Ruralistas en jaque por la Justicia: podrían ser imputados por “exceso doloso”
El procurador General de la provincia, Jorge García, informó que se abrió una investigación formal por los incidentes registrados el jueves en la explanada de Casa de Gobierno durante la protesta del campo. Calificó al hecho como “un exceso doloso de lo que es el ejercicio legítimo del derecho a peticionar”.
García explicó que se inició una investigación por “posible atentado a la autoridad calificado por lesiones y eventuales daños”, luego de que siete agentes de la Policía provincial resultaran con heridas al intentar frenar a los productores que querían ingresar a la Casa Gris. Uno de los agentes tiene desprendimiento de retina y otro, que había recibido un golpe en la cabeza y debió ser asistido con respirador, se estaba recuperando, según contó el titular del Ministerio Público Fiscal. Los otros cinco presentan lesiones que no revisten gravedad.
“Se están haciendo las averiguaciones primeras para individualizar quiénes son los responsables de las lesiones. Una vez individualizados se hará la imputación y se los someterá a proceso. Si las pruebas son fehacientes, irán a juicio”, anticipó el procurador.
Indicó que “no son graves” las penas contempladas para este tipo de delito, ya que son leves las lesiones provocadas a los policías. De todos modos comentó que para los responsables de este tipo de delito se prevé la pena máxima de dos años de prisión.
“Tenemos todas las filmaciones de los canales (de televisión) que estaban transmitiendo el movimiento. Con ese material vamos a individualizar quiénes fueron los que accionaron violentamente”, aseguró.
“La imputación se va a hacer. Esto es principio de responsabilidad: si hacen una movilización, tienen que hacerse cargo de que a nadie se le salga la cadena”, remarcó García. Y agregó: “Consideramos que el hecho es ilícito. Lo consideramos un exceso doloso de lo que es el ejercicio legítimo del derecho a peticionar”.
En el mismo sentido sostuvo: “Hay que dejar bien en claro que una cosa es ejercer el derecho constitucional de peticionar por reclamos que pueden ser absolutamente justos, y una cosa distinta es que se cometan delitos que no guardan relación con el reclamo”.
Respecto a los daños, señaló que “se está verificando” si se produjo algún perjuicio contra bienes que son propiedad del Estado, cuando los productores ingresaron a Casa de Gobierno.
Luego justificó la actuación de la Policía. “En ningún momento hubo un accionar policial de desalojo. Eso vino después de que ellos (por los productores) acometieran contra los funcionarios que estaban de guardia”. Señaló que recién en ese momento los agentes arrojaron gas pimienta para dispersar a los manifestantes.
Sobre el origen de las agresiones, García reflexionó: “Se ve que había gente que estaría indignada por alguna circunstancia del reclamo y comenzó a arrojar cosas. Ahí se producen las lesiones”.