Reforma judicial: “hay intromisión del Poder Ejecutivo”
La Corporación de los Abogados Católicos hizo oír su voz ante los proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional a las Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, a través de los cuales se ha iniciado el denominado proceso de “democratización de la justicia”.
“Más allá de lo ambiguo del objetivo buscado, lo cierto es que varios de los proyectos significan una indebida intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, provocando un claro desequilibrio entre los poderes del Estado a favor del Poder Administrador”, advierte en un comunicado con las firmas del presidente, doctor Eduardo Sambrizzi, y del secretario, doctor Cosme María Beccar Varela.
“Si a ello se le suma la actuación de un Poder Legislativo que habitualmente aprueba sin analizar en profundidad los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo, bien puede afirmarse la posibilidad cierta de la violación del Estado de Derecho consagrado en la Constitución, al quedar en la práctica sin efecto la división de poderes que la misma consagra en defensa de los derechos de los habitantes del país”, asegura.
Texto de la declaración
La Corporación de Abogados Católicos, en cumplimiento de sus fines, quiere hacer oír su voz ante los proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional a las Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, a través de los cuales se ha iniciado el denominado proceso de “democratización de la justicia”.
Las modificaciones al Consejo de la Magistratura, al consagrar como fórmula de elección de la mayoría de sus integrantes a “el pueblo de la Nación por medio de sufragio universal”, resultan contrarias al art. 114 de la Constitución Nacional, constituyendo además varias de las disposiciones proyectadas una intromisión por parte del Poder de turno, en cuestiones que resultan del exclusivo resorte del Poder Judicial. También resulta criticable el proyecto de ley denominado de Regulación del ingreso democrático e igualitario del personal del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público, mediante el procedimiento de concurso público, cuyo contenido no respeta el Poder Ejecutivo en la designación de su propio personal. Es y debe ser el Poder Judicial quien debe disponer la forma de selección del personal que lo integra, dentro del marco fijado por la Constitución Nacional; de lo contrario, su independencia queda seriamente cercenada.
El proyecto vinculado a la Regulación de las medidas cautelares contra el Estado Nacional y sus entes descentralizados, tiende a aumentar en forma desmedida el peso del Poder Ejecutivo por sobre el derecho de los ciudadanos, en una clara discriminación contra los mismos y en directa violación del derecho a la igualdad constitucionalmente consagrado, que resulta de las importantes limitaciones propuestas al respecto cuando se acciona contra el Estado.
Qué podrá esperarse de un Poder Ejecutivo que aun con el régimen actual incumple sistemáticamente una buena parte de las condenas dictadas en su contra, como por ejemplo ocurre con las sentencias dictadas a favor de la clase pasiva, a las que se llega luego de sufrir los jubilados durante muchos años injustificadas demoras resultantes de la oposición por parte del Estado, de defensas y argumentos sólo tendientes a prolongar las actuaciones y evitar cumplir con las condenas.
De sancionarse dicho proyecto de ley, quedarán cercenadas en importante medida la justicia y el derecho.
La creación de tres Cámaras de Casación, una en el ámbito contencioso administrativo, otra en el ámbito federal y nacional laboral y de la seguridad social y la tercera en los fueros federal y nacional civil y comercial, no favorece al ciudadano común, sino por el contrario, ya que el agregado de una instancia más no puede sino significar una mayor demora que en la tramitación de los litigios.
Por lo demás, no se hace mención a los estudios realizados ó consultas efectuadas para decidir tal creación, que parece responder a una cuestión circunstancial, en lugar de al bien común.
Más allá de lo ambiguo del objetivo buscado, lo cierto es que varios de los proyectos significan una indebida intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, provocando un claro desequilibrio entre los poderes del Estado a favor del Poder Administrador.
Si a ello se le suma la actuación de un Poder Legislativo que habitualmente aprueba sin analizar en profundidad los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo, bien puede afirmarse la posibilidad cierta de la violación del Estado de Derecho consagrado en la Constitución, al quedar en la práctica sin efecto la división de Poderes que la misma consagra en defensa de los derechos de los habitantes del país.