Botnia: Cristina Cremer exige precisiones respecto a pruebas
La diputada nacional Cristina Cremer de Busti, mediante un proyecto de resolución, resolvió dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre las pruebas presentadas por el Estado argentino ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en el caso suscitado por la instalación de la Planta de Celulosa Botnia.
El conflicto “ha generado una protesta social sin precedentes en América Latina, por lo que creemos que el acceso a la información requerida es primordial en atención al alto nivel de expectativas que despertó esta definición judicial”, sostuvo la legisladora.
Asimismo se agrega una solicitud especial en el informe respecto de los siguientes puntos:
– Si en las negociaciones bilaterales previas, el Estado Uruguayo en algún momento manifestó o abrió la posibilidad de acceder al pedido argentino de relocalizar la planta de celulosa referida. En caso afirmativo, indique por qué razón no se concretó la misma.
– La estrategia jurídica utilizada por el Estado Argentino al confeccionar la demanda.
– Si se invocó como fundamento jurídico el principio de precaución. En caso afirmativo, indique qué desarrollo argumental se le dio al mismo.
– Los medios probatorios acompañados, propuestos y desarrollados durante la tramitación del Juicio.
– Qué adujo la Argentina sobre las cargas probatorias en procesos ambientales de alta complejidad técnica, tales como el planteado.
– Adjunte el texto completo de la demanda y todos los escritos presentados por la Argentina durante la tramitación del proceso.
– Informe de los gastos y honorarios abonados a los representantes legales y patrocinantes del Estado argentino.
Los fundamentos
La legisladora firmante manifestó que “como es público conocimiento, el conflicto fue resuelto por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en fecha 20.04.2010. En el fallo se reconoció la violación por parte del Estado uruguayo de las obligaciones procesales establecidas en el Estatuto del Río Uruguay de 1975, al no informar adecuadamente sobre la instalación de la Planta de celulosa. Por otra parte, la Corte falló en forma negativa acerca de la pretensión argentina de que se relocalice la misma, por no hallar pruebas concluyentes respecto de la contaminación ambiental”.
Asimismo, “esta declaración judicial abre numerosos interrogantes sobre la postura jurídica argentina, manifestada en el inicio y desarrollo del proceso. Sin precipitar un juicio al respecto, consideramos necesario que el Estado nacional informe a la Cámara de Diputados de la Nación cada uno de los detalles de la estrategia judicial empleada, a los efectos de conocerla en forma acabada y valorarla en la esfera pública”, aseveró.
Cremer manifestó: “Estamos convencidos de que ésta es una información pública, que el Estado debe proporcionar obligatoriamente a todos los ciudadanos en general, y a los Diputados en particular, en su carácter de representantes del pueblo”.
En este esquema de razonamiento, “consideramos por una parte que el acceso a la información solicitada es un derecho fundamental de todos los argentinos; y, por la otra, que el Congreso Nacional tiene competencia para ejercer una función de control sobre la eficacia de la estrategia jurídica adoptada por el Estado en este caso concreto”.
Por último, la legisladora por Entre Ríos en la Cámara baja nacional, señala que este conflicto “ha generado una protesta social sin precedentes en América Latina, por lo que creemos que el acceso a la información requerida es primordial en atención al alto nivel de expectativas que despertó esta definición judicial. Se trata ni más ni menos de reunir los elementos que permitan evaluar con seriedad la eficiencia de la estrategia jurídica de nuestro país. Sostenemos que este control es consustancial a la división de poderes y al sistema republicano de gobierno”.