La Provincia consolida propuestas académicas para la inclusión de las personas con discapacidad
A partir de un fuerte trabajo de articulación entre el Gobierno provincial, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y distintos actores de la sociedad civil se llevó adelante recientemente la Diplomatura de Extensión en Discapacidad y Derechos Humanos.
Denominada Aproximaciones teóricas, técnicas y políticas para la construcción de prácticas inclusivas, esta diplomatura se trata de una propuesta de formación surgida de la Comisión de Familia y Niñez del Consejo de Políticas Sociales, que es un espacio impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Laura Stratta, junto a la casa de altos estudios.
La Diplomatura se planteó en tres módulos, que fueron dictados por profesionales de diferentes disciplinas. El primero fue Discapacidad y Derechos Humanos, el segundo Capacidad jurídica y Sistemas de apoyo de las personas con discapacidad y el tercero Discapacidad y Comunidad: Construcción de ciudadanía, que estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi). Los módulos presenciales fueron alternados con instancias de trabajo virtual.
El programa tiene como objetivo generar un espacio de formación teórico metodológico para el abordaje de las concepciones y paradigmas existentes en el campo de la discapacidad, desde un posicionamiento crítico que permita repensar las prácticas institucionales y comunitarias. Paralelamente tiene como propósito promover la integración interdisciplinaria, como así también la cooperación y el trabajo en redes, propiciando el intercambio y el diálogo de saberes y conocimientos entre actores de las organizaciones de la sociedad civil, organismos estatales e instituciones públicas y privadas.
Género, sexualidades y discapacidad
Una de las instancias de formación estuvo a cargo de la profesora Mónica Fassoni y de Lucy Grimalt, responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, donde se trabajó en torno a género, sexualidades y discapacidad.
“En el tercer módulo uno de los ejes temáticos era género y discapacidad. Lo abordamos a la construcción del género de la discapacidad desde el punto de vista del proceso de menstruación, por un lado, y por otro desde una perspectiva sociocultural. Por un lado cómo se va construyendo como hombre y mujer la persona y por otro qué identidad social le da la cultura a las personas con discapacidad. Trabajamos la construcción de la identidad social de la persona con discapacidad, y la identidad sexual, cómo se construye. Allí abordamos todos los mitos. Otra propuesta fue sexualidades eróticas diversas, y lo último que planteamos fue discriminación”, detalló Fassoni.
“Nuestro objetivo es que la gente se vaya con nuevas preguntas, no con todas las respuestas. Porque generalmente en estas temáticas la gente tiene un montón de ideas cerradas en base a los prejuicios”, agregó.
Grimalt, por su parte, destacó la buena recepción de la propuesta y se refirió a los ejes abordados: “Trabajamos desde los derechos sexuales y reproductivos cuáles son las políticas que estamos llevando adelante, en este caso desde el Ministerio de Salud, que tienen que ver con anticoncepción, el derecho a tener hijos o no tenerlos, y toda la normativa. Y también abordamos una de las problemáticas más acuciantes, donde a veces se vulneran los derechos sexuales, que tiene que ver con las violencias”.
Categorización de las instituciones en la Provincia
La Junta Evaluadora de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, también llamada Junta Categorizadora, funciona bajo la órbita del Iprodi y está conformada por profesionales de distintas disciplinas: médico, trabajador social o asistente social, psicólogo y arquitecto. La categorización, trámite que en la provincia realiza dicha Junta, es la acreditación del cumplimiento de los requisitos de organización y funcionamiento de los establecimientos de atención y/o rehabilitación, en una solicitud que es de carácter voluntario.
En ese marco, desde el espacio dependiente del Iprodi brindaron uno de los ejes de la Diplomatura, donde se relató el trabajo realizado por parte de la la psicóloga Sofía Rothman, la arquitecta Cecilia Bonino y la técnica en Higiene y Seguridad Mónica Sánchez Méndez.
“Nosotros hablamos sobre qué es categorizar, lo cual es diferente a habilitar, que es la duda que se le plantea a la gente. Explicamos que era un trámite voluntario. Después las leyes en las cuales nos basamos para categorizar y en qué leyes se basa esta documentación. Yo particularmente hablé de prestaciones, qué es estimulación temprana, centro educativo terapéutico, formación laboral, residencia, hogar. Había instituciones y profesionales, y la gente se vio interesada”, explicó Rothman.
Discapacidad e inserción laboral
La abogada Elena Salomón, secretaria de Superintendencia Nº 1, y el ingeniero Joaquín Uranga, director de Gestión Humana del Poder Judicial de Entre Ríos, disertaron sobre una iniciativa para la inserción de personas con discapacidad en la justicia provincial.
“Fuimos convocados para desarrollar una política pública en particular, que es la elaboración de un reglamento que promueve el ingreso de personas con discapacidad el Poder Judicial. La inquietud que tuvimos en ese momento fue a referirnos específicamente a cómo fue el proceso de laboración de esa política”, detalló Salomón.
Durante la jornada se buscó relatar la experiencia para reflexionar en torno a la inserción laboral de las personas con discapacidad.
“La impresión fue muy buena en términos generales. Nos gratificó mucho el hecho de que hubiera un público tan heterogéneo, y hubo una buena recepción”, agregó.
Políticas públicas
Andrea Nassivera, directora del Programa Federal Incluir Salud, estuvo junto a la directora del Iprodi, Cristina Ponce, disertando sobre Políticas Públicas y Discapacidad. “Pensamos en dos etapas, una en el contexto nacional y el sistema federal, y una segunda etapa a cargo de Cristina Ponce, donde se evaluaron las políticas en Entre Ríos. Avanzamos en analizar la normativa internacional, hacer un balance de la Convención de las Personas con Discapacidad y desde allí bajamos al análisis a las normativas nacionales. Evaluamos desde qué modelo de discapacidad fueron dictadas. Y luego un recorrido histórico sobre los actores, hasta llegar a la Agencia Nacional de Discapacidad”, precisó.
En el módulo de trabajo se analizaron junto a los estudiantes dos políticas públicas concretas: el sistema de Pensiones No Contributivas, que en los últimos años atravesó problemas por una serie de recortes, y el programa Incluir Salud. “Estuvo lindo, participaron los alumnos y nos fuimos contentos con esta instancia”, expresó.
Consejo de Políticas Sociales
Cabe señalar que uno de los encuentros del tercer módulo estuvo a cargo del Consejo de Políticas Sociales (CPS), que depende del Ministerio de Desarrollo Social y constituye un espacio de diálogo para establecer cuáles son las acciones prioritarias para definir estrategias de abordaje, metodologías de trabajo y perspectivas de intervención territorial mediante políticas sociales. Del encuentro participaron nueve entidades nucleadas en las cinco comisiones que conforman el Consejo, entre las que se encuentran organizaciones civiles, empresas, universidades, sindicatos, instituciones religiosas y diferentes organismos.
Fuente: Prensa Ministerio de Desarrollo Social.-