Causa Correo Argentino: Imputaron a Laura Alonso por dictar una resolución que desvinculó a Mauricio Macri
La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, fue imputada penalmente para ser investigada por una resolución en la que desvinculó al presidente de la Nación, Mauricio Macri, de haber cometido alguna falta ética en la causa del Correo Argentino, en la que están involucrados intereses de su familia.
Fuentes judiciales informaron que la fiscal federal Paloma Ochoa abrió formalmente una causa a instancias de una denuncia que presentaron diputados nacionales del Frente Renovador contra Alonso por los posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia.
La causa está a cargo de la jueza federal María Servini, a quien la fiscal ya le pidió las primeras medidas de prueba del expediente.
Los legisladores nacionales Graciela Camaño, Alejandro Grandinetti y Cecilia Moreau denunciaron el 17 de octubre pasado a Alonso por haber dictado la resolución 2018-24 “cuya evidente finalidad perseguía desligar de responsabilidades” a Macri, al ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, y al entonces director general de Asuntos Jurídicos de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa.
La titular de la OA sostuvo en su dictamen de junio pasado que ninguno de los tres cometió alguna falta ética en su intervención en el caso.
Se trata de un expediente comercial por la deuda que el Correo Argentino -una empresa de la familia Macri- tiene con el estado por originalmente 296 millones de pesos cuando en 2001 dejó de pagar el canon por la privatización.
El gobierno de Macri llegó a un acuerdo con la compañía para pagar la deuda. Pero la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, se opuso y pidió rechazarlo por “abusivo y perjudicial” para el estado porque implicaba una quita del 98,2% de la deuda ya que no se le aplicaban intereses y así la condonación a la empresa alcanzaba 4.227 millones de pesos.
Finalmente, el gobierno retiró la propuesta tras las críticas que recibió, entre ellas del Frente Renovador.
Por el caso se abrieron varios expedientes. Uno de ellos penal en el que Macri y Aguad, entre otros, están imputados. Otro interno en la Procuración del Tesoro de la Nación que rechazó que los abogados del estado hayan cometido alguna irregularidad en el caso.
Alonso analizó el caso en base a la ley de ética pública. Sostuvo que “no se advierte en el caso ninguna vulneración a las normas de ética en el ejercicio de la función pública por parte del Señor Presidente de la Nación”.
Explicó que cuando se hizo el acuerdo Macri no tenía intereses financieros en Socma Americana -la empresa de la familia Macri que controla Sideco Americana, la compañía que tiene el Correo- y que de la causa comercial no surge que haya tenido intervención. Agregó que Macri dejó en 2009 las acciones de Socma y se las transfirió a sus tres hijos.
La OA sí le indicó a Macri que se debía abstener de intervenir en las causas del Correo en las que el estado nacional sea parte. Así lo hizo en otro expediente que fue cerrado por la vicepresidenta, Gabriela Michetti.
Pero los diputados del Frente Renovador objetaron en tribunales el dictamen. Señalaron que Alonso “soslayó deliberadamente información que comprometía al Sr. Presidente de la Nación”. Sobre el punto explicaron que en 2014 Macri sostuvo en su declaración jurada que tenía acciones, cuotas y participaciones sociales sin cotización de Socma en el país y que tenía desde 2001.
“El Sr. Presidente no contaba con la facultad de tomar decisiones sobre la empresa que tuvo durante tantos años y continúa teniendo a su cargo, es decir que, hubo faltas a la ley de ética pública en cuanto a la decisión de aceptar la oferta de la empresa controlada por el holding de la familia del presidente, que buscaba saldar su deuda con el estado de su concurso preventivo”, sostuvieron los legisladores en su denuncia.
Así, entendieron que Alonso “incumplió con sus deberes como Titular de la Oficina Anticorrupción, quien lógicamente y por imperativo de su cargo y función debe realizar una labor profunda y detallada de investigación, y no un ´copia y pega´ de resoluciones de otras instituciones, tomando en cuenta cuestiones que le son convenientes, según su criterio, y desestimando aquellas que perjudicarían al Sr. Macri y su familia”.
Los legisladores también hicieron una crítica política: “Laura Alonso no podría bajo ningún punto de vista estar al mando de dicha Oficina, toda vez que al tener una relación cercana con el Sr. Macri, resulta ilógico e increíble, que sea ella quien deba llevar adelante investigaciones que involucren al mencionado precedentemente”. Recordaron que Alonso fue diputada del PRO y para ocupar la titularidad de la OA se quitó el requisito de tener título de abogado, que la funcionaria no tiene.
En esa línea citaron otras causas judiciales -Panamá Papers, el caso del ex ministro de Energía Juan José Aranguren- en las “siempre sus investigaciones son posteriores a las denuncias penales, cuando el objetivo principal de la oficina que dirige, debe ser iniciar investigaciones previas tendientes a despejar todo tipo de duda”. Y agregaron que el organismo no se presentó como querellante -acusador privado- en expedientes penales que involucran a funcionarios del actual gobierno y que sí lo hace en los referidos a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
“¿Será porque tal como lo ha afirmado en diversas entrevistas está ‘enamorada’ del Sr. Mauricio Macri y eso le impide actuar con objetividad? Ha quedado claro que la Licenciada Alonso ha transformado un área del Estado, encargada de combatir la corrupción, en una trinchera dedicada explícitamente a perseguir, por un lado, a funcionarios de la gestión anterior, y por otro, para encubrir a funcionarios de la actual gestión”, concluyeron.
La denuncia, según Infobae, llegó a la fiscal Ochoa que abrió formalmente una investigación. En su dictamen señaló que “resulta imputada en autos Laura Alonso” pero “ello sin perjuicio de que con el devenir de la investigación se formulen otras imputaciones”.
La Fiscalía pidió las primeras medidas de prueba que fuentes judiciales las mantuvieron en reserva para no frustrarlas. La encargada de ordenarlas ahora es la jueza Servini.