Denuncian que empleado de Dietrich tiene dos offshore en Panamá
La presentación judicial fue hecha por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Se lo acusa de “incumplimiento de funcionario público, usurpación y abuso de la autoridad”. El funcionario tuvo una gestión clave en la apertura del aeropuerto de El Palomar.
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), encabezada por Pablo Biró, denunció ante la Justicia a Pedro Sorop, empleado del Ministerio de Transporte, con una función clave en la puesta en marcha del aeropuerto de El Palomar, por contar con dos offshore en Panamá y cobrar un sueldo sin estar designado, con el objetivo de ocultar su patrimonio.
En la acusación, que cayó en manos del juez Sebastián Ramos, se lo apuntó a él junto a otros funcionarios de Cambiemos de “incumplimiento de deberes de funcionario público, usurpación y abuso de autoridad”.
A su vez, según trascendió, no tiene ninguna formación ni experiencia en temas en los cuales la cartera a la que pertenece debe desarrollar. De hecho, anteriormente era director de ventas y marketing de Microsoft.
Sorop, de estrechos vínculos con Guillermo Dietrich, participa de reuniones con él, es clave detrás del proyecto del controvertido aeropuerto de El Palomar.
En una ocasión, afirmó que “habría menos ruido y contaminación que con los pocos vuelos militares que hubo históricamente allí”.
Su nombre ya había estado en el ojo de la tormenta cuando nunca pudo explicar cómo sabía un día antes que la jueza Martina Forns ordenaría levantar la cautelar para permitir que El Palomar pueda operar.
El funcionario nunca pudo aclarar cómo es que sabía antes que nadie que 24 horas más tarde la magistrada iba a dejar sin efecto la medida cautelar que impedía el uso comercial sin dejar ver a los vecinos denunciantes los informes ambientales presentados por el gobierno nacional.
Luego se supo que esos relevamientos, que no constituyen el Procedimiento de Evaluación Ambiental exigido por la Ley General del Ambiente, estaban plagados de irregularidades.
Incluso, pesa una acusación sobre que los mismos fueron confeccionados por un licenciado no habilitado, llamado Pablo Cesar Durán.
Se suma que días antes el ministro Dietrich junto al titular del ORSNA, Patricio Di Stefano, se presentaron en el aeropuerto acompañados por los intendentes de Morón, Ramiro Tagliaferro y de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.
Durante la visita, se los vio sumamente distendidos con gestos sonrientes, a pesar de que nada indicaba que El Palomar iba a ser habilitado. Esta situación fue interpretada por los vecinos como una prueba más de que todo estaba resuelto entre el gobierno y la justicia.
La empresa low cost ni siquiera dejó de vender pasajes durante el período que estuvo vigente la medida judicial entre el 10 de enero y el 1 de febrero de 2018. Asimismo, también se benefició el holding Aeropuertos Argentina 2000 que embolsó unos U$S 500 millones de dólares en Wall Street ese mismo día.
En la presentación judicial de APLA, se acusa a Sorop de ser socio en una compañía offshore, radicada en Panamá, con el CEO de Despegar SA, empresa que vende pasajes aéreos de Aerolíneas Argentinas, entre otras empresas, por las que cobra importantes comisiones.
Además, aportan pruebas que evidencian que figura como “socio, director y tesorero de la empresa International Real State Business SA” que está radicada en Panamá.
El vínculo surge en su calidad de “accionista, director y presidente de la compañía off shore White Towers International SA”, con domicilio en el país centroamericano donde además figura como “socio, director y tesorero” Damián Leonardo Scokin, CEO de Despegar SA que comercializa los pasajes de Aerolíneas y que saca “cuantiosas comisiones”.
Hasta 2016, Scokin formaba parte del directorio de LAN Argentina hasta que la SEC (Securities & Exchange Commission) de los Estados Unidos le aplicó una multa millonaria en dólares por “prácticas corruptas” entre 2006 y 2007.
Entonces fue reemplazado por el recientemente designado secretario de Energía, Gustavo Lopetegui (CEO de LAN Argentina hasta el 10 de diciembre de 2015) y, según reza en la denuncia penal, “ambos pertenecieron a la consultora McKinsey”. Esta empresa en 2016 asesoró al gobierno de manera reservada en la elaboración de la nueva ley de comunicaciones por alrededor de un millón de dólares.
Como si fuera poco, denunciaron que cobra sueldo del gobierno nacional sin estar oficialmente designado como empleado de la administración pública. Esto sería para eximirlo de presentar declaraciones juradas, dejarlo fuera de las investigaciones de la Oficina Anticorrupción y permitirle ocultar su verdadero patrimonio.
Otro dato llamativo, es que a veces se presenta como Jefe de Gabinete del ministerio de Transporte y otras como Coordinador.