El Estado deberá indemnizar a una exiliada durante la última dictadura
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal condenó al Gobierno a indemnizar a una exiliada durante la última dictadura que vivió durante seis años en Suecia para resguardar su vida.
El Ministerio de Justicia le había denegado el beneficio previsto por ley desde los tiempos del menemismo, argumentando que se había tratado de un “exilio voluntario” y no de una situación forzada por una real situación de peligro para su seguridad. Pero la exiliada Amanda Beatriz Perez consiguió que la Sala Cuarta del tribunal considerara que efectivamente estuvo exiliada como perseguida política entre el 19 de octubre de 1977 y el 10 de diciembre de 1983.
Como antecedente, la mujer recordó que ya había estado detenida en 1972, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, junto con su esposo, Andrés Ernesto Alsina Bea. En diciembre pasado, el gobierno le reconoció una indemnización por los días que estuvo exiliada en 1972 pero se los denegó por el período entre 1976 y 1983, pese a que Perez contaba con certificación de “refugiada” de la ONU.
“Puede concluirse que existen razones suficientes para sostener que la permanencia de la actora y su familia en el país implicaba un real y concreto menoscabo de su libertad, pudiendo constituir asimismo un peligro para su vida”, dijeron los camaristas Marcelo Duffy, Jorge Morán y Rogelio Vincenti. “El exilio se produjo por el temor fundado de que se encontraba en peligro su libertad o vida, resultando éste una válida opción”, resumió el fallo.