Ordenan liberar a Juan Pablo Aguilera
La jueza Marina Barbagelata dispuso la libertad de Juan Pablo Aguilera, su cuñado Alejandro Almada y el contador Sergio Cardoso, imputados en la causa donde se investiga un millonario desfalco a través de contrataciones irregulares en la Legislatura.
En rigor, la magistrada rechazó el pedido de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry para prorrogar la prisión preventiva por considerar que ya no tienen capacidad para obstruir la investigación, dado que se han tomado las declaraciones a testigos, se recolectó gran cantidad de prueba y lo que resta para elevar la causa a juicio es que la Legislatura remita una documentación que ha sido solicitada y sobre la cual ellos no pueden interferir. Por lo tanto, se dispuso el cese del encarcelamiento y su inmediata libertad.
Aguilera y Almada eran los únicos imputados que se encontraban detenidos en la unidad penal. En la audiencia, los fiscales solicitaron una prórroga de la prisión por 37 días, debido a que integraban “una organización delictiva que continúa funcionando” y, por lo tanto, podrían llegar a entorpecer la investigación. Del mismo modo lo plantearon respecto de Cardoso, ex director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, que se encontraba bajo arresto domiciliario.
Sin embargo, esta vez la jueza rechazó su planteo confirman los colegas de Página Judicial. Dijo que “han pasado cuatro meses y medio desde el inicio de la investigación y, según han dicho los fiscales en la audiencia, lo que queda pendiente antes de la elevación de la causa a juicio es la remisión de una documental que ha sido solicitada al Poder Legislativo”.
Hubo, por cierto, una queja de los fiscales por la demora en la entrega de la documentación solicitada a la Legislatura. Según dijeron, la Cámara de Diputados no ha remitido información de contrataciones de cuatro años y la Cámara de Senadores adeuda informes de seis años, correspondientes al período comprendido entre 2008 y 2014. “Resulta imperioso contar con esa información para terminar la investigación”, resaltaron. “Estamos trabajando en la elevación a juicio, pero no podemos avanzar y cerrar la investigación si no nos envían lo que nos deben”, agregaron.
De todas maneras, la jueza Barbagelata consideró que “esa prueba no puede ser modificada por los imputados porque quienes tienen la facultad de disponer su entrega están por encima de ellos en la estructura administrativa”.
Los fiscales consideran a Aguilera como la cabeza de una organización que habría perpetrado el caso de corrupción más escandaloso de la historia entrerriana, un desfalco millonario a través de contrataciones irregulares en la Legislatura, entre 2008 y 2018, con la participación de funcionarios públicos y estudios contables.
La jueza consideró que ha cesado el riesgo procesal y por eso decidió no prorrogar la prisión preventiva, pero dispuso una serie de restricciones respecto de Aguilera, Amada y Cardoso: no podrán cambiar de domicilio ni ausentarse de la ciudad sin aviso a los fiscales o autorización judicial, tendrán que presentarse dos veces por semana en una comisaría; se les prohibió el contacto con los contratantes y con quienes tengan vinculación con el trámite burocrático de suscripción, pago o provisión de contratos e incluso con auditores del Tribunal de Cuentas; y tampoco podrán ingresar a Casa de Gobierno ni a dependencias de la Legislatura hasta que se remita la documentación que reclaman los fiscales.
Así las cosas, las únicas personas que permanecen con prisión preventiva son los contadores Gustavo Hernán Pérez y Roberto Ariel Faure, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario. Tras la audiencia, sus defensores adelantaron a los colegas de Página Judicial que solicitarán la revisión de esa medida y su excarcelación.