Trabajadores de Sidecreer expresaron su malestar ante rescisión de contratos
Mediante una nota dirigida al gobernador Gustavo Bordet y publicada en la Red Social Facebook este lunes, trabajadores de Sidecreer manifestaron su “gran preocupación” ante la rescisión de los contratos de seis empleados. Cuestionaron además las gestiones llevadas a cabo por la gerencia de la empresa como la incorporación de asesores “que luego han pasado a cargos gerenciales, y la permanente incorporación de personas en alto rango con sueldos elevados”.
La misiva, publicada este lunes, da cuenta de diferentes situaciones que se están dando dentro de la tarjeta social de la provincia: “La más reciente y por la cual decidimos finalmente recurrir a usted es la decisión de discontinuar la relación laboral de seis trabajadores contratados en mayo de 2018”, señalaron.
Al respecto, los trabajadores detallaron que la contratación de esos empleados se llevó a cabo con el propósito de acompañar una etapa de crecimiento, para poder así paliar el mayor volumen de trabajo generado por la incorporación de nuevas unidades de servicios, como por ejemplo los adelantos de dinero en efectivo. “Nosotros entendemos que además de eso, llegaron para solucionar una vieja necesidad del área a la cual pertenecen, que ha redundado en un mejor funcionamiento de la misma y por ende de la empresa”, consignaron.
Por otra parte, y a modo de repaso de la historia reciente de Sidecreer, le recordaron a Bordet que a fines de 2016 fue quien frenó, con declaraciones a la prensa, un intento de privatización de Sidecreer que encaró el presidente del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (IAPSER), Juan Domingo Orabona, a través del entonces presidente de Sidecreer Horacio Bechara.
“Estamos convencidos de que con nuestra lucha y su firme decisión, pudimos evitar lo que para nosotros era el comienzo del fin de nuestra tarjeta. Pero lejos de declinar su actitud privatista, el titular del IAPSER siguió teniendo absoluta injerencia en la vida de la tarjeta de crédito estatal. Nombró como presidente, como lo reflejaron los medios periodísticos, a Tomás Proske, al frente del Sistema de Crédito de la Provincia”, subrayaron.
Del mismo modo, recordaron que tras algunos meses, “atrás quedó la débil gestión del concordiense Horacio Bechara y el escándalo judicial que terminó con la condena de Juan José Canosa, quien manejó 8 años los destinos de la tarjeta “solidaria” de Entre Ríos”.
Así, denunciaron que “Proske delegó, según sus propias palabras, en dos asesores el manejo de Sidecreer, Santiago Ponce Diaz y Mario Kaplan, que se pusieron al frente del desarrollo de un plan de negocios, varias veces cuestionado por los empleados de la tarjeta por inconsistente, irrealista, basado en la lógica de las empresas privadas, desconociendo el carácter social para la cual se creó y la importancia de preservar su identidad”.
“Mientras los asesores pergeñaban un “innovador plan de negocios”, Proske renuncia y asume la presidencia el Sr. Eduardo Drovin, quien convive con los asesores mencionados, que no le permiten autonomía en la toma de decisiones, según lo expresado por él mismo en asamblea con empleados”, manifestaron.
Los empleados de Sidecreer declararon su preocupación ante el registro de altísimos honorarios que han sido estipulados para los asesores en 2018, los cuales “luego han pasado a cargos gerenciales”, además de “la permanente incorporación de personas en alto rango con sueldos elevados, sumándole gastos personales que la empresa debe absorber, y al mismo tiempo que no se renuevan los contratos de nuestros compañeros, los gerentes siguen percibiendo altas remuneraciones”.
Ante esta coyuntura, profundizaron en la “incidencia negativa” que estas medidas “desacertadas” acarrean sobre la empresa, teniendo en cuenta el “actual contexto de adversidad económico y social”. “Hemos realizado asambleas y reiteradas notas formales dirigidas a nuestro directorio, solicitando explicaciones acerca de esta situación, habiendo recibido pobres e inconclusas respuestas. Nuestra preocupación radica en entender que son sólo los trabajadores de la empresa la variable de ajuste, aduciendo siempre cuestiones coyunturales”, reafirmaron.
En el tramo final de la comunicación aseguraron: “Queremos dejar en claro el compromiso de las y los trabajadores con la defensa de nuestra empresa, la misma que fue manchada por malas administraciones, y nuestra lucha inclaudicable para que esto no vuelva a suceder. No podemos ser más objeto de decisiones que nos afectan, habiendo detrás de cada uno familias que padecen y sufren estas acciones”.
“Seguiremos levantando las banderas de la justicia social, recriminando las injusticias y defendiendo a nuestros pares, sin dudas, sin especulaciones, y con la responsabilidad necesaria para no ser vulnerados nunca más por medidas irresponsables y reprochables. Sentadas las anteriores consideraciones, es nuestra intención ponerlo en conocimiento que en una Empresa del Estado Provincial no se están siguiendo los lineamientos públicamente establecidos por Usted. Por este motivo le solicitamos arbitre los medios para encontrar una solución justa a nuestro reclamo”, concluyeron.