Contratos truchos en la Legislatura: prisiones preventivas extendidas y nuevos allanamientos

A Flavia Marcela Beckman, Hugo Mena, Esteban Ángel Alberto Scialocomo y Gustavo Bilbao les confirmaron las prisiones preventivas por cuatro meses en el marco de la causa de los contratos truchos en la Legislatura y que -según estimó la Justicia- le ha generado a las arcas públicas un perjuicio de 1.235 millones de pesos. Lo decidió la jueza María Carolina Castagno, quien condujo la audiencia.

 

En la audiencia, los abogados defensores cuestionaron la falta de garantías en el proceso. José Velázquez, asesor de Beckman, aludió al permanente “discurso de populismo punitivo en donde la palabra garantía va a pasar a ser mala palabra”. Cuestionó la prisión preventiva y vio en esa medida un prejuzgamiento otorgada a la sociedad.

 

Los letrados refirieron a la falta de información sobre la investigación, lo cual les impide tener elementos para hacer sus defensas. “¿Cómo hago para probar la inocencia de Beckman, sino no se sabe lo que dice la Fiscalía?”, cuestionó Velázquez, adhiriendo a esa línea argumental de Humberto Franchi.

 

A su turno, Iván Vernengo, apuntó a los elementos por los que se supone fue detenido Bilbao, en principio por haber borrado material de una computadora al momento del allanamiento el 3 de octubre pasado. El abogado invocó que no fueron notificados de la medida y por lo tanto no pudieron ser veedores del acto. Del mismo modo, sostuvo que desde el 20 de septiembre, día del primer allanamiento y detención de Beckman, al 3 de octubre Bilbao, si hubiese querido ocultar información tenía el tiempo necesario, sin embargo no lo hizo.

 

Sucesivamente, puso el dedo en la llaga: “Las cámaras (legislativas) se niegan a dar información cuando se las pide el Ministerio Público Fiscal. ¿Quién está entorpeciendo la investigación entonces?”, preguntó con tono mordaz.

 

Por su parte, Damián Petenatti consignó: “Nuestros defendidos no son funcionarios públicos. Y estamos ante lo que sería la causa más grande por corrupción de nuestra provincia. ¿Cómo es posible que haya funcionarios en libertad pudiendo obstruir la investigación?”.

 

Para los defensores la conducta de la jueza de Garantías, Marina Barbagelatta, evidencia “parcialidad”. La acusaron de haber introducido elementos en su resolución que ni siquiera había tenido en cuenta la Fiscalía. Y cuestionaron que, por el contrario, no tomaron los elementos de la defensa.

Con una óptica ostensiblemente disímil, Ignacio Aramberry y Patricia Yedro defendieron las prisiones preventivas. Repasaron las pruebas que fueron recolectando en los allanamientos. Esto es desde cuadernos con información que se constataba con las tarjetas de débito y planillas en los estudios contables hasta una máquina de contar dinero.

 

Ante la queja de los defensores, porque entendieron que no era pertinente, los fiscales mostraron en monitores parte de la documentación en la que figuraban los contratos, direcciones y montos de dinero. También hubo un audio en el que un joven le comenta a otro que corra una camioneta del domicilio de Beckman para que no sea requisado.

 

Aramberry dio detalles de maniobras “sospechosas” y por lo tanto “suficientes” para mantener las prisiones preventivas. Acudió al desalojo de una oficina de Bilbao.

Yedro hizo hincapié en una trama de relaciones e “inversiones de edificios” entre Bilbao, Mena y Beckman.

 

Por todos estos argumentos es que vieron desconfiable el arresto domiciliario. Y la fiscal cerró con una frase inquietante: “Estamos ante un gigante al que solo le hemos visto los pies”, consigna nuestro colega Federico Malvasio, en el sitio Página Judicial, uno de los medios que mayor espacio le ha otorgado a esta impactante noticia.

 

Mientras que los abogados de los detenidos cuestionaban en duros términos el proceso y cargaban contra la jueza de Garantías, cuestionando por qué no hay funcionarios de la Legislatura en la misma situación de detenidos, mientras se desarrollaba la audiencia, hubo cuatro allanamientos en el marco de la misma causa, y en domicilios de representantes de la Cámara Baja.