Miente, miente… que algo quedará: preparen, apunten, calumnien…

ESPECIAL (por Francisco Pancho Calderón).- Uno de los deportes más populares en nuestro país, que comúnmente se practica con mucha destreza en la clase política, es el arte de la difamación, que se utiliza caprichosamente en todo momento y sin recato alguno. Esta práctica tan arraigada, ha incursionado  profundamente en el cotidiano quehacer público. Hoy, el blanco elegido para ser víctima de una atroz diatriba, una detestable invectiva, es Mauro Urribarri, nominado por Gustavo Bordet, gobernador electo, como futuro ministro de Gobierno. ¿Por qué tanta calumnia? ¿Por qué tanta injuria? ¿Será un mártir en lo inherente a la portación de apellido?

 

El objetivo de la política se encamina al estudio y la práctica del bien común, es la columna vertebral que sostiene la estabilidad, armonía y desarrollo de las naciones.

Quienes ejercen esta actividad, se les considera personas privilegiadas, sin embargo, cuando abren la puerta a calumniar, a injuriar, a la difamación, a golpear por golpear, a descalificar con acusaciones sin fundamento, a destruir al enemigo con infamias y a asignarle responsabilidades por acciones, a sabiendas que no las hizo, -total: en política todo vale-, se denigra y pierde toda seriedad.

 

El país requiere en estos momentos de políticos sensatos, con visión de Estado, de demócratas que estén dispuestos a consolidar las instituciones, también a denunciar con elementos objetivos y valor aquellas cuestiones ilegales, sin caer en maniobras pérfidas estimuladas por notas periodísticas anónimas que sirven como meros distractores, para gozo de quienes disfrutan lo superfluo, lo banal, lo anecdótico y el escándalo.

La confrontación de ideas en el marco de las posibilidades políticas de una comunidad representa la necesaria información al ciudadano para que éste pueda ceder su representatividad a quien se gane su confianza, pero también representa una de las caras de la lucha por el control del poder.

 

Esto último lleva a percibir esa confrontación como lucha sin cuartel por hacer prevalecer las posiciones políticas de los partidos, lo que se acentúa cuando se detectan usos poco honestos para destruir la imagen pública del contrario, ya que los mismos parecen ser mucho más eficaces que el rebatir las ideas políticas.

Entre esos ritos poco decorosos destaca la difamación mediante calumnias e injurias, que suelen tener como objetivo hacer público facetas privadas del entorno del adversario político.

 

A veces se argumenta que los personajes públicos, donde se incluye a quienes se dedican a la política,  poseen una proyección pública que hace que hasta sus actos más privados puedan constituir interés para quienes han de establecer con ellos una relación de confianza depositándoles su representación.

El fundamento psicológico de esa pretensión está en considerar que la trayectoria pública de un político está más determinada por su modo de ser que por su discurso, y, por tanto, que el aval de su confianza radica bastante en su manera de actuar, de proceder.

 

No en vano muchos analistas consideran que los modales y la apariencia constituyen un no despreciable factor en las votaciones.

Conocedores de esta debilidad mental de la ciudadanía, quienes trabajan la imagen de las campañas políticas abusan del fácil recurso de denostar al rival destruyendo la lógica fama que le correspondería conservar.

 

El recurso preferido es introducir la falaz sospecha sobre un supuesto comportamiento que hipotéticamente entraña debilidad o amoralidad. El vehículo habitual suelen ser los medios de comunicación que se prestan a ello, a veces valiéndose de tretas para que la sospecha se instale sin que se pueda relacionar como fuente al entorno del partido beneficiario, aunque la mayor parte de las veces se percibe que lo sea.

Lo que a los ciudadanos debería importar menos, muchas veces es lo único a lo que atienden de sus políticos nacionales, porque las discusiones legales y administrativas se les hacen arduas y a veces difícil de entender.

 

La calumnia siempre ha sido un negocio sucio. Destruir la reputación  a menudo ha contribuido a deslegitimar regímenes y derrocar gobiernos.

En plena etapa rumbo a las PASO, y luego a las Generales, se mancilló, se afrentó execrablemente al electo intendente, Sergio Varisco. Por estos días, Mauro Urribarri, hijo del actual mandatario entrerriano es atormentado con toda clase de blasfemias, deshonrándolo, ultrajándolo, imputándosele la comisión de hipotéticos hechos delictivos o sociedades delictuosas con un temerario desprecio de la verdad, careciéndose de pruebas que lo acrediten. Se lo injuria con expresiones que van dirigidas a lesionar su dignidad.

 

Bien vale subrayar que nadie puede ser tratado como culpable, mientras no exista una declaración judicial, es decir, que toda persona se considera inocente hasta que no sea reconocida como responsable del ilícito penal en el cual se la puede llegar a involucrar, mediante una decisión que es adoptada por el órgano competente para ello; y no puede haber ficciones de culpabilidad ya que la sentencia absolverá o condenará.

La presunción de inocencia constituye una referencia central en la información del desarrollo del proceso, que permite resolver las dudas que se presentan en su curso y reducir las injerencias desproporcionadas.

