Más que nunca, la Justicia cuestionada… Rosario, la ciudad de la furia
En un clima de extrema tensión e indignación por parte de los familiares de las 22 víctimas de la explosión por un escape de gas que ocurrió en Rosario el 6 de agosto de 2013, el tribunal condenó al gasista que intervino el día de la tragedia y absolvió al resto de los diez imputados, entre ellos los cinco empleados y gerentes de la empresa concesionara Litoral Gas.
Cuando se conoció poco después de las 15 el fallo del tribunal, integrado por los jueces Marcela Canavesio, Carlos Leiva y Rodolfo Zavala, los familiares de Débora Gianángelo, que fueron los únicos querellantes por parte de los familiares de las víctimas -el resto selló un acuerdo económico a cambio de levantar la demanda-, quedaron absortos, cargados de bronca e indignación. “Esto es la corrupción”, gritó Adrián, hermano de Débora. “Hay jueces corruptos y la sociedad no está acá. Acá solo están las familias de las víctimas”, dijo el joven estudiante de Derecho.
Las críticas contra el tribunal de parte de los Gianángelo y el resto de los familiares de los fallecidos se centró en que el único condenado por “estrago culposo agravado” fue el gasista Carlos García, quien intervino en el edificio de Salta 2141, en pleno centro de Rosario, el día que se produjo la masiva fuga de gas que provocó la explosión.
El resto de los imputados fueron absueltos, entre ellos, Pablo Miño, el ayudante del gasista García; José Luis Allala, un gasista que realizó trabajos previos en el edificio. También fueron absueltos Norma Bauer, Mariela Calvillo y Carlos Repupilli, responsables de la administración del edificio; los reclamistas de la firma Litoral Gas Guillermo Oller, Luis Curaba y Gerardo Bolaño, y Claudio Tonucci, jefe de mantenimiento de redes de la empresa y Viviana Leegstra, gerenta técnica de Litoral Gas.
Cuando comenzó el juicio en mayo pasado, la fiscal Graciela Argüelles pidió la pena máxima de cinco años para nueve de los 11 imputados, luego de una extensa investigación que enfrentó un proceso atípico con la decisión de 20 querellantes que decidieron dar un paso al costado tras llegar a acuerdos económicos. Los únicos que quedaron al frente de la querella fueron los familiares de la joven Débora Gianángelo, que enfrentaron muchísimas dificultades y presiones. Se quedaron sin abogados un mes antes del juicio.
El dolor de esta familia se transformó en bronca y derivó en incidentes entre los propios familiares de las víctimas. Uno de los parientes de Gianángelo gritó a los otros familiares “Acá se vendió la sangre de los muertos”. Esto generó que la policía tuviera que separar a los familiares y rodear a Adrián, hermano de Débora, para evitar que el conflicto se agravara.
“Vamos a acompañar a García, a quienes visitaremos en prisión, donde le vamos a llevar de comer. Es un chivo expiatorio de una manga de cómplices. Es el maquinista de la tragedia de Once; es el hilo que se cortó por lo más delgado”, expresó Marcela Nissoria, familiar de una de las víctimas, quien explicó que levantó la querella porque los abogados les decían que “iban a ir contra los familiares”. “Caímos en la trampa de algunos abogados. Temíamos que íbamos a perder todo. Me bajé de la querella pero no de la lucha”.
La fiscal Graciela Arguelles, que estuvo al frente de la investigación, admitió que el fallo dejó “mudos” a todos los miembros del equipo del Ministerio Público. “No esperábamos esta sentencia. Y vamos a apelar, incluso a un nivel internacional. Había pruebas válidas para una condena. Vamos a esperar los fundamentos que se conocerán a principios de agosto”, apuntó la funcionaria.
La teoría de la Fiscalía era que la explosión fue la consecuencia de una serie de negligencias en la que participaron los gasistas que trabajaban en el edificio durante la mañana del siniestro, los administradores del consorcio y personal de la empresa Litoral Gas.
Gustavo Peirone, abogado de los empleados de la empresa Litoral Gas, sostuvo que “la sentencia se basó en las tres pericias y los informes del Enargas formaron la idea del tribunal. El estrago se produce por una actividad clandestina que la empresa no sabía”.
Antes de leer la sentencia, la jueza Marcela Canavesio destacó: “No estamos ajenos a tal conmoción social. Se ha configurado la mayor catástrofe de la historia de la ciudad que enlutó a la comunidad”.
“Se discute quienes produjeron un estrago para poner en peligro de muerte a la gente. Buscamos fundamentos. Acá fallaron los eslabones de responsabilidad y hubo contradicción”, aseguró la magistrada.
La explosión se produjo luego de un escape de gas masivo, mientras el técnico Carlos García intentaba cambiar un regulador. Desde Litoral Gas se explicó que el especialista no llamó antes a la empresa para que se corte el suministro de gas, como norma de procedimiento. Y a raíz de eso, se habría generado la acumulación de gas y la posterior explosión.
El siniestro ocurrió poco después de las 9.30 de la mañana, en el complejo de departamentos ubicado en Salta 2141. Mientras que una de las torres quedó destruida por la explosión, las otras dos fueron demolidas y el lugar expropiado por el Estado. En ese terreno se levantará un edificio en el que convivirá un instituto de música y un memorial destinado a recordar a las víctimas de la tragedia que enlutó a toda la Argentina.