Trabajadores de Salud exhortaron derogar una “conflictiva resolución”
El cuerpo de delgados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un conjunto de demandas para el sector Salud, de los cuales una de ellas está relacionada con una resolución – N° 4681/14 del Ministerio de Salud- que establece un nuevo sistema de procedimiento respecto a la revisión de los partes médicos y la consecuente autorización de las suplencias que comprende al personal suplente. Por este tema, esta mañana hubo un encuentro en el Ministerio de Salud.
Para destrabar el conflicto, los delegados propusieron que los trabajadores que aún no cobraron sus haberes, lo hagan; en segundo término solicitaron la derogación de la resolución, reconociendo la competencia de la Comisión Médica Única.
Ante esto, el secretario de Salud, Mariano Camoirano, y la directora de Atención Médica, Carina Muñoz, que recibieron a delegados gremiales en la mañana de este jueves, se comprometieron a convocar a una nueva reunión, esta vez con la presencia de representantes de aquella comisión, “para abordar la derogación definitiva de la resolución que generó el conflicto”, según se informó desde ATE a los medios.
La entidad gremial interpretó que el Ministerio “no tiene competencia sobre el control de los partes médicos, sino que por el contrario la potestad para controlar esto recae sobre la Comisión Médica Única”.
Por esto, desde el sindicato se señaló que “la resolución cambió la dinámica del procedimiento, impactando en forma directa en el bolsillo de los trabajadores”.
Se explicó que “el retraso en las actualizaciones de las suplencias, con la consecuente dilación de los plazos y términos para realizar el trámite administrativo, demora la autorización de las suplencias trayendo como consecuencia el no cobro por no poder realizar el trámite administrativo en tiempo y forma”.
En la reunión, según se informó a APF, a modo de ejemplo se citó los casos del hospital Escuela Salud Mental de Paraná y de otros efectores de Salud de la provincia, que se vieron afectados por la normativa.
Allí se sostuvo que de no modificar el sistema, se generará una mayor conflictividad en el sector, lo que como siempre terminará afectando a los trabajadores.