento, ya anticipado, de la labor de periodistas”, expresó la entidad a través de un comunicado.
La entidad rechazó cualquier avance contra la labor de los trabajadores de prensa porque, recordó, “el trabajo de distintos medios y periodistas en la Argentina permitió que se destaparan grandes tramas de corrupción y que la Justicia avanzara luego en su esclarecimiento, como sucede desde hace décadas en todas las democracias modernas”.
“Este autoproclamado tribunal del lawfare parte de la hipótesis de una supuesta estrategia orquestada entre sectores del Poder Judicial y la prensa, con objetivos ajenos a los de sus respectivas funciones en la sociedad. Sin autoridad alguna, pretende determinar lo que denomina ‘distorsiones a la verdad’. Y llega incluso a mencionar nombres de periodistas de reconocida trayectoria, con un claro objetivo de represalia y estigmatización”, repudió ADEPA.
Además, consideró que con el “proyecto de este insólito ‘tribunal ético'”, se “reflota esa intención de avanzar contra la libertad de prensa, que se plasmó anteriormente en “la trasnochada idea de establecer una Conadep del periodismo, como también en su momento acciones similares como el ‘juicio popular’ contra periodistas en Plaza de Mayo encabezado por Hebe de Bonafini”.
“En el terreno de la prensa, persigue el mismo objetivo: deslegitimar la labor periodística y perseguir a quienes quieren investigar y denunciar al poder, que es una de las funciones básicas del periodismo profesional”, denunciaron desde ADEPA.
El pronunciamiento de la entidad se produjo ante las gestiones en marcha para constituir un tribunal internacional, con sede en Madrid, para juzgar las investigaciones periodísticas y los procesos judiciales que sean interpretadas como maniobras de persecución (lawfare).
La iniciativa la llevan adelante el Instituto lawfare de San Pablo, que tiene a los abogados defensores del expresidente Luiz Inácio “Lula” Da Silva, y el Common Action Forum de los países de África. Según se informó, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat (referente de sectores kirchneristas) presidirá el tribunal, que además estará conformado por el exjuez español Baltasar Garzón, entre otros.
Al respecto, Barcesat explicó recientemente que “la actividad va a ser poder mostrar cómo se ha introducido esta práctica perversa del lawfare, que es la persecución judicial o guerra judicial, que es una manera nueva de destruir al enemigo no tan notoria, no tan generadora de efectos secundarios y adversos como pueden serlo otras prácticas destructivas”.
“El lawfare efectivamente es una práctica que involucra a los servicios de inteligencia, al poder económico dominante, al periodismo hegemónico y a sus expositores más comprometidos y esencialmente la pata podrida de la administración de Justicia”, detalló el letrado en declaraciones radiales.
En noviembre pasado, el papa Francisco criticó el “uso arbitrario” de la prisión preventiva y denunció el “lawfare” contra “dirigentes políticos”.
“Lamentablemente, en los años transcurridos desde entonces, la situación se ha agravado en algunos países y regiones donde el número de detenidos sin condena ya supera ampliamente el cincuenta por ciento de la población carcelaria”, señaló el Sumo Pontífice ante miembros de la Asociación Internacional de Derecho Penal.
En la Argentina, ese término se convirtió en uno de los principales argumentos de quienes cuestionan la marcha de las causas judiciales contra exfuncionarios y dirigentes del kirchnerismo.
Incluso, la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció ser víctima de un proceso de lawfare, al exponer ante los magistrados del Tribunal Oral Federal Número 2 que la investigan por las presuntas irregularidades en más de 50 contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
En su declaración, el pasado 2 de diciembre, la expresidenta aseguró que las acusaciones en su contra representaban una “clase magistral de lawfare” y manifestó: “Quienes no sepan de qué se trata, se trata de perseguir a dirigentes políticos. Seguramente tienen la sentencia ya escrito”.