Recorte fiscal: ¿Macri y Cía. van por profundos ajustes en universidades?

El Gobierno anunció que no habrá ingresos de personal al Estado Nacional durante 24 meses bajo ningún tipo de modalidad, pero a la vez dejó entrever confusamente que los convenios por asistencia técnica quedarían sin efecto a partir del 31 diciembre y ya no podrá utilizarse esta forma para proveerse servicios, complejizando -por ejemplo- la labor en universidades.

 

Expertos en economía y líneas editorialistas jurídicas advierten que detrás de esta decisión puede haber una “bomba” que, en caso de explotar, puede costarle millones de pesos al Estado.

 

Es que si los empleados contratados a través de las mencionadas instituciones educativas para prestar servicios en la administración pública deciden realizar un juicio por empleo no registrado y logran demostrar que existió una relación laboral encubierta, el monto de las indemnizaciones puede terminar siendo cuantioso.

 

Se estima que el 10 de diciembre de 2015, cuando asumió Mauricio Macri como presidente, había poco más de 15.000 contratados por esta modalidad.

Poco tiempo después, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, decidió llevar a cabo una primera reducción, lo que bajó ese número a 10.000.

 

En la actualidad, se estima que hay, al menos, 7.000 personas que se desempeñan en el Estado a través de estos vínculos. Hay que remarcar que no son empleados públicos sino que están contratados a través de una entidad educativa, que en los papeles figura como su empleadora.

El temor principal pasa por saber -luego de conocerse el decreto- qué pasará con esos trabajadores, ya que el Gobierno indicó que se congelará el ingreso de empleados públicos por dos años.

 

Esta clase de provisión de personal a través de una tercerización permite esquivar la ley de contratación de empleados para la administración pública y habilita a, por ejemplo, un ministerio a atender diversas tareas –por lo general de carácter temporal pero que puede llegar a durar años- como la planificación, ejecución y control de una determinada decisión política.

 

Y cada mes, la universidad le envía su factura al organismo bajo el concepto de “contratos de asistencia técnica”, luego de recibir el pago, el establecimiento educativo distribuye esos entre los empleados a través del salario.

 

Durante la administración de Cristina Kirchner, la crítica principal era que esos acuerdos fueron firmados con universidades del conurbano bonaerense -creadas durante esa misma época-, sin realizar un seguimiento de control transparente. De esta manera, se utilizaba para diversas tareas que no tenían nada que ver con el funcionamiento de la administración como el financiamiento de películas, realización de eventos eventos y stands en Tecnópolis. Esa erogación fue creciendo hasta el 2016.

 

El macrismo buscó poner un freno y, a través del decreto 336/2016, dispuso la creación de un registro donde quedaran documentados los nuevos entendimientos, en el marco de la política de revisión de contratos.

 

Allí se establece que “los convenios celebrados entre los organismos dependientes de la administración pública nacional centralizada y descentralizada y universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública, ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas cuya continuidad no haya sido expresamente solicitada hasta el 29 de febrero de 2016 por los señores ministros, secretarios de la Presidencia de la Nación o los titulares de los entes descentralizados, quedan sin efecto a partir del 1° de abril”.

 

En caso de que el convenio “implique el requerimiento de servicios personales o servicios de capacitación a prestarse por intermedio de recursos humanos de las universidades, con carácter previo a su suscripción deberá darse intervención al Ministerio de Modernización”.

 

A pesar de los cuestionamientos que se le hacían hacia afuera, el macrismo continuó utilizando ese tipo de vinculación, aunque en menor medida.

Si la oficialización de la medida es tan dura como se anunció, en los hechos significará que casi 7.000 personas deberán buscar un nuevo empleo.