 

De conformidad con este criterio, los actos procesales y el proceso en su conjunto adquiere un cariz diferente que depende si el supuestamente inculpado se trata como si fuera inocente como ocurre en el sistema acusatorio o si se le trata como si fuere culpable como ocurre en el sistema inquisitivo.

Es dable de resaltar que la presunción de inocencia es un Derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de Derecho Humano fundamental que posee su eficacia en un doble plano: por una parte, opera en las situaciones extraprocesales y constituye el Derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en presuntos hechos de carácter delictivo o análogos a éstos; por otro lado, el referido Derecho opera fundamentalmente en el campo procesal, con influjo decisivo en el régimen jurídico de la prueba.

 

La presunción de inocencia pertenece a los Derechos fundamentales de la persona, reconocidos constitucionalmente, y sobre ella se erige el proceso penal.

En verdad, toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Este postulado cardinal de nuestro ordenamiento jurídico, no admite excepción alguna e impone como obligación la práctica de un debido proceso, de acuerdo con los procedimientos que la Constitución y la ley consagran para desvirtuar su alcance.

 

Para ser más específicos… La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11º, reafirma el carácter fundante de la presunción, por virtud del cual: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

Igualmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, ratificado por Colombia a través de la ley 16 de 1974, establece: “..Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad…”(artículo 8º).

 

Juzgar a un político por su vida personal permanece en la actitud de muchos ciudadanos, aunque ellos reclamen para sí la total independencia y respeto hacia su vida privada. La difamación encierra una falta de ética relevante para toda la sociedad, porque el juicio que merece cada persona es el que trasciende del conjunto de su modo de obrar.

Ello es lo que conforma la fama de una persona, que no se corresponde con otra cosa que con la opinión común que de ella tienen los demás.

 

La difamación política, minuciosamente orquestada por algunos medios de comunicación afines a grupos de presión alineados con determinadas ideologías, no sólo atentan al político cuya coherencia personal se ataca, sino a toda la credibilidad de la democracia, porque una vez aceptada la difamación como forma de lucha política se instala la duda permanente en los ciudadanos y -¿por qué no?- sobre la ética de la misma sociedad.

De este modo se descalifica desorbitadamente, cayendo no pocas veces en una especie de paranoia condenatoria de lo que no es otra cosa que distinta y legítima opción de concebir determinadas relaciones sociales.

 

La infamia tiene una larga historia. Es producto de la falta de escrúpulos y el deshonor. Se alimenta de la vanidad y sirve para eliminar a los adversarios. Su utilización forma parte de redes de poder donde se combate por medio de la descalificación personal.

La insidia quiebra voluntades. Sembrar desconcierto y duda son buen material para talar el árbol que hace sombra. Resulta doloroso comprobar cómo un argumento tan vasto se transformó en un arma política, cuya capacidad de destruir es portentosa.

 

La facilidad para la comisión del delito hace que, en la práctica, atacar el honor de una persona sea una actividad sencilla lo que, por otra parte, no significa que sea siempre fácil de demostrar.

Además, actualmente, tanto las injurias como las calumnias se han desarrollado exponencialmente por el uso de Internet y, en concreto, de las redes sociales, donde el intercambio de opiniones puede dar lugar a actividades delictivas cuando se traspasan ciertos límites.

 

Si queremos cambiar a la Argentina, o en concreto a Entre Ríos, debemos comenzar por transformarnos nosotros mismos, para no sucumbir en las prácticas de la autodestrucción de la política.

Quienes están inmersos en actividad política, tienen la responsabilidad de crear condiciones de libertades en un régimen de leyes, donde impere el estado de Derecho y se respeten las normas de conducta impuestas y, eso aplica particular y principalmente a quienes ocupan posiciones públicas, quienes con frecuencia caen en los protagonismos devaluando y degradando la política, alejando cada vez más a la sociedad de la función pública, sumiéndola en el hartazgo.

 

La libertad de expresión, no se debe utilizar para vulnerar el honor de las personas, mucho menos hacer uso de ese valor primado de la libertad desde el anonimato, pensando que se tiene el poder pleno para calumniar  o injuriar e impartir  sentencia sin formula de juicio.

No entendemos porque tanto afán  desmedido por acudir a los medios de comunicación y en especial a las Redes Sociales para desprestigiar a una persona causándole grave daño moral, ocasionando honda zozobra en el plano familiar y generando heridas hasta espirituales, complejas de cerrar, no solo como político… sino en especial como esposo, padre, hijo, nieto…

 

No compartimos en absoluto, las intervenciones de calumnias, mentiras y exageraciones de esas voces que se creen ungidas desde el cielo para dictar veredicto de desprestigio.

Insistimos, es ante las instancias judiciales, donde los ciudadanos debemos rendir cuentas de nuestros actos públicos y privados; toda persona se presume inocente hasta tanto la justicia demuestre lo contrario y expida la sentencia definitiva señalando la responsabilidad penal.

 

Cambiar la forma de hacer política, es también cambiar al país, desterrar la acusación sin fundamento, evitar la difamación y dar paso a la crítica argumentativa seria, con ética y valores, son elementos indispensables para crear un horizonte con aliento de largo alcance.