Paros estériles e incómodos: el Pueblo cree cada vez menos en los gremialistas

Desde el nacimiento del sindicalismo en Argentina, con ideologías socialistas y anarquistas en la creación de la Sociedad Tipográfica Bonaerense en 1857 , hasta la fecha, las demandas que se iniciaron para la obtención de mejoras en la ley laboral, fueron dando lugar a gremios poderosos, dirigidos -en ciertos casos- por sindicalistas millonarios que, abarcando diversas actividades económicas no relacionadas con las defensas colectivas, traspasan el poder a familiares y amigos, para poder continuar presionando a los gobiernos de turno. ¿La huelga general representa efectivamente a los trabajadores? ¿No será que divide?

 

El 7 y 8 de enero de 1936, la CGT Catamarca y la CGT Independencia, realizaron el primer paro general del siglo, por 48 horas al entonces presidente Agustín P. Justo. El motivo del reclamo sindical fue por apoyo a los trabajadores de la construcción y en repudio a la represión del Gobierno.

 

En la época del primer paro, el derecho a huelga no era parte de ningún derecho constitucional.

La inclusión del derecho de huelga se realizó en la reforma constitucional de 1957 y fue ratificada en la Convención Constituyente de 1994, considerando que la reforma constitucional del 57 había sido realizada por una Convención Constituyente convocada en oportunidad de una dictadura militar.

 

En la ratificación de 1994, quedó determinado que el Articulo 14 Bis tendría el siguiente texto:

“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.

 

Existen tres motivos como justificación de una huelga:

 

-Huelga laboral: es la que tiene lugar por causas derivadas de la propia relación de trabajo.

-Huelga extra-laboral: es la que se lleva a cabo por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados.

-Huelga de solidaridad o simpatía: los trabajadores defienden un interés ajeno a su relación contractual, actuando, sin embargo, en apoyo de otros trabajadores en conflicto, con los que se solidarizan.

 

Según el comportamiento que se lleve a cabo durante la huelga:

 

-Huelga turnante o rotatoria: es la que realizan de modo sucesivo en las distintas unidades productivas de una empresa o centro de trabajo, o sectores de la actividad económica en un ámbito geográfico determinado, alterándose sucesivamente en la cesación, en el trabajo, con la finalidad de afectar a la coordinación de la producción.

-Huelga estratégica, tapón o trombosis: es aquella que afecta tan solo de modo directo a la actividad productiva básica de la empresa, o a los sectores estratégicos del sistema económico, pero que comunica sus efectos en cadena a los demás ámbitos, consiguiendo la paralización de todo el proceso productivo.

-Huelga de celo o reglamento: consiste en una ejecución minuciosa y reglamentaria del trabajo, con el consiguiente retraso.

-Huelga intermitente: es aquella en la que se alterna momento de normalidad laboral y de cesación del trabajo. Posee una tipología bastante variada: alternancia de horas de trabajo y huelga a lo largo del día, de días de trabajo y huelga a lo largo de la semana o períodos más amplios.

-Huelga de brazos caídos: o huelga a pie de fábrica, en la que los trabajadores no abandonan las instalaciones de la empresa, sino que se establecen turnos de relevo para ocuparla permanentemente.

-Huelga escalonada: es aquella en que las actividades productivas son paralizadas progresivamente, unas después de otras.

-Huelga general: la que se plantea simultáneamente en todos los oficios de una o varias localidades.

 

Desde 1936, hasta el día de la fecha, las organizaciones sindicales argentinas, realizaron 72 huelgas (parciales o generales) contra 21 presidentes argentinos -democráticos y militares- en que se adujeron los más diversos motivos, aún contrariando la legislación vigente en la época, como factor fundamental para la realización de los reclamos.

 

Los presidentes que más sufrieron la realización de las huelgas generales, fueron:

 

Raúl Alfonsín: 13

Fernando de la Rúa: 10

Carlos Saúl Menem: 9

Arturo Frondizi: 5

Arturo Umberto Illia: 5

Cristina Fernández de Kirchner: 5

Mauricio Macri: 4 (con la de hoy)

Reynaldo Bignone: 3

Alejandro Agustín Lanusse: 3

Eduardo Duhalde: 2

Isabel Perón: 2

Juan Carlos Onganía: 2

Néstor Kirchner: 1

Leopoldo Fortunato Galtieri: 1

Roberto Eduardo Viola: 1

Jorge Rafael Videla: 1

Roberto Levingsnton: 1

José María Guido: 1

Pedro Eugenio Aramburu: 1

Edelmiro Farrell: 1

Agustín Pedro Justo: 1

 

En 54 oportunidades, (o sea en el 75% de los casos) el motivo de la protesta fue de “rechazo” o “repudio” a algo.

En 45 oportunidades de estas 54 huelgas, el rechazo fue hacia la política económica y social del país (o sea el 60% del total de las huelgas, tuvieron este motivo).

 

Es importante mencionar que en ningún caso y en ninguno de los gobiernos, la huelga generó el cambio de ninguna política económica.

Según la encuestadora Dalessio Irol–Berensztein, el 53% de los argentinos está en contra del paro general.

 

¿Cómo es posible entonces que el paro lo organice una minoría?

La respuesta es simple: el paro general en la actualidad, bajo la concepción del ciudadano común, ya no tiene como objetivo defender los derechos de ningún trabajador.

 

El paro en Argentina parece haberse transformado en una herramienta de presión contra el gobierno, para demostrar poder ante eventuales procesos judiciales en los que dicho Gobierno, en teoría, no debería tener ninguna injerencia.

El sistema sindical argentino se tornó un bumerang por si solo, ya que el Gobierno reparte recursos públicos a los sindicatos, que utilizan esos recursos contra el propio gobierno, generando la medida un caos en las ciudades y evitando que quien quiera trabajar pueda hacerlo de modo conveniente.

 

Esta imposibilidad se debe a que el actor principal del reclamo es el segmento del transporte o porque entidades sociales, de personas que no trabajan, apoyan a los organizadores del paro, que pagan micros que estacionan en cualquier lado, que suelen repartir dinero para militantes que cobran planes, y que llega al absurdo en que líderes sociales, aprovechen su tiempo libre en el medio del paro, para ir a canales, radios en pos de dar notas periodísticas altisonantes, o hasta para tomar café en oficinas gubernamentales o en empresas capitalistas a los que ellos, combaten con fervor.

 

Por la dificultad de movilizarse, el trabajador que no está de acuerdo con el paro general, no tiene como ir a trabajar y de esta forma, los organizadores se jactan de una efectividad del paro con porcentajes que no representan la realidad social y menos aún, cuando se incluye el acatamiento en las ciudades del interior.

 

Orilla lo sub-real que el centro de la ciudad de Buenos Aires se haya transformado en un lugar para organizar reclamos que no representan a la mayoría, donde se reivindican mejoras laborales de quien no tiene trabajo, (y en ciertos casos no quiere trabajar), con recursos del propio Estado a quien le es realizada la protesta.

 

Por algún motivo difícil de entender para gran parte de la población, el gobierno observa el reclamo con una pasividad que no condice con el pedido de la gente de respetar el derecho constitucional del libre tránsito por el territorio nacional y cuando actúa ese gobierno se lo tilda de represor.

En definitiva, perdemos todos: Gobierno y trabajadores. Los únicos que ganan son algunos manifestantes mediante el reparto del dinero para ir a reclamar lo que representan y como siempre, los sindicatos, los gremios, que a simple vista (aunque existan -sin duda- excepciones dignísimas…) tienen reconocidos referentes con realidades económicas particulares, en las antípodas del sacrificado laburante argentino que representan.