El Gobierno de San Luis demandó a la Nación, a la Secretaría de Energía y al ENERGAS
El Gobierno de la provincia de San Luis, en el día de hoy, presentó ante la Justicia Federal una demanda contra el Estado nacional, la Secretaría de Energía de la Nación y el ENERGAS por el incremento excesivo en las tarifas de gas que impulsa la gestión de Mauricio Macri.
Eduardo Allende, fiscal de Estado de San Luis y Alberto Montiel Díaz, jefe del Programa Defensa al Consumidor, presentaron un amparo judicial en cuestionan la maniobra impulsada por el gobierno nacional. La presentación se ampara en los términos previstos al artículo 43 de la Constitución Nacional, detallando que el aumento es “inconstitucional e inaplicable”.
Alberto Rodriguez Saá se hizo eco de esta demanda y comentó que su iniciativa fue gracias a una acción colectiva que pretende extender los efectos a todos los clientes, usuarios y beneficiarios, pasando también por instituciones públicas provinciales. Específicamente, la demanda se relaciona con el precio del gas, pero la ola de tarifazos también llegó a la luz y el agua.
Los detalles de la presentación radican en el pedido de inconstitucionalidad de las normas y acuerdos que autorizan la dolarización del precio en la adquisición del gas por parte de las empresas, y que ellas trasladen esos costos a la tarifa final. Para el gobierno de San Luis, la determinación es una ofensa a los derechos del consumidor en los artículos 1°, 14°, 16°, 17°, 42° y 75° inc. 22° estipulados en la Constitución Nacional.
“El aumento del gas se produce por una decisión del Estado nacional de devaluar la moneda nacional y las consecuencias no pueden ser soportadas, sin más, por los usuarios del servicio público en forma exclusiva. Se afecta la razonabilidad, gradualidad y racionalidad, que fueron criterios de validez y legalidad de las tarifas de servicios públicos impuestos por la Corte Suprema de Justicia en sus recientes fallos”, puntualizó el jefe del Programa Defensa al Consumidor, Alberto Montiel Díaz.
El aumento atado a la devaluación para Eduardo Allende, el fiscal de Estado de San Luis: “No tiene respaldo legal y violenta no sólo la valoración político-constitucional de la moneda como manifestación de soberanía, sino lo dispuesto como nuevo paradigma en el inciso 19 del artículo 75, conocido también como la ‘Cláusula del progreso económico y social’, donde se establece que ‘corresponde al Congreso proveer lo conducente a la defensa del valor de la moneda”, aseguró.
La querella presentada por el Estado de San Luis es significativa desde el punto legal, frente a la fuerte crisis que atraviesa la República Argentina. Además, del aumento del gas, en la provincia de Buenos Aires, gobernada por María Eugenia Vidal, tuvo un aumento en la tarifa de electricidad para paliar los gastos empresariales.