Se aplicará en Entre Ríos la tobillera de vigilancia electrónica
El gobernador Gustavo Bordet, al presentar junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, la aplicación en Entre Ríos de la tobillera de vigilancia a personas con prisión domiciliara, aseguró que con ello se “avanza en las garantías individuales y en la protección de nuestra sociedad”. En el acto, concretado en la Casa de Gobierno, también se firmó un convenio para instalar en Paraná una Oficia Regional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas por el Delito de Trata.
El gobernador remarcó la importancia de estas herramientas para dar solución a una problemática muy sensible en la sociedad y remarcó: “Quienes tenemos responsabilidades del gobierno, en los tres Poderes del Estado, podemos tener fallas, pero tenemos que hacernos cargo cuando nos equivocamos. El hacerse cargo significa que el que se equivoca y dicta un fallo que está equivocado, tiene que tener la sanción que corresponde. Y para eso están los mecanismos constitucionales previstos”, aseveró.
En el acto, concretado en el Salón Blanco de la Casa Gris, se anunció la aplicación en Entre Ríos del Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, mediante el cual la nación dispondrá 100 tobilleras para que la provincia utilice para el control de personas con prisión domiciliaria, y también se firmó el acuerdo para la apertura en Paraná de una Oficia Regional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas por el Delito de Trata.
Junto a Bordet y el ministro Garavano, estuvieron encabezando la ceremonia la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak; la senadora nacional Sigrid Kunath; y el ministro de Gobierno y Justicia, Mauro Urribarri. También participaron legisladores, intendentes, ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, autoridades del Poder Judicial y referentes de organismo y entidades que trabajan en la temática abordada en el acto.
El gobernador valoró la nueva visita del ministro de Justicia por y dijo que ello significa “una demostración del trabajo articulado y en conjunto” entre el Ministerio de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de Entre Ríos, los Poderes Legislativos nacional y provincial y el Poder Ejecutivo entrerriano.
Hacerse cargo
“Entendemos que son temas que están atravesado por todos los poderes del Estado y que tienen un alto impacto en nuestra sociedad. Una sociedad que está demandando de quienes tenemos responsabilidades de gobierno y de gestión pública soluciones urgentes y evitar que sigan produciendo hechos que nos causan dolor y que después tenemos que lamentar todos”, manifestó Bordet.
Luego resaltó: “Quienes tenemos responsabilidades del gobierno, no escapamos a la generales de la ley y digo responsabilidades en los tres Poderes del Estado. Todas las personas somos iguales ante la ley, como lo expresa un viejo precepto constitucional y del derecho, y a todos nos comprende esa general de la ley. Entendemos también que todos podemos tener fallas, pero tenemos que hacernos cargo cuando nos equivocamos”, remarcó.
En ese sentido, se explayó y sostuvo que “el hacerse cargo significa que el que se equivoca y quien dicta un fallo que está equivocado, por ejemplo, o quien tiene una función en el Poder Ejecutivo, y a veces también, en el Poder Legislativo, tiene que tener la sanción que corresponde. Y para eso están los mecanismos constitucionales previstos para que esta sanción sea real y efectiva, sin que eso signifique avasallamiento por parte de un poder sobre otro. Estas son las cosas que tenemos que discutir, que la sociedad está esperando para ganar en una mejor calidad institucional y fundamentalmente para que, quien comete un delito, tenga la condena que se requiere y se demanda”, insistió.
Sostuvo que la aplicación del sistema implica “una mejora sensible en nuestro sistema de protección y de vigilancia porque avanza en las garantías individuales. Es un beneficio para las personas que tendrán las tobilleras electrónicas, y también para protección de nuestra sociedad. Son acciones que en definitiva redundan en beneficio de nuestra comunidad, para que nuestra población se sienta segura, para que exista además de un ordenamiento legal métodos y medios restrictivos que tiendan a ordenar cada vez más y ganar cada vez confiabilidad en nuestras instituciones. Por eso, que Entre Ríos incorpore este sistema de vigilancia asistida resulta muy importante y agradezco el apoyo logístico recibido del Ministerio de Justicia de la Nación”, acotó.
En otro orden, el mandatario recordó que en 2016 se “volvió a poner en funcionamiento el Coprev, además de generar los recursos para el funcionamiento y trabajar en la capacitación de recursos humanos, en la difusión y en la concientización de un delito gravísimo de la trata de personas, tanto en los delitos sexuales donde en Entre Ríos hace tiempo se han cerrado todos los establecimientos que propendían a este tipo de explotación. Hay un firme control por parte de nuestras autoridades, como también para poder concientizar a la población de que son actos reñidos con cuestiones morales, como también lo es el trabajo infantil, y que son delitos que tienen que ser severamente castigados por quienes lo cometen”, aseveró.
“En esta lógica de trabajo y funcionamiento –continuó- es que queremos determinar acciones que nos permitan seguir trabajando para mejorar de forma integral nuestro sistema carcelario en la provincia de Entre Ríos. Lo plantee el 15 de febrero en la Asamblea Legislativa que propondríamos y durante 2017 generar las condiciones para la construcción de una nueva unidad penal en la provincia”, recordó.
Advirtió que esta decisión “no se hace con la idea de generar mayor cantidad de reclusos, sino que lo hacemos para mejorar las condiciones de reeducación y reencausamiento de nuestros reclusos porque también hay que cumplir con el precepto constitucional de que las cárceles deben ser sanas y limpias para protección y no para castigo de quien allí están”, señaló.
Por último, indicó: “Se vienen trabajando con mucha responsabilidad y seriedad en esto. Entendemos que no podemos hacerlo solos, por eso necesitamos seguir trabajando por este camino articuladamente con gobierno de Nación, provincia, con los tres poderes del Estado nacional y provincial, y con toda la comunidad para tener la calidad de vida que necesitan todos los entrerrianos para contar con instituciones fortalecidas en nuestra provincia y, fundamentalmente, para que nuestros ciudadanos en Entre Ríos se sientan seguros y que hay un Estado que se preocupar y los respalda. Ese es nuestro cometido”, concluyó
Compromiso del Ministerio de Justicia
Por su parte, el ministro Garavano destacó la implementación del sistema de vigilancia y agradeció al gobernador por el aporte para la oficina que se abrirá en Paraná. “Estamos trabajando con el gobernador en este esfuerzo y para nosotros realmente es un gusto que ellos hayan dispuesto recursos para que funcione en Paraná una sede regional de la Programa de Rescate de Víctimas de Trata de Personas, de la línea 145, que es un programa que asiste a los jueces, fiscales y a las fuerzas de seguridad en el rescate a las víctimas de este flagelo tanto en materia laboral como sexual. Este programa que ayuda a las víctimas a salir de esa terrible situación. Así que muy agradecido con el gobernador que nos permita instalar esta regional en la provincia y acompañe con infraestructura y con una sede”, dijo el ministro de Justicia de la Nación.
Expuso “el compromiso” del Ministerio de Justicia para “trabajar con todos y cada uno de los actores centrales para tratar de tener un mejor servicio de Justicia y un funcionamiento más adecuado de las instituciones. En esta línea y en este caso concreto, estamos avanzando en dos iniciativas que para nosotros son realmente muy valiosas”.
Una de ellas, precisó, “tiene que ver con los dispositivos y tobilleras electrónicas para el arresto domiciliario o en determinados lugares. Estos dispositivos se han mostrado como muy eficaces a la hora de garantizar las condiciones en que las personas están detenidas en su domicilio o en sitios predeterminados. Y en esta línea estamos avanzando con el gobierno de la provincia, con el ministro de Gobierno, con el subsecretario de Políticas Penitenciarias de la Nación, y vamos a seguir profundizando, no sólo en términos de los dispositivos electrónicos, sino también colaborando en todo lo que es la transformación del sistema carcelario”.
Consideró luego que “el programa de monitoreo electrónico excede el dispositivo en sí que asegura que esté en un determinado lugar. También incluye todo un abordaje psicológico, de trabajo social para que las personas ingresen en un camino de rehabilitación.
Nosotros estamos monitoreando más de 70 casos que son los más antiguos con estos dispositivos y hasta ahora no se han registrado incumplimientos o violaciones a estos dispositivos. Y además se ha verificado que las personas que ya han recuperado su libertad no han vuelto a cometer delitos, lo cual nos da un horizonte bien interesante en términos de rehabilitación social”.
Por otro lado, dijo que la oficina regional del programa Rescate de víctima de la trata de personas es un programa nacional que viene de la gestión del gobierno anterior funcionando muy bien. “Podemos decir que hay una política de Estado en la materia y nosotros en este año y medio hemos extendido a todo el país, hemos profesionalizado más a los equipos”.
Indicó que “esta oficina regional va a funcionar en Paraná y va a tener jurisdicción en todo el Litoral, además de trabajar coordinadamente con la oficina de Santa Fe. Agradezco al gobierno de la provincia la posibilidad de poder instalar esta sede en esta ciudad y poder trabajar coordinadamente con las políticas públicas que el propio gobierno desarrolla en la materia. Es clave el trabajar en conjunto con las autoridades locales; con la policía local; con las intendencias y los gobiernos provinciales porque son quienes están en terreno y permiten identificar esta situaciones- Es un claro ejemplo de un trabajo articulado entre intendencia, provincia y Nación que creo que es el desafío que tenemos como país”, finalizó.
Agenda conjunta
También se refirieron a la implementación del nuevo sistema el ministro Mauro Urribarri y la senadora Sigrid Kunath.
“Entendemos que la implementación en la provincia de las pulseras electrónicas de monitoreo y control de personas con libertad condicional o prisión domiciliaria es una herramienta más en lo que debe ser un abordaje múltiple en términos de seguridad y justicia, y fundamentalmente articulado entre las provincias y el gobierno nacional. Llevamos adelante una agenda conjunta con los ministros Bulrich y Garavano desde inicios de gestión, que ha dado buenos resultados a partir de la construcción del consenso en base a una premisa clara, que es garantizar la seguridad de los entrerrianas”, dijo Mauro Urribari.
En tanto, la senadora Kunath, manifestó:“La lucha contra los delitos de trata y de explotación sexual en Entre Ríos, y que esta problemática sea parte de las políticas públicas, es una decisión firme del gobierno provincial”, aseguró Kunath, quien señaló que “en este sentido venimos trabajando coordinadamente con el gobierno provincial para lograr esto que se anuncia hoy que es concretar la instalación en Entre Ríos de una Oficina de Rescate, que es un dispositivo relevante en la lucha contra la trata y la explotación sexual, y en especial en la atención y acompañamiento de las víctimas, en sintonía con lo que se viene desarrollando en la provincia en materia”.
El convenio
El objeto del convenio es la cooperación y asistencia a los efectos de implementar, en casos de personas en conflicto con la ley penal a disposición de la justicia provincial, el Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente de la Dirección Nacional de Readaptación Social, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (MJyDH).
A esos fines, el Ministerio de Justicia se obliga a poner a disposición del gobierno de Entre Ríos el servicio de monitoreo de un total de 100 dispositivos electrónicos de control y a capacitar a los operadores del gobierno que llevarán a cabo la implementación del Programa en la jurisdicción.
Por su parte, el gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, se compromete a recibir el requerimiento del Poder Judicial provincial, tendiente a la aplicación del dispositivo electrónico de control y evaluar la posibilidad de incluir el requerimiento judicial en el convenio marco.
Asimismo, evaluar las condiciones objetivas y técnicas del requerimiento y realizar el informe técnico de viabilidad respecto de la conveniencia de aplicación del dispositivo requerido por la autoridad judicial, de acuerdo a los términos y condiciones que surgen del Protocolo de actuación para la implementación del mecanismo de vigilancia electrónica del arresto domiciliario. También se compromete a remitir ese informe al magistrado solicitante con indicación de su opinión en orden a la conveniencia de la implementación del dispositivo de vigilancia electrónica.
Por otra parte, el Ministerio de Gobierno provincial deberá asignar los dispositivos de control electrónico y abrir un legajo personal por cada uno, también en cumplimiento de las exigencias de dicho Protocolo. A la vez, deberá confeccionar el formulario de Alta, que deberá ser remitido a la empresa prestataria del servicio de monitoreo electrónico, a fin de que ésta disponga de los datos necesarios para la supervisión.
Entre otros puntos, el acuerdo también establece que las partes “comparten el interés por generar las condiciones para facilitar la reinserción social de las personas privadas de libertad, garantizando el funcionamiento de los mecanismos de control del efectivo cumplimiento de las penas de aquellas personas que, conforme a derecho, estén en condiciones de transitar la condena fuera de los establecimientos penitenciarios”.
En ese sentido, desde el Ministerio de Justicia se explicitó “la vocación de colaborar con el gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, en toda acción destinada a facilitar la reinserción social de las personas que se encuentren a disposición de la justicia provincial y en condiciones de acceder al arresto domiciliario.