Báez pide disculpas y admite “error de juicio”
El Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos admitió hoy en un comunicado publicado en su perfil de Facebook, su equivocación al apoyar el controvertido proyecto del diputado provincial Rubén Almará, en el que se planteaba el bloqueo y restricción de Internet en casos de conmoción social dentro del territorio provincial.
El proyecto de Almará tomó estado nacional, generando polémica y quejas de los usuarios en las redes, y hasta logró que la página del Senado provincial fuese hackeada por integrantes de la organización Anonymous.
Cuestión Entrerriana publicó una columna de opinión producida por Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, en la que se analizaban los peligros que implicaban un proyecto de tal magnitud.
El diputado Almará fue entrevistado por varios medios nacionales, siempre dejando en claro que el proyecto era respaldado por altas esferas del gobierno provincial. En una entrevista con Pablo Duggan en FM Latina, Almará ratificó el apoyo del miembro del STJ, Emilio Castrillón, y a su vez, indicó que el gobernador Sergio Urribarri estaba “contento y orgulloso del proyecto”, y que “lo tomó como propio”.
Pasado el mediodía de hoy, algo pasó. Probablemente la presión generada desde las mismas redes sociales que se querían bloquear, y el revés mayúsculo obtenido ante la opinión pública al apoyar un proyecto absurdo, al menos en lo que atañe a lo que expresa la redacción del mismo, hizo que los altos mandos del gobierno entrerriano diesen marcha atrás, intentando apaciguar las aguas.
El Ministro Báez publicó estas palabras en su fan page en Facebook:
“EL MINISTRO DE COMUNICACIÓN DE ENTRE RIOS ADMITE ERROR Y NO SE DARA CURSO A LA RESOLUCION DE DIPUTADOS
El Ministro de Comunicación de la Provincia de Entre Ríos, Pedro Báez, quiere expresar que reconoce su equivocación y su error de juicio al valorar el proyecto de resolución presentado con el objetivo de regular el uso de internet y de las redes sociales en casos de conmoción social ya que el mismo colisiona con políticas públicas en materia de Derechos Humanos y de libertad de expresión que han sido y son ejes centrales de nuestro gobierno.
En tal sentido, sugerirá al Poder Ejecutivo no dar curso en ningún caso a la iniciativa y solicita las disculpas del caso a los usuarios de la red que debido a las múltiples interpretaciones que sobre la iniciativa se volcaron pudieron haberse sentido con razón incordiados.
El gobierno de Entre Ríos siempre ha sido respetuoso de las libertades y de la institucionalidad de tal manera que esta circunstancia –que nunca estuvo ni cerca de concretarse por cierto- en modo alguno podría empañar toda una historia provincial en ese sentido.
Finalmente, aprovechando la oportunidad y reconociendo la naturaleza anárquica que dinamizan las redes, desea solicitar a los ciudadanos responsabilidad en el uso de las mismas sobre todo en momentos de convulsión y solicita que en caso de detectarse conductas que inciten a alterar el orden público, a la violencia, al robo o al desconocimiento del orden democrático, documenten dichas intervenciones para voluntariamente ponerlas luego a disposición de la Justicia.”
La saga termina de esta manera, pero no está de más recordar que el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara Baja de la Legislatura entrerriana, y que la ignorancia demostrada por los legisladores entrerrianos al darle cabida a un proyecto incoherente con nuestro marco legal, los acuerdos internacionales y el sentido común, es preocupante a futuro.