Procesan a Cristina y embargan por $10.000 millones
Por primera vez, un fallo judicial consideró a la cúpula de un Gobierno como una asociación ilícita que llevó a cabo un “plan criminal” de defraudación de las arcas públicas durante más de una década. El juez federal Julián Ercolini lo encuadró así al procesar a la expresidente Cristina de Kirchner por el supuesto favorecimiento al empresario Lázaro Báez con la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz, en lo que constituye su segundo procesamiento y el primero por una causa vinculada con presuntos hechos de corrupción. Junto a otros 11 implicados fue acusada de administración fraudulenta agravada con un embargo de $10 mil millones.
A lo largo de 790 carillas en las que acumuló números de legajo de obras, expedientes administrativos, decretos reglamentarios, informes de Vialidad Nacional aportados por las autoridades de Cambiemos y el informe “El Estado del Estado” elaborado por el Gobierno, Ercolini avaló la acusación planteada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques.
Así, procesó al exministro de Planificación Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas, José López y a Báez junto a Nelson Periotti -titular de Vialidad Nacional durante los 12 años de gobiernos kirchneristas- al igual que a otros exfuncionarios de Vialidad Provincial.
El primo del expresidente, Carlos Santiago Kirchner fue igualmente procesado y embargado, a la vez que cinco exfuncionarios fueron beneficiados con la falta de mérito, incluyendo a Abel Fatala.
Apoyado en las declaraciones y en la documentación aportada por Javier Iguacel (actual titular de Vialidad), el juez repasó todas las obras otorgadas al Grupo Austral y destacó aquellas que habían sido señaladas como irregulares por la actual administración.
Destacando irregularidades en las licitaciones como cartelización o nombramiento del mismo representante técnico y ausencia de controles sobre el avance de las obras, el punto fuerte del procesamiento radica en las disposiciones oficiales para acelerar los pagos dirigidos a las empresas de Báez, lo que confirmaría un canal preferencial para el empresario santacruceño que recibió pagos anticipados por obras que recibía. Eso se robusteció con los dichos de Sergio Brodsky, actual titular de la Inspección General de Justicia (IGJ).
Sin embargo y pese a que la acusación hacía énfasis en posibles sobreprecios, ese señalamiento sólo es retomado desde el punto de vista de algunos testimonios como el del valijero Leonardo Fariña (que declaró en otro expediente contra Báez), o en los informes de Vialidad (era Macri), sin que se haya realizado una pericia. Esa idea agitada por la defensa de Cristina, de una auditoría sobre toda la obra pública realizada por el kirchnerismo a nivel nacional, fue velozmente rechazada por los fiscales.
De todos modos, Ercolini repasó las asignaciones presupuestarias para obras viales de Santa Cruz, sus actualizaciones y decenas de legajos por obras otorgadas, a lo que le sumó documentos de adquisición de propiedades por parte de la familia Kirchner. Ante esa concatenación, el magistrado se atajó sobre la posibilidad de que algunos de los hechos descriptos “por sí solos no constituyen delitos”, pero en el marco en el cual pretendía vincularlos, podían dar cuenta del accionar de Cristina, López, Periotti, Kirchner y Báez. Señaló así el “uso discrecional de fondos de un fideicomiso” creado para girar fondos para obras y ligó esto con ejemplos donde se habría excedido la capacidad del Grupo Austral para llevar adelante los trabajos.
De esta forma, se habría favorecido a Báez por encima de otras constructoras. Según Ercolini, Cristina de Kirchner realizó “aportes funcionales” para que la maniobra pudiera haberse concretado a partir de las reasignaciones presupuestarias otrorgadas desde el Ejecutivo y en base a la relación comercial y de amistad con el fallecido expresidente Néstor Kirchner. La exjefa de Estado, para el juez, tuvo “rol preponderante” (coautora) en el “acuerdo de voluntades para apoderarse de fondos públicos”.
Esto fue de cinco maneras: leyes de presupuestos nacionales, DNU, decisiones de los jefes de Gabinete (aunque no los imputó), el fideicomiso 976/01, y las reasignaciones de partidas para Planificación Federal y la DNV.
“La asociación ilícita fue la figura penal creada por gobiernos de facto”, sostuvo la expresidente en su primera reacción tras su segundo procesamiento luego del de dólar futuro. Ercolini dijo que esta investigación tuvo como objetivo recolectar pruebas para arribar a un juicio oral. Así rebatió todas las defensas presentadas por los implicados para concluir que tuvieron roles funcionales a la asociación que permitieron derivar fondos que beneficiaron a Báez. Aunque la mencionó, no puntualizó en que esos beneficios estuviesen traducidos en retornos a través de la firma Hotesur, causa que también instruye el magistrado.