Fuerte interna en el Gobierno por el giro en la estrategia judicial del caso AMIA
En la reanudación del Juicio oral y público AMIA 2, que investiga el encubrimiento del atentado a la mutual Judía en 1994, el Gobierno desistió de acusar a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. La decisión generó repudio entre los familiares de la víctimas y, detrás de escena, generó una crisis política terminal entre el Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano y la Unidad Especial AMIA, a cargo del radical Mario Cimadevilla, quien tendría los días contados.
“No se ha podido arribar a una plena convicción de su participación en los hechos”, sostuvo en su alegato el abogado José Console, uno de los letrados de la Unidad Especial Amia, que depende del Poder Ejecutivo. Lo escucharon los jueces del Juzgado federal N° 2. Los representantes del ministerio Público Fiscal, en cambio, solicitaron 8 años de prisión para los ex fiscales.
“Hace rato que nos quedó claro que los intereses del Gobierno nada tienen que ver con la verdad y la justicia. El alegato que Garavano quiere que presenten NO es el acordado por la mayoría de los abogados de la querella”, señalaron desde la agrupación Memoria Activa, que también es querellante en la causa en la que están siendo juzgados el ex presidente Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano y el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, entre otros.
Para los colegas de Clarín, la postura oficial, sin embargo, terminó de cocinarse en las últimas 24 horas y, paradójicamente, no es la del titular de la Unidad Especial AMIA. Cimadevilla, ex senador por Chubut, envió el miércoles al ministerio de Justicia un informe en el que indicaba cuál sería la posición oficial en los alegatos. Aseguraba que tenía que seguir “inexorablemente” la línea impulsada por el ministerio Público Fiscal, es decir el pedido de pena contra Mullen y Barbaccia.
En la cartera que conduce Garavano relataron que apenas dos horas después de recibir la notificación de Cimadevilla, Console, virtual jefe del equipo de abogados -que había sido desplazado-, se presentó en el ministerio para detallar su posición y situación. Console adujo que la postura mayoritaria de los abogados que comparecieron en el juicio era no inculpar a los ex fiscales, razón por la cual Cimadevilla terminó por decidir que el abogado Enrique Ventos, que compartía su visión, fuera quien expusiera ante los jueces.
Garavano ordenó entonces al secretario de Justicia, Santiago Otamendi, que enviara un mail a Cimadevilla para que revocara el poder de Ventos y ungiera a Horacio De Filipo o restituyera a Console. El correo formal de Otamendi a Cimadevilla con copia a Garavano se filtró en las redes.
El ministro fue más allá y tomó control de la Unidad. A través de una resolución, tomó control de las competencias de la Unidad e instó a los abogados a que mantuvieran la línea alegatoria de la mayoría; vale decir, que no inculparan a los ex fiscales. La medida, que solo se limita a este juicio y no a la investigación por la muerte de Alberto Nisman, no tiene plazo.
Garavano, que se reunió este jueves en Casa Rosada con el Presidente, había evaluado eliminar la Unidad a cargo de Cimadevilla, que reclamó en vano fondos para su unidad. Al ex senador le recriminaban, sus dificultades para llevar adelante contrataciones de software.
En el Ministerio de Justicia sostuvieron que la posición oficial respecto de los ex fiscales coincide con la de otros querellantes como la AMIA y la DAIA. “En un 90% es igual al del Ministerio Público”, sostuvieron. Se referían a la decisión de absolver al comisario Jorge “Fino” Palacios.
“El equipo de abogados fue elegido por Cimadevilla. No fue una imposición”, señalaron fuentes oficiales. Casualidad o no Console ocupa el cargo de secretario del Tribunal de Disciplina de Boca Juniors, el club que preside Daniel Angelici, operador judicial del oficialismo.
Mariana Stilman, que hasta 2016 había sido abogada del Estado y renunció a la querella en desacuerdo con la posición oficial, señaló en Twitter que no es cierto que la posición mayoritaria fuera la de no inculpar a los ex fiscales. Desde el ministerio la criticaron por lo bajo, porque a pesar de su supuesta disconformidad todavía trabajaría como asesora de Cimadevilla, aunque su perfil en la red social solo indica que lo hace en Diputados.