Por la emergencia sanitaria, autorizan el uso de teléfonos celulares en cárceles bonaerenses
El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Necochea hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por la Defensoría General Departamental y autorizó a los presos de las cárceles de Batán y Barker a usar celulares.
El expediente detalla: “El artículo 9.5 de la ley provincial de ejecución penal (12.256) establece que las personas procesadas y condenadas alojadas en establecimientos penitenciarios gozarán del derechos a comunicación con el exterior a través de visitas periódicas y comunicaciones telefónicas en su costa.
Actualmente se encuentran suspendidas las visitas de familiares a los establecimientos penitenciarios, con la incertidumbre que ello representa para las personas que se encuentran privadas de la libertad”.
En un panorama complejo, con varios muertos en motines en prisiones de Santa Fe, esta media pretende aliviar la tensión en dos importantes cárceles de la provincia. Un delincuente detenido en Batán dijo que por el momento la cuarentena transcurre con total normalidad, y que los encontró preparados de forma autónoma para encarar el aislamiento.
“Estamos acostumbrados, en ocasiones hemos pasado meses sin visitas con reservas de alimento. Cuando empezó la pandemia, los penitenciarios no usaban ni guantes ni barbijos. Nadie se cuidó y nosotros pedimos que se suspendieran las visitas”.
La resolución judicial que permitió el uso de celulares agrega: “La suspensión del vínculo con familiares y seres queridos representa un agravamiento en las condiciones de detención que debe ser atendido por los medios conducentes, mientras dure la emergencia sanitaria. La telefonía celular resulta ser el medio idóneo para garantizar que los vínculos familiares no se interrumpan, contribuyendo, por añadidura, al mantenimiento de la paz social dentro de los establecimientos penitenciarios mientras dure la situación excepcional, por lo que corresponde habilitar su uso a las personas privadas de la libertad que se encuentren en condiciones de acceder a dicha tecnología”.
Por último, concluye, en diálogo con La Nación: “Corresponde delegar en las autoridades Servicio Penitenciario Bonaerense la reglamentación de la habilitación que se dispone para que a la mayor brevedad que las circunstancias imponen, la que deberá ser diseñada teniendo en consideración el principio republicano de razonabilidad que contemple: el acceso al uso, el control de las comunicaciones y la seguridad de los establecimientos”.
Por otro lado, La expansión del virus en la Argentina generó un importante despliegue de control de los organismos de derechos humanos e inclusive de Procuvin, la fiscalía nacional especializada en violencia institucional, que pidió informes detallados al Servicio Penitenciario Federal informes sobre las acciones concretas que se activaron.
En las cárceles federales, según un documento al que accedieron los colegas de La Nación , hay 1280 presos y presas vulnerables al virus, de los cuales 424 son mayores de sesenta años. En la Capital y la provincia de Buenos Aires hay al menos 478 detenidos en riesgo.
Esta semana, el precitado medio accedió a un documento mediante el cual la Procuración Penitenciaria de la Nación instaba a las autoridades a garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad en los penales. “Estamos trabajando con distintos colectivos que podrían encontrarse entre quienes podrían solicitar arresto domiciliario por el coronavirus: embarazadas, enfermos, mayores de 60 años. Hablamos, aproximadamente, de mil casos. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) está trabajando muchísimo y se están llevando adelante todos los protocolos”, indicaron desde la Procuración Penitenciaria a este diario.