Lázaro Báez logró audiencia en Cámara
Lázaro Báez movió una ficha más en su complejo ajedrez defensivo y logró que la Sala II de la Cámara Federal lo reciba el próximo lunes, tras un pedido de su puño y letra para mantener una audiencia sobre su procesamiento por lavado de dinero. Luego de que su hijo Leandro buscara arrinconar al juez Sebastián Casanello con un pedido de apartamiento, el empresario patagónico pidió al magistrado que “sincere el objeto procesal de la causa” que instruye.
El pedido llega ante una ampliación de ese procesamiento por la repatriación de 33 millones de dólares a través de Helvetic Services Group, la vidriosa firma tras cuyo apoderado (Marcelo Ramos) Casanello irá a buscar a Suiza. Mientras tanto, el fiscal Guillermo Marijuan se volvió a trasladar a Santa Cruz, donde reanudó el raid de allanamientos en torno al empresario K, incluso en la vivienda que la expresidente Cristina de Kirchner le vendió, en el centro de Río Gallegos.
Los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah son clave para el futuro judicial de los Báez, integran el tribunal que debe revisar el procesamiento dictado por Casanello y entender en la recusación de Leandro. Ellos accedieron a recibir a Báez el lunes a las 11:15, pero le pidieron que “especifique la naturaleza de la audiencia pretendida”. Según el texto remitido el viernes por sus letrados, el objetivo era mantener un encuentro con los camaristas “con carácter previo” a resolver si confirman su procesamiento, y para exponer sobre “temas vinculados a la causa y a mi situación procesal”, escribió Báez. Los jueces aceptaron el pedido, pero argumentaron que debían conocer los motivos para poder instrumentar el encuentro, la presencia de letrados patrocinantes y la publicidad del mismo, ya que la audiencia de rigor prevista en el Código Procesal ya se había llevado a cabo.
En un escrito similar -pero de 36 carillas- que Báez presentó a Casanello ayer, le exigió que “sincere” el objeto de la causa, es decir, qué se investiga y de qué se lo acusa. Acompañado por las firmas de sus defensores Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari, Báez dio varias señales de su giro: insistió en que no puede probársele el lavado; aseguró que si hubo irregularidades (como sobreprecios) en la obra pública, debe investigarse a los funcionarios públicos que las otorgaron y debían controlarlas; y señaló que, de ser así, su empresa y accionar deben ser investigados al igual que el de otros 36 contratistas de obra pública que ganaron licitaciones durante el kirchnerismo. Volvió así sobre Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, que ocupa el tercer lugar en esa nómina. Aseguró que lo quieren preso “a como dé lugar”.
Báez aseguró que no tiene relación con la causa que investiga a Juan Suris -por la usina de facturas apócrifas en Bahía Blanca- y que tampoco es posible probar un “delito precedente”. “En las actuaciones se ha dado por sentada en forma dogmática la existencia de un ilícito precedente, cuando existen sobrados elementos probatorios que demuestran que ello es sólo un ejercicio de retórica sin base en la realidad”, sostuvo Báez, que agregó que el juez no valoró el resto de las pruebas que lo exculparían. Allí acusó al juez y a Marijuan por haber “hecho un esfuerzo denodado por generar la sospecha de ilicitud de todo el patrimonio de la familia Báez. Han instalado en el imaginario popular (en busca de legitimar sus direccionadas incursiones punitivas) que la posición económica de la familia únicamente se explicaría a partir de distintas maniobras ilícitas sin procurar su acreditación en el expediente”. “Este proceso es escandaloso para un sistema penal de garantías”, fustigó al juez.
“En el contexto aludido, parecería que el procesamiento en esta causa y la prisión preventiva dictada a mi respecto responde a fines vindicativos o propenden a cuestionar las políticas de Estado y/o de control adoptadas por los últimos gobiernos”, se victimizó. “Sin embargo, los actores centrales de ello no somos nosotros sino los máximos responsables del Poder Ejecutivo Nacional, los funcionarios de las carteras más importantes, los distintos actores del Congreso (diputados y senadores, nacionales y provinciales), y los demás funcionarios de la administración pública de todos los partidos políticos sobre quienes reposaba el deber de control”, disparó contra los exfuncionarios que le otorgaron obras.
Esa misma tarde, Marijuan allanó propiedades atribuidas al santacruceño, incluida la excasa presidencial ubicada en 25 de Mayo y Maipú de Río Gallegos, que había pertenecido a Néstor y Cristina de Kirchner y que Báez compró en 2007 tras el episodio en el que un camión volcó a toda velocidad, dirigiéndose a la fachada de la residencia. “Hay estancias, empresas, hay de todo”, afirmó el fiscal sobre su pesquisa. También los operativos, con gran despliegue de efectivos, alcanzaron al club Boca de Río Gallegos, que es propiedad de Báez y está presidido por su hijo.