El allanamiento al monasterio de Nogoyá fue “un posible acto de persecución religiosa”
En una declaración emitida por la Corporación de Abogados Católicos el 6 de octubre de 2016, los miembros de dicha institución se pronunciaron en repudio del procedimiento policial que irrumpió, hace algunas semanas, en el monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmelo, de Nogoyá, Entre Ríos.
El comunicado, que se titula “Un exceso inadmisible, una grosera provocación y un posible acto de persecución religiosa”, se une a la preocupación del arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puiggari y de la Conferencia Episcopal Argentina, y cuestiona el despliegue policial “totalmente innecesario, con violencia desproporcionada y en un horario sigiloso” que ingresó a un claustro religioso de clausura con el argumento de estar investigando posibles hechos delictivos.
Según la Corporación de Abogados Católicos, se trató de un procedimiento “que excede a todas luces las facultades propias de los funcionarios que las adoptaron”. La decisión de las autoridades judiciales, sostienen, “contraría severamente específicas reglas de las Congregaciones de la Iglesia Católica respecto de los ámbitos donde las mismas cumplen su labor y que en parte no son de acceso público” y agregan que “se ha ejercido inusitada violencia en el cumplimiento de la orden impartida, con exceso de jurisdicción y extralimitación de las funciones propias de los funcionarios que las llevaron a cabo”.
Las determinaciones que la justicia tomó en este caso, “muestran claramente la invasión de jurisdicción y el extravío de quien cree poder inmiscuirse dentro de un Convento y decidir, sin más, sobre la capacidad para ejercer un cargo a una Madre Superiora de una Congregación que tiene sus reglas aprobadas por la Iglesia Católica Apostólica y Romana, resultando la jerarquía eclesiástica completamente desplazada en su autoridad por no decir usurpada”.
Ante los hechos, que califican “al borde del atropello”, la Corporación considera que no puede silenciar lo sucedido, y expresa además su desconfianza ante el despliegue periodístico suscitado, como así también sobre las declaraciones y entrevistas otorgadas por el fiscal Federico Uriburu, “adelantándose a los hechos e informando los resultados de las medidas tomadas”, a quien acusan de que “el afán de figurar en los medios de comunicación estuviera por encima de una investigación que en cualquier caso hubiera merecido una adecuada reserva y discreción en protección de la intimidad de las afectadas, cuyos derechos no son inferiores a los de los demás habitantes del país”.
Los abogados señalan “que la ley positiva debe ser aplicada, pero respetando los principios liminares y propios de la igualdad ante la ley, del debido proceso, de inocencia y de tipicidad, y no atropellando a todos ellos, en aras de un momento fugaz de irresponsable figuración mediática”.
De este modo, destacan no solo los excesos y los abusos de orden legal y procedimental más elementales en que se ha incurrido durante el allanamiento, sino “la ignorancia religiosa, cultural y humanística que un acto semejante ha puesto en evidencia”.
Para finalizar, llaman a la reflexión al Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos sobre la conducta del Fiscal Uriburu y de quienes consintieron el modo y el alcance de las medidas que ejecutó en este caso, y reclaman se los responsabilice de las consecuencias; argumentando que “la autoridad debe ser ejercida conforme a la virtud de la prudencia, y no con arbitrariedad y abuso de poder”, y piden a Nuestra Señora de Luján, Patrona de la República Argentina, que ilumine a todos aquellos que deben actuar en esta delicada cuestión, para no perjudicar el bien común. Firman el documento el presidente de la corporación, Enrique A. Ramos Mejía, y su secretario, Agustín M. Casares.