¡Ups…! La Justicia exigió que los candidatos presidenciales expliquen sus gastos de campaña anticipada
La Cámara Nacional Electoral emitió una sentencia en la que fijó límites a la campaña anticipada y ordenó a los candidatos a presidente a explicar, de manera extraordinaria, los gastos en proselitismo y, además, ordenó fijar una faja de clausura sobre los carteles de los presidenciables que hagan campaña deliberadamente. Se trata de medidas inéditas tomadas por el Tribunal Judicial ante el proselitismo masivo realizado por los postulantes durante 2014, un año antes de lo que fijado por ley.
Advirtieron en la sentencia sobre el “alto grado de opacidad respecto de la identidad de las fuentes de financiamiento, en la medida en que no se declare, para conocimiento público, quiénes aportan los recursos económicos -en dinero o en especie- con los que se financia la promoción de dichos postulantes ni qué cantidades se destinan a ese objeto”.
Los candidatos, entonces, deberán presentar una lista con el detalle del dinero invertido en propaganda política “tendiente a captar el voto” y justificar el origen de dichos fondos. La Justicia interpreta que los postulantes que hayan gastado dinero de su patrimonio personal para la campaña deberán declararlo en esta nueva instancia.
Aunque se trata de una declaración voluntaria (la Cámara no puede establecer sanciones), el tribunal pone en jaque a los partidos políticos que pueden aducir que los gastos de propaganda fueron hechos por sus candidatos para desligarse de responsabilidades, situación que podría dejarán en evidencia a sus propios postulantes si ellos no realizan la declaración extraordinaria.
“Puede parecer un poco inocente una sentencia sin sanción alguna, pero si los presidenciales no declaran los gastos voluntariamente, cada cartel que fiscalicemos como campaña anticipada será atribuido a los partidos políticos”, advirtieron desde la Cámara.
El trámite, que ya se puede hacer desde el sitio web del organismo, consta de dos formularios. Por un lado, el candidato deberá declarar todos sus gastos en propaganda, lo que incluye la contratación de agencia de publicidad y consultoras para la realización de encuestas. Por el otro, están los gastos operativos que engloban toda la inversión destinada a promocionar la figura del candidato.
La sentencia está motivada porque la ley prevé la realización de proselitismo 30 días antes de las elecciones. Toda aquella difusión de la imagen de un candidato tendiente a captar el voto del electorado antes de ese período está fuera de la ley.
Ante los millones de pesos que gastan los candidatos para posicionarse desde mediados de 2014, un año antes de las PASO, la Justicia comenzó a investigar la campaña electoral anticipada y la Cámara Nacional Electoral pidió informes a los partidos políticos sobre la cartelería en la vía pública, así como remitió a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) un requerimiento sobre los precandidatos presidenciales que viajaron en aviones privados.
“Publicidad en infracción”
La Cámara exigió también a los jueces electorales de todo el país quitar o “inutilizar” los carteles de los presidenciables que actualmente pueden verse en la vía pública que estén “dirigidos a captar la voluntad política del electorado”.
Incluso, el tribunal ordenó que los carteles sean objetados mediante una faja que indique “Publicidad en infracción. Justicia Nacional Electoral”. Y requirió a los magistrados de las distintas provincias que ordenen la apertura de causas “para determinar las responsabilidades penales” de los candidatos que incumplan la ley de campaña.
Desde Poder Ciudadano, Pablo Secchi, director ejecutivo, celebró la sentencia judicial: “La precampaña es un descontrol total. Ni legislación -que regula sólo 30 días antes de las elecciones- ni los candidatos nos acompañan. Todo lo que pasó en 2014 queda fuera de la ley. Estas decisiones de la Cámara son positivas para que los candidatos expliquen cómo se financian porque lo que declaran en todos los informes de campaña es una mentira absoluta”.