Un grito de corazón: trabajo digno ¡y en blanco!!!

La pobreza e informalidad laboral “continúan siendo altas” y se requiere controlar la inflación y la instrumentación de reformas estructurales, según lo que se desprende de una nueva encuesta de Cuestión Entrerriana.

La incidencia de la pobreza en la Argentina continúa siendo demasiado alta a pesar del crecimiento económico. Y esto se refleja con elocuencia en un nuevo sondeo donde de 300 entrevistados, casi el 60 % ocupa fuentes laborales en negro o mediante contratos temporarios renovables cada tres meses, en definitiva, empleo en ocupaciones informales precarias de baja calidad, y un alarmante 40 % de desempleo.

No es novedad que el mercado laboral sigue estando fuertemente segmentado y, o fue una mera y desgraciada coincidencia, o resulta una verdadera quimera conseguir empleos formales con mejores remuneraciones y mayor protección social.

Esto se remarcó en el estudio de nuestro Portal que abarcó 100 jóvenes entre 18 y 25 años, 100 comprendidos en la franja 25-35 y 100 más enmarcados entre los 35 y los 50.

En cuanto al primer lote, 50 encuestados se encuentran desempleados. 18 nunca trabajaron y 12 nunca tuvieron trabajo estable por más de un año; mientras que 10 fueron despedidos en estos primeros 5 meses del 2011 y 10 no quieren trabajar para lograr culminar sus estudios secundarios, terciarios y/o universitarios.

Poseen trabajo 35 de los cuales 15 corresponden a comercios, empresas o estudios con varios años de trayectoria, 10 con contratos renovables y 10 con contratos de obra a nivel estatal.

A su vez se detectó que 10 cumplen pasantías, 5 pagas y 5 no.

Al mismo tiempo, eran 5 profesionales (1 abogado, 1 licenciado en Ciencias Políticas, 1 licenciado en Comunicación Social y 2 profesores).

Con respecto al segundo grupo, 35 entrevistados cumplen funciones diversas en la Administración Pública provincial y/o comunal, con 25 contratos de obra, 5 de servicio y 5 suplencias extraordinarias.

Otros 25 se desempeñan en comercios o empresas con una suma total de 10 empleados registrados debidamente y 15 en negro.

En tanto que 30 no tienen trabajo, habiendo sido recientemente desvinculados 15, 20 sin obtener plaza laboral desde el 2010 y 5 no quieren o no pueden por razones de estudio habida cuenta que están por rendir las últimas materias de distintas carreras universitarias.

Finalmente, 10 que contestaron son profesionales (3 abogados, 1 contador, 5 docentes y 1 policía).

Para concluir, en el tercer sector se verificaron 40 desocupados, 25 perdiendo su fuente laboral éste año y 15 en el 2010.

Otros 20 son empleados de comercio (15 con estabilidad y 5 con contratos renovables).

También, 25 cumplen funciones en la Administración Pública, con 10 contratos de obra, 10 efectivos y 5 suplencias extraordinarias.

Y 15 eran profesionales (2 abogados, 1 escribana, 1 bioquímico, 1 fonoaudióloga, 5 profesores y 5 maestros.

En el cálculo global queda sellado que de 300 reporteados 150 trabajan, 80 en la Administración Pública (45 con contratos de obra, 5 de servicios, 10 suplencias y 10 efectivos con categorías). Los 70 restantes tienen su tarea diaria en comercios o empresas, con 40 empleos regulares y 30 en negro.

Sin trabajo fueron 120 los que cumplieron con éste sondeo, 50 perdiendo su fuente laboral éste año.

Y de los 300, solo hubo exactamente 30 profesionales, o sea el 10 %.

De más está decir que la incidencia de la pobreza sigue siendo muy alta, y si bien responde a una multiplicidad de factores causales, aparece estrechamente asociada con la informalidad en el mercado laboral por parte de los empleadores que suelen jugar con la ansiedad de quienes necesitan “parar la olla” y aceptan lo que venga.

Y duele que en un contexto macroeconómico muy favorable, la alta informalidad persista y se estaría aletargando la capacidad de generación de empleos de las empresas o comercios a raíz de una postura especulativa, como el gobierno -por la superpoblación de sus pertinentes plantas- sigue sujeto a una conducta de retribución, valoración/compensación hacia la “militancia”, muchas veces sin medir capacidades o si quienes ingresan ameritan las pericias necesarias para desenvolverse en cargos, algunos de ellos vitales de la Administración.

Y si bien consideramos que desde el Estado nacional dicen que se propende a una lucha acérrima contra el trabajo en negro, en la Casa Gris y Palacio Municipal aún subsisten las extensiones de contratos de obra y/o servicio renovables cada tres o seis meses, los cuales no dan derecho a líneas crediticias, tarjetas de créditos, garantías para renta de vivienda, etc. Son salidas laborales útiles para mucha gente que al menos ve paliar tanta angustia, tanto sufrimiento, pero que a la corta o a la larga sufre por los vaivenes de la política.

Peor aún…Hay muchos casos que ven dilatarse los meses, los años, de renovación sucesiva de contratos y pese a estar altamente dotados para ejercer su labor, siguen condenados a la incertidumbre, a la zozobra, y hasta el dolor de no poder acceder al circuito bancario por no tener la efectividad imprescindible.

De ello se desprende que nuestros gobernantes, y los organismos de control apropiados, tienen por delante una labor de profundo compromiso pues para reducir la pobreza y disminuir los problemas sociales se requiere controlar efectivamente la inflación y encarar reformas estructurales que incentiven la formalización de las microempresas y eleven los niveles de educación y de formación o capacitación.