Detectaron una red que traficaba información secreta de la AFIP

Con medio centenar de allanamientos ordenados por el juez Rodolfo Canicoba Corral y ejecutados por la Gendarmería, culminó ayer una investigación conjunta de la AFIP y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que detectó “una red corrupta de empleados del organismo recaudador que vendía información protegida por el secreto fiscal”, confirmaron fuentes judiciales.

 

Durante los operativos en el barrio la Deseada, en la sede de AFIP y otros domicilios, se detuvo a cinco empleados del área de informática del organismo que conduce Alberto Abad, y a empresarios dueños de una importante compañía de reportes crediticios. Además, se secuestraron más de 6,5 millones de dólares en efectivo.

 

La causa que se inició con una denuncia de la AFIP a mediados del año pasado, destinada a determinar cómo se filtraron datos sobre el último blanqueo fiscal. La presentación se realizó tras una publicación del diario Página/12 que reveló que familiares y allegados al presidente Mauricio Macri y también miembros de su gabinete, entre otros contribuyentes, declararon fondos durante el último blanqueo fiscal votado por el Congreso. A los integrantes de esta red “dedicada a traficar información fiscal”, se los indagaría mañana en los tribunales de Comodoro Py.

 

Se trata, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, de una “red de personas que trabajan en AFIP desde 2010, y se dedicaban a filtrar datos que están protegidos bajo el secreto fiscal. A su vez, vendían servicios a empresas y grandes contribuyentes”. Por este motivo, se ordenaron allanamientos en la sede del organismo recaudador, y sedes comerciales “que contrataron dichos servicios”, sostuvo esa fuente.

 

La red que traficaba información fiscal ” por una remuneración económica”, fue detectada después de una auditoría interna del organismo recaudador, trabajo al que se incorporó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El juez Canicoba Corral también incorporó personal de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para trabajar en el caso.

 

En este contexto, el magistrado ordenó 50 allanamientos simultáneos. Durante el operativo, se incautaron computadoras, dispositivos de almacenamiento de datos y poco más de cinco millones de dólares escondidos en bolsos, estantes y hasta un paquete de yerba, en el que estaban embutidos 20 mil.

 

Además, se detuvo a cinco funcionarios de la AFIP y personal de la firma Reportes Online, como también un presunto agente de bolsa y empleados de la empresa ADS. Fuentes del caso informaron que los detenidos son Martín del Cuadro, Waldo Gil Roldán, Alejandro Aducci, Daniel Courmanian y Pablo Degano.

 

Los empleados de la AFIP supuestamente involucrados en la maniobra, en su mayoría del área de informática y sistemas, “habrían desarrollado aplicaciones que les permitían ingresar a las bases de datos del organismo de forma remota y así filtrar información sin ser detectados”, remarcaron fuentes con acceso a la causa.

 

En el trabajo, que llevó alrededor de cinco meses, la AFIP y la AFI descubrieron la participación de una empresa de reportes crediticios “conocida como Reportes Online”, que “ofrecía información de carácter confidencial a sus clientes”. Fue el puntapié inicial para comenzar con la investigación que reveló el accionar de esta red “que traficaba información fiscal”.

 

En la computadoras secuestradas durante el operativo -que pertenecían al personal de la AFIP implicados en el caso- se observaron descargas de información confidencial, accesos indebidos al sistema y también intercambios de mensajes con los representantes de las empresas allanadas, entre ellas Reportes Online.

 

Por tal motivo, la justicia secuestró automotores de la firma crediticia, y se congelaron cuentas bancarias tanto en el país como en Estados Unidos, según indicaron fuentes judiciales.

 

¿Qué información fiscal se traficaba? Datos de todo tipo: desde capacidad de facturación de empresas y personas, montos de operaciones financieras, detalles sobre inmuebles y vehículos, e incluso datos telefónicos de diversos contribuyentes, entre otra información, que hasta incluía al personal doméstico de algunas personas.

 

Cuando tras una nota de Horacio Verbitsky en Página/12, Alberto Abad realizó la denuncia sobre la supuesta filtración de datos, sostuvo que ante la difusión de los datos de las sumas millonarias incluidas en el blanqueo “se estaría violado el secreto fiscal”, pero además planteó la existencia del delito de “defraudación”. La causa, según fuentes judiciales podría derivar en una acusación por asociación ilícita, que representaría una pena aún mayor para los acusados.

 

En medio de aquella situación renunció el subdirector general de sistemas y telecomunicaciones, Jorge Linskens.