Petroleras rechazaron pedido de recomposición salarial del sindicato
Las empresas de hidrocarburos se negaron a pagar una recomposición pedida por el sindicato. La crisis en el sector de biocombustibles provocó suspensiones y adelanto de vacaciones. Hubo 20 despidos en la multinacional malaya Petronas.
Con más de 1.000 trabajadores suspendidos en Vaca Muerta y con los planes de inversión para 2020 bajo revisión, las compañías de hidrocarburos afirmaron que no están en condiciones de acceder al reclamo gremial.
Según revelaron fuentes del sector a Ámbito, la reunión entre empresarios y sindicalistas celebrada el martes en la Secretaría de Trabajo no llegó a un acuerdo. Todo lo contrario, integrantes de la mesa de discusión dijeron que las cámaras patronales no están dispuestas a incrementar los salarios hasta que venza el DNU 566/2019, el próximo 14 de noviembre, si es que el Gobierno nacional no lo prorroga.
A fines de septiembre el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa que lidera Guillermo Pereyra reclamó a la cartera laboral que convoque a un encuentro para ejecutar la cláusula de revisión por la suba de precios establecida en el acuerdo paritario vigente.
El convenio para 2019 fue firmado la primera semana mayo. Estableció una suba no acumulativa de 10% en junio, 9% en noviembre y 9% en febrero del año que viene y una cláusula no automática de ajuste a discutir este mes y en marzo de 2020.
Según los gremialistas, la inflación acumulada entre abril y octubre ya supera el 27%, por lo que el desfasaje salarial que ronda el 17%. Los empresarios se limitaron a ofrecer los $5.000 obligatorios que fijó el Gobierno nacional. “Que se guarden el bono, nosotros no vamos a aceptar un bono que pueden pagar los empresarios en hasta cinco cuotas de $ 1.000”, replicó Pereyra de antemano.
“Ese acuerdo devino abstracto tras la devaluación de agosto con lo que se inició un reclamo de actualización”, afirmaron desde la entidad gremial. “Pediremos no solo que se adelante el 9% previsto para noviembre, sino que haya una compensación del 13% para poder atenuar la disparada inflacionaria de este año”, agregó Pereyra.
El sindicato recordó que el año pasado sellaron un incremento de 40% y cuando en mayo pasado detectaron que el costo de vida había llegado a 54%, los empresarios aceptaron abonar la diferencia. Ahora, los ejecutivos argumentan dificultades para operar con un precio de venta congelado en torno a un dólar por $49, con costos de producción con un tipo de cambio por arriba de $60. En este marco, desde el gremio ya preparan medidas de fuerza. Es inminente volver al estado de alerta y movilización.
Fuentes sindicales confirmó que se adelantó la próxima reunión paritaria al viernes siguiente al mediodía en la Secretaría de Trabajo.
El lunes el senador neuquino Pereyra presentó un proyecto de ley para blindar Vaca Muerta. “Necesitamos seguridad jurídica para que lleguen las inversiones, porque cuando estaba comenzando a despegar la actividad con anuncios de más de u$s8.000 millones para el año próximo, salen desde Nación con el Decreto 566 y prácticamente han paralizado la actividad”, dijo durante una recorrida de campaña por Centenario. “(Las empresas) están bajando equipos y solo hay suspensión de trabajadores porque desde el sindicato hemos frenado los despidos”, recordó.
En plan de lucha se encuentra una veintena de trabajadores de la multinacional malaya Petronas, que en mayo último cerró su fábrica de lubricantes de Quilmes. “La empresa cerró su planta de Ezpeleta de forma ilegal, sin ninguna presentación de Preventivo de Crisis alegando que no le querían seguir alquilado el predio, con esa excusa nos despidió, dejando a nuestras familias sin su sustento”, alertaron los desplazados.
Solo un puñado de empleados de supervisión de laboratorio fue reubicado en Dapsa (YPF), en un predio ubicado en el Polo Petroquímico de Avellaneda. Los despedidos dicen que Petronas “tercerizó” su producción en Dock Sud y que hay trabajo para hacer.
El rubro de los biocombustibles también está en crisis. La Federación que agrupa a los empleados del sector denunció suspensiones, plantas pymes paralizadas y caída de salarios. Los sindicalistas aseguran que todavía se adeudan sueldos de agosto, cuando comenzó a regir el congelamiento de precios, y septiembre. En Entre Ríos, la empresa Bio Nogoyá adelantó vacaciones a 14 operarios para evitar despedirlos. En Bio Bahía, de la localidad de Bahía Blanca, son 60 los suspendidos.
“Tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación y nos encontramos con que las empresas del biodiesel no pueden producir, no se pueden poner en marcha”, alertó a la FMI 93.9 Gabriel Matarazzo, de la comisión directiva del FASPGyBio. Por ahora, las autoridades solo abrieron una “mesa de diálogo” y convocaron a las partes a otra reunión para el jueves 10 de octubre.
Mario Lavia, secretario gremial, dijo que ya hay una promesa de pagar lo adeudado. Quedó latente el bloqueo de cargas de biocombustibles a las grandes empresas productoras, que durante septiembre abastecieron de biodiesel a las petroleras a un precio muy por encima del fijado por Gustavo Lopetegui, y provocó la crisis en las pymes.
Por el congelamiento de precios y los altos costos en moneda extranjera, muchas pequeñas productoras de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa paralizaron sus actividades en el último mes. Se quejan de que el Gobierno nacional no actualizó los valores de venta correctamente (piden $41.000 por tonelada de biodiesel y hoy se paga $35.000) y que ante la falta de producto las refinarías fueron a comprar biocombustibles a los aceiteros exportadores, sin cumplir el cupo establecido por ley para las pymes nacionales. “Acá hay un problema de fondo que es la dolarización de la energía”, remarcó Matarazzo.