Un juez intimó a la AFIP y a Stanley a que entreguen información sobre aportantes truchos de Cambiemos
El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak intimó al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a la AFIP, a la Justicia Electoral y al PRO bonaerense a que presenten en menos de 72 horas la documentación solicitada en el marco de una de las causa por los aportantes truchos de Cambiemos en 2015 y 2017.
El magistrado decidió acelerar la pesquisa luego de tomar declaración testimonial al periodista Juan Amorín, autor de la investigación sobre el financiamiento de las campañas electorales de María Eugenia Vidal, Esteban Bullrich, Gladys González y Graciela Ocaña, entre otros dirigentes macristas. La primera vez que solicitó esos informes fue a fines de julio.
El titular del juzgado platense N° 3 abrió un expediente con decenas de denuncias de personas que figuran como aportantes de Cambiemos, pero que juran que nunca pusieron un solo peso. La legisladora Teresa García fue de una de las impulsoras. La mayoría de los denunciantes son habitantes de barrios humildes del conurbano, que viven de los planes sociales y las changas. Pero en los registros oficiales de la justicia electoral aparecen con donaciones de hasta $ 2.800 cada uno.
En la actualidad se tramitan tres causas distintas por los falsos donantes. Una investigación se lleva en el marco de la justicia penal con competencia electoral de La Plata, en el Juzgado N° 2 del juez Adolfo Gabino Ziulu y con participación del fiscal Jorge Di Lello. Las otras dos se canalizan por el fuero penal federal, con intervenciones de los jueces Sebastián Casanello y el platense Kreplak. Casanello tiene a su cargo la denuncia presentada por la ONG La Alameda.
Días atrás Kreplak requirió a la ANSES de Emilio Basavilbaso un detallado informe con la identidad de los beneficiarios de los planes sociales Ellas Hacen, Argentina Trabaja y Hacemos Futuro de los últimos cinco años. Quiere corroborar si el oficialismo utilizó ilegalmente esas bases de datos con fines electorales. Pero como desde el organismo previsional no dieron respuesta, el juez tomó 30 casos testigos para enfocar la pesquisa y tratar de llegar a alguna conclusión.
Sobre esas 30 personas le reclamó información clave a la cartera social de Carolina Stanley, al organismo recaudador de Leandro Cuccioli y a la propia Cámara Nacional Electoral, encargada de auditar los fondos que declaran los partidos políticos para la campaña. Di Lello ya envió a La Plata su informe preliminar con importantes datos sobre la maniobra.
Kreplak investiga los delitos de lavado de dinero, falsificación de instrumento privado y robo de identidad, lo que significa que está bajo sospecha el “origen real” de los fondos aportados, la veracidad de las afiliaciones partidarias al PRO provincial y el uso ilegal de datos de los beneficiarios de planes sociales, que el Estado debe mantener bajo estricto resguardo.
Vidal volvió a desligarse del escándalo con los aportantes truchos y negó irregularidades. “Aún no está probado que hubo delito. Seguro que hubo errores, pero nosotros damos la cara, separamos a funcionarios, no evitamos el tema, nos sometemos a la Justicia”, dijo la gobernadora al intentar diferenciarse del kirchnerismo, que también fue denunciado años atrás por casos similares